Agente del CTI a pagar por chuzadas al magistrado Iván Velásquez

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Colprensa | Publicado el 11 de septiembre de 2017

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a diez años y seis meses de prisión impuesta al agente del CTI de la Fiscalía Aldo Francisco Pérez, por participar en las ‘chuzadas’ ilegales al entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez Gómez.

La Corte no admitió una demanda de casación con la cual la defensa de Pérez Yosa pretendía revocar la condena impuesta en su contra en el 2013 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá, a once años por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público agravada y concierto para delinquir, luego confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá salvo por el delito de violación ilícita de comunicaciones por prescripción, por lo que redujo la pena en seis meses.

Pérez Yosa fue condenado por haber permitido las chuzadas ilegales a Velásquez pues fue quien, en primer lugar, alteró en julio de 2009 una entrevista a una víctima de extorsión para incluir el teléfono de Velásquez y de la entonces directora de investigaciones de la Procuraduría Alexandra Valencia, en su denuncia.

Esto permitió que sus números fueron interceptados por las autoridades durante la investigación del caso de extorsión, que luego terminó al evidenciarse que esos dos números no tenían relación alguna con el proceso.

No obstante, el agente Pérez Yosa obtuvo los audios de esa interceptación y luego volvió a incluir el celular de Vélasquez en una investigación que se adelantaba por secuestro, lo que permitió que por segunda ocasión se interceptara sus comunicaciones, todo esto, a cambio de una cifra de dinero.

La Corte Suprema señaló que la demanda de casación no cumplía con los requisitos mínimos para ser estudiada pero que, en todo caso, no “no evidencia de manera objetiva la configuración de vicios determinantes de la nulidad total o parcial de lo actuado, o de errores de valoración probatoria que dejen sin sustento la declaración de justicia expresada en el fallo de segunda instancia”.

En se sentido, la Corte destacó que no es cierto que la juez que llevó el caso haya actuado con soberbia ni falta de diligencia como argumentaba la defensa del agente pues, al contrario, si hubo aplazamientos de las audiencias fue mayoritariamente por cuenta de los defensores de los procesados

“Luego de examinar los registros de audio y video contentivos del debate probatorio, la Sala concluye que la queja acerca del proceder que endilga a la juzgadora, no solo carece de fundamento serio, sino que está sustentada, en esencia, en la subjetividad y susceptibilidad extrema del actor”, dijo la Corte.

La Corte igualmente no encontró que los juzgadores hayan cometido errores a la hora de valorar los testimonios en el proceso que acreditan que sí fue Pérez Yosa quien alteró la entrevista en el caso de extorsión para incluir el número de Vélasquez.

“La Sala no advierte situación alguna que legalmente la habilite para superar los defectos de los reproches con el fin de decidir de fondo, ni observa violación alguna de las garantías fundamentales del enjuiciado Aldo Francisco Pérez Yosa con ocasión del procedimiento cumplido o en el fallo impugnado, como para que sea necesario el ejercicio de la facultad oficiosa que le asiste a fin de asegurar su protección”, aseguró la Corte.

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