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La Fiscalía General de la Nación capturó al alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, cinco funcionarios públicos y cuatro particulares, por presuntas irregularidades en la contratación de cupos escolares en la ciudad.
Según las Fiscalía, en 2012 la Alcaldía de Buenaventura presentó un estudio, donde decía que aproximadamente 48 mil niños no tenían cupos educativos. Debido a esto, el Ministerio de Educación autorizó 21 mil cupos y la Secretaria de Educación contrató cerca de 90 operadores bajo la modalidad de contratación directa, para que prestarán el servicio de educación en la ciudad.
El vicefiscal General de la Nación, Jorge Perdomo, dijo que “la Fiscalía recibió varias denuncias e investigó seis de los 97 contratos que tenían un valor de $3.070 millones, que iban a contribuir a la educación de cerca de cuatro mil niños”.
Al revisar los documentos, la Fiscalía encontró que según lo pactado en los contratos, la educación de cada niño costaba un millón de pesos, sin embargo, los operadores subcontrataron a $500 mil por cada estudiante. Además, los menores aparecían en varías listas repetidamente y, en algunos casos, eran niños fantasmas, que no existían.
Según el Vicefiscal, el Alcalde habría dado viabilidad a los contratistas que no cumplían con los requisitos legales, pues para hacer este tipo de contratación se necesita que la empresa licitadora llevé tres años en funcionamiento y en este caso las seis empresas investigadas no cumplían con dicho requisito.
Jorge perdomo señaló que las empresas investigadas son: Fundación Perla, Fundación Etnoeducativa del Pacífico, Fundación Cooperativa del Pacífico, Corporación Mujer del Pacífico Defendiendo la Pobreza, Corporación Héroes del Saber y la Corporación Gimnasio Cooperativo del Pacífico.
En las próximas horas, ante un juez de control de garantías, la Fiscalía les imputará los delitos de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Además, el vicefiscal anunció nuevas investigaciones a los otros operadores involucrados en estos contratos.
Entre los involucrados se encuentra el secretario de Salud y Sanidad Ambiental, Yasser Valencia Saab, y un exasesor jurídico.