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Ante un juez de conocimiento en Bogotá, la Fiscalía acusó al exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Luis Fernando Sáchica Méndez, por su supuesta responsabilidad en la entrega irregular de varias estaciones de servicio incautadas a la mafia y que estaban en poder de la DNE.
Sáchica, hermano de la actual magistrada de la Corte Constitucional Martha Sáchica, fue señalado por los delitos de peculado, prevaricato, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento.
Las presuntas irregularidades en las que habría incurrido Sáchica están relacionadas con la entrega de varias estaciones de servicio (gasolina) de la familia Alvarado (Gerardo Antonio Alvarado y Carlos Alvarado), empresarios del Tolima.
Según Alejandro Carranza, abogado representante de las víctimas (Alvarado), los cuestionamientos contra Sáchica están sustentados en la firma que él dio en enero de 2010 sobre un acta en la que entrega las 11 bombas de gasolina, “aún sin existir en contra de esos bienes alguna acción penal”, dice el abogado Carranza.
Esta es, precisamente, una de las dudas que los abogados de la familia Alvarado tienen, pues no entienden cómo, de manera “inexplicable”, tres meses después de que Sáchica suscribiera la referida acta, apareció un proceso penal contra la familia Alvarado.
“El señor Luis Fernando Sáchica de manera premonitoria supo el 10 de enero de 2010 lo que iba a pasar tres meses más tarde en la Fiscalía (23 de marzo)”, cuestiona Carranza, quien de paso reprocha el proceder de los fiscales de Extinción de Dominio Yolanda Sepúlveda y Ricardo Bustamante, quienes ordenaron la captura de alrededor de 20 empresarios tolimenses y la incautación de todos sus bienes, para quedar en manos de Luis Fernando Sáchica.
Según el abogado de las víctimas, los operativos contra los bienes de los empresarios de Ibagué los originaron testimonios entregados por el exguerrillero de las Farc “Olivo Saldaña”, recordado por sus testimonios en la desmovilización del “bloque Cacica Gaitana”, de ese grupo subversivo. Según “Saldaña”, estos empresarios eran auxiliadores de la guerrilla.
“El peculado que se cometió y el perjuicio económico con la familia Alvarado podría calcularse en cerca de 650 millones de pesos mensuales durante 17 meses”, dice Carranza, quien añade que todo el proceso que rodea los “falsos testimonios” contra los empresarios del Huila y el Tolima es millonario y están dirigidas contra el Estado.