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La decisión tomada el pasado jueves por el procurador Fernando Carrillo de reabrir una investigación por supuestas extorsiones a contratistas interesados en participar en el contrato de Ruta del Sol, en el caso Odebrecht, fue celebrada por el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien pidió que “con las nuevas pruebas que hoy tiene en su poder devele de una vez por toda la corrupción”.
Las enunciadas que fueron radicadas ante la entidad el 11 de noviembre de 2010 por el representante de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, durante la administración de Ordóñez, pero la indagación no avanzó y fue archivada.
Ante las críticas de algunos sectores políticos que han reprochado al exprocurador por no haberse percatado de lo que estaba ocurriendo con la constructora brasileña, Ordóñez afirmó que no es cierto que en su administración no se investigaron las denuncias por los sobornos de Odebrecht, y que sin en ese entonces hubiera tenido el 10 % de las pruebas que hoy se conocen, ya hubiera sancionado a los servidores involucrados.
Ordóñez recordó que en 2010 la Procuraduría recibió en Panamá un testimonio de Miguel Nule sobre presuntos sobornos de Odebrecht a algunos funcionarios del Inco y del Ministerio de Transportes para quedarse con la Ruta del Sol.
Reconoció que sí hubo un conflicto de competencias para dirimir qué Procuraduría Delegada debía adelantar dicha actuación disciplinaria, pero la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa fue encargada y recaudó las piezas documentales y testimoniales pertinentes de las personas claves en estas entidades, pero todos dijeron no conocer sobre algún tipo de presión, dádiva, prebenda o soborno.
“Es más, estos testigos manifestaron que el Banco Mundial había participado en la estructuración del contrato y, además, había evaluado las propuestas para seleccionar a Odebrecht”, precisó Ordóñez.
A esta nueva etapa de la investigación fueron vinculados al proceso Daniel García Arizabaleta, ex director del Invias; Gabriel García Morales, viceministro de Transporte y gerente (e) del Inco; Juan Manuel Barraza, director de la Comisión Nacional de Regalías, y Miguel Peñalosa, alto consejero para las regiones.
La Procuraduría encontró que en el trámite de esta queja de la Red de Veedurías (2010) tuvo más importancia el debate sobre sobre quién debía ser el competente para llevar el proceso, dejando de lado esfuerzos institucionales para llegar a la verdad.