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En Colombia se han entregado a particulares 368.803 hectáreas de baldíos de forma irregular. Esa es la conclusión a la que llegaron investigadores de la Universidad Nacional de Colombia en un estudio publicado a finales de septiembre pasado.
El documento estableció que mediante una sofisticada estrategia judicial algunas personas se apropiaron de estas tierras de la Nación.
¿Cómo funcionaba?
Para acceder a un baldío, que no es más que la tierra que le pertenece al Estado colombiano, por vía regular existe la adjudicación administrativa. Este es un trámite, explica Diana Isabel Guiza Gómez, del grupo de investigadores de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, donde una persona se acerca a la Agencia Nacional de Tierras a solicitar que se le entregue formalmente un predio que se considera baldío.
Para ello, el particular debe cumplir dos exigencias:
La primera es que sea un sujeto de reforma agraria, es decir que quien este pidiendo esa tierra no tenga propiedad de otro predio en área rural y que su patrimonio no alcance unos topes específicos que dicta la ley.
Lo segundo es que el terreno que esté pidiendo no supere unos topes de extensión que son las llamadas Unidades Agrícolas Familiares. Dichas unidades varían según los territorios de acuerdo al mercado de tierras.
La investigación estableció que hay particulares que se quedaron y se están quedando con esas tierras por otra vía distinta, la prescripción adquisitiva de dominio. Esta es una estrategia que implica presentarse ante un juez y convencerlo de que el terreno pedido no es un predio público, sino que pertenece a un particular que lo abandonó.
La investigadora lo explica de esta forma: “supongamos que tu tienes una finca, y tu eres el dueño de esa finca porque tienes la escritura pública y el folio de matrícula inmobiliaria. Pero resulta que tú te desentendiste de esa finca y yo llegué a explotarla por un tiempo mínimo de entre 5 y 10 años. Yo puedo ir ante un juez a través de la prescripción de dominio y pedirle que me convierta en dueña legal de esa tierra porque el dueño abandonó el predio. El problema es que este tipo de proceso opera solo entre particulares, no opera cuando el dueño del predio es el Estado, que es lo que ocurre con los baldíos”.
El uso de este trámite para apropiarse de esas tierras de la Nación es un proceso judicial sofisticado, señala la investigadora, ya que “generalmente la apropiación de baldíos en Colombia ocurre más de hecho, de la persona que llega y se adueña corriendo la cerca”.
El estudio establece que particulares utilizaron esa vía para adjudicarse predios del Estado en 28 de los 32 departamentos de Colombia. Solo en tres sitios, Boyacá, Córdoba y Casanare, se entregaron de esta forma más de 200 mil hectáreas del la Nación.
La investigación, que estudió el periodo de tiempo que va de 1991 hasta 2015, señaló, además, que entre 2007 y 2014 se presentó el mayor número de hectáreas de baldíos entregados de esta forma.
El papel de los jueces
Gracias a que la estrategia consistía en convencer a un juez de que un predio no era baldío sino privado, los investigadores enfocaron parte de su estudio en ellos. “No es posible determinar que hubo una planeación sistemática desde Bogotá o algo parecido, porque los jueces en Colombia están en todo el país y manejan independencia”, señala Guiza Gómez.
Sin embargo, el estudio investigó 253 sentencias judiciales donde se aprobó la entrega de baldíos a particulares por vía irregular y estableció que en esos casos los jueces sí tenían bastantes evidencias para concluir que se trataba de un baldío o que había dudas de que fuera de un particular. “Y si el juez se dio cuenta de eso, ¿entonces por qué siguió el proceso?, ¿Por qué no pararon ese proceso de prescripción y lo mandaron al Incoder para ver qué era lo que estaba pasando?”, se preguntan los investigadores.
Además, la investigación encontró que en departamentos como en Córdoba y Boyacá, hay unos juzgados específicos que concentran la mayor cantidad de procesos.
¿Quiénes se quedaron con esa tierra?
Los investigadores de la Universidad Nacional confirmaron que “en algunos casos estudiados era evidente que había personas muy cercanas a políticos nacionales, que se estaban beneficiando de esta manera, o que según rastreo habían tenido relación con otros escándalos en casos de tierras. No parecen entonces casos de personas aisladas sin ningún poder económico o político”.
Sin embargo, por temas de seguridad el estudio que se hizo público se abstiene de dar esos nombres. “La investigación completa fue entregada a las autoridades competentes para que el Estado verifique si el que se quedó con esa tierra era un campesino pobre. Si no es así, debe recuperarla, quitársela a los particulares que se apropiaron de forma indebida y alimentar el Fondo de Tierras”.
Fondo de Tierras
En Colombia, según cifras del Ministerio de Agricultura, mientras 1.896.125 personas se reparten 205.495 hectáreas, existen 607 propietarios que son dueños de más de 43 millones de hectáreas.
Para combatir esa desigualdad en la distribución, el Acuerdo de Paz que el Gobierno Nacional firmó con las Farc en el 2016 estableció en su punto 1, Reforma Rural, la creación de un Fondo de Tierras de tres millones de hectáreas para repartir entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.
“Ese fondo tiene una meta de hectáreas especificas para formalizar y otras para distribuir. ¿Y el Estado de donde va a sacar esa tierra? Se han hecho estudios sobre eso y algunos han concluido que no hay tierras suficientes. Lo que muestra esta investigación es que sí hay tierras suficientes pero están en manos de quien no debería tenerlas”, concluye Diana Isabel Guiza.