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Duro año para la justicia de paz

  • Un año después de que los magistrados de la JEP iniciaran labores, 11.661 personas buscan someterse. FOTO Cortesía JEP
    Un año después de que los magistrados de la JEP iniciaran labores, 11.661 personas buscan someterse. FOTO Cortesía JEP
Por OLGA PATRICIA RENDÓN M. | Publicado el 17 de enero de 2019
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Duro año para la justicia de paz
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informes de entidades del Estado y organizaciones ha recibido la JEP.

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Nadie pensó que fuera fácil iniciar un modelo de justicia transicional nuevo en el mundo, eso es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un híbrido de experiencias exitosas en materia de justicia que le han dado solución a conflictos armados del mundo, que se complementa con las normativas internacionales ratificadas por Colombia -como el Estatuto de Roma- pero hechas a la colombiana.

Durante 2018 se vivió una etapa de tire y afloje, entre el Acuerdo y el Congreso, entre el Legislativo y la Corte Constitucional, entre la JEP y la Fiscalía, y entre los comparecientes y la Jurisdicción. Las reglas no estaban claras porque apenas se escribían, se debatían, se votaban y sancionaban y las cosas se están ajustando sobre la marcha.

Aún así en el segundo semestre del año abrieron cinco casos para las investigaciones de algunos de los hechos más graves ocurridos durante el conflicto armado (ver Gráfico). Para la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, esto es un récord histórico, ya que, por ejemplo, la Corte Penal Internacional tardó 10 años para tener su primera condena.

De acuerdo con esa jurisdicción, todos estos avances se han materializado escuchando las voces de las víctimas, quienes históricamente han sido excluidas, y fortaleciendo las relaciones con las organizaciones sociales y los entes territoriales, hasta ahora, en 19 zonas del país.

A estas alturas la JEP ya tiene con qué trabajar, en próximos días el presidente Iván Duque sancionará la ley estatutaria que reglamenta su funcionamiento y solo quedaría pendiente la revisión de constitucionalidad de la ley de procedimiento (funcionamiento). Además, ya cuenta con el Reglamento Interno y una Ley de Amnistía e Indulto.

Con ese marco normativo queda claro que ante la JEP pueden comparecer los exmiembros de las Farc, los miembros de la Fuerza Pública, los agentes del Estado que no pertenezcan a las fuerzas y los terceros civiles que quieran hacerlo de manera voluntaria.

Dudas y cuestionamientos

Sin embargo, algunos vacíos en las leyes han hecho que la Jurisdicción pase por escándalos que han hecho mella en su credibilidad.

Por ejemplo, cuando el 9 de abril fue capturado Seuxis Paucis Hernández, conocido como Jesús Santrich, con fines de extradición por supuestamente haber enviado 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, nadie sabía cómo debía actuar la justicia.

Lo aprobado hasta el momento decía que la JEP debía definir si el delito fue cometido antes o después del 1° de diciembre de 2016, para saber si es competencia suya o de la justicia ordinaria, pero no se sabía cómo hacerlo. Aún hoy el exguerrillero espera una decisión en el pabellón de los extraditables de la Picota.

Pero aunque este es el primer exguerrillero pedido en extradición desde que se firmó el Acuerdo de Paz, otras tres personas están en su misma situación. Se trata de Luis Eduardo Carvajal, alias “Rambo”, Diego Alberto González Castillo y José Geidín Castro Chillambo, todos solicitados en extradición por delitos cometidos supuestamente después del 1° de diciembre de 2016.

El otro caso es el de Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, quien no compareció cuando fue llamado en la apertura del caso de secuestro, ni envió informe sobre su reincorporación. A él le abrieron un incidente de verificación de cumplimiento del régimen de condicionalidad pero, a punta de recursos, la decisión se ha ido dilatando y aún no ha sido aclarada su situación dentro de la Jurisdicción.

Todo esto está enmarcado, dijo Linares, en el debido proceso de cada uno de los comparecientes a la JEP, porque en cada paso la defensa, la Procuraduría, los representantes de las víctimas e incluso el Estado pueden interponer recursos que, mientras se resuelven, congelan los términos.

“Todos los procesos se realizan con pleno acogimiento a la Constitución y la Ley”, explicó Linares.

Ese acatamiento a la norma es el que hace que el avance sea lento y que de la verdad se haya oído poco, porque todos los casos inician con diligencias de trámite en las que los comparecientes se acogen al régimen de condicionalidad. Más adelante serán las audiencias para escuchar sus versiones y testimonios, cosa que aún no ha ocurrido.

Sin embargo, la magistrada Xiomara Balanta, vicepresidenta de la JEP, destacó que hasta el momento se han escuchado 46 versiones de miembros de la Fuerza Pública acerca de los hechos que ocurrieron durante la guerra.

Las víctimas en el centro

Hasta el momento los afectados por el conflicto no han recibido ni verdad, ni justicia, ni garantías de no repetición. Con miras a 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz quiere enfocar sus esfuerzos en hacer de las víctimas el centro de su trabajo.

“Somos una Jurisdicción de Paz, no de venganza. Nuestro cometido es la verdad plena como presupuesto necesario para la reparación integral de casi 9 millones de víctimas y el aporte a la superación de las causas estructurales de la guerra”, dijo ayer Linares cuando se conmemoraba un año del inicio de la Jurisdicción.

Y esto fue algo que celebró María Camila Moreno, directora de la Oficina del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia: “Hoy las víctimas del conflicto pueden ser protagonistas en la JEP desde el inicio de las etapas procesales, porque ya cuenta con una base normativa y jurídica sólida que las tiene en el centro”.

Este asunto genera grandes expectativas entre las organizaciones de víctimas, que han entregado informes que dan cuenta de lo que ocurrió en el conflicto. Estas organizaciones han documentado todo tipo de hechos victimizantes en el país, donde todos los actores legales e ilegales han tenido responsabilidad.

“Magistrados, ustedes tienen la gran responsabilidad de saber qué pasó en mi pueblo. Queremos saber quiénes son los responsables de lo que nos sucedió”, expresó Marino Córdoba, presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados.

En ese mismo sentido se pronunció Olga Esperanza Rojas, presidenta de la Asociación Colombiana de Víctimas de Desaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes (Acomides), quien entregó hace pocas semanas un informe sobre miembros de la Fuerza Pública desaparecidos durante el conflicto, especialmente aquellos que fueron secuestrados por las Farc y nunca más volvieron a aparecer, con la confianza de que se haga justicia.

La participación de las víctimas en todos los procesos de la JEP debe ser garantizada y para ello la Procuraduría General de la Nación cumple un papel fundamental. Por eso el procurador Fernando Carrillo reiteró su compromiso, y el de su institución, para ejercer como representante de las víctimas, “no es momento de desfallecer en la construcción de un país en paz con verdad, justicia, reparación y no repetición”, anotó.

Así las cosas, el 2019 es un año clave en la consolidación de la Jurisdicción que espera llevar reconciliación a un país desgastado por la guerra y que busca equilibrar esa compleja ecuación del máximo de justicia que permita la paz, con la variable de la verdad rondando por todos los rincones en busca de la satisfacción de las víctimas.

Contexto de la Noticia

radiografía Lo que no se implementa

Juan Carlos Henao, uno de los más prestigiosos juristas del país, quien estuvo en La Habana asesorando a la mesa de diálogos en el punto de víctimas (que incluye a la JEP), celebró que durante este año se haya puesto en marcha la justicia para la paz, pero cuestionó el poco avance en los otros puntos del Acuerdo, que no involucran directamente a los excombatientes de las Farc sino a una sociedad que vive en medio de gigantescas inequidadades: “¿Qué ha ocurrido con el sistema de información catastral multipropósito para los terrenos rurales?, ¿con las circunscripciones de paz?, ¿con la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos?, ¿con el pacto político nacional que conlleva al compromiso del Estado de hacer presencia en las zonas que han ocupado los violentos?, ¿qué sigue pasando con los pequeños cultivadores de coca?

Hemos incumplido totalmente o hemos cumplido superficialmente”.

Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.

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