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Así se hace el lobby (legalmente) en Colombia
Existe una figura de cabildeo y hablamos con el único que ejerce esta tarea en Medellín.
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El Congreso suele ser el escenario en donde se presenta el lobby, que ha sido también el punto de partida de varios escándalos de corrupción. FOTO COLPRENSA -
Muestra del documento de Julio, que lo registra como cabildero ante la Cámara. FOTO CORTESÍA -
El cabildeo es usual pero no tiene una regulación absoluta en Colombia. FOTO COLPRENSA -
El caso de Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, ha sido uno de los más representativos del lobby amparando presuntos actos de corrupción. FOTO COLPRENSA
29 de octubre de 2018
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En los últimos dos años, grandes escándalos de corrupción como Odebrecht han tenido como protagonistas a intermediarios entre empresarios y Gobierno, que han servido de puente para enriquecer a los involucrados a costa de los bolsillos del Estado. Por lo general se trata de congresistas en ejercicio, retirados o personas con relaciones políticas de “alto nivel”.
Aparecen entonces los nombres de Bernardo “Ñoño” Elías u Otto Bula, Eduardo Zambrano o Roberto Prieto, a quienes la Fiscalía los acusa de presuntamente haberse enriquecido al construir puentes lucrativos y poco transparente ente el Gobierno y grandes compañías.
Sin embargo, en las sombras de esa gran ola en la que se convirtió la corrupción existen personas que se dedican a tender esos puentes de forma legal. Su oficio está consagrado en una resolución olvidada en la Cámara de Representantes, es el único salvavidas que los mantiene a flote.
Uno de ellos es Julio César Leal Duque, de cuna en Manizales, pero arraigo en Medellín. Se precia de ser el único cabildero registrado en la ciudad, aunque tal distinción tenga un sabor agridulce que él mismo reconoce “ante la mala reputación” de su oficio.
“El lobby sí es legal en Colombia -insiste a lo largo de la conversación-, está regulado por la Cámara de Representantes”, comenta, “lo que sucede es que ese intermediario debe surtir un proceso ante los congresistas para poner en conocimiento los intereses de determinado grupo para proponer leyes o modificaciones”.
Esa es la función de los denominados lobistas: buscar que los sectores que representan no se vean afectados por el contenido de las leyes que se tramitan en el Congreso, en especial, si se trata de asuntos tributarios. No solo sucede en Colombia, en otros países es legal, hay registro y es un trabajo bien remunerado. Por ejemplo, en Estados Unidos.
Julio tiene una empresa que realiza asesorías en temas tributarios y aduaneros. Dice que el cabildeo está en peligro de extinción. Vive en Medellín y no en Bogotá, porque los congresistas solo trabajan un par de días a la semana y, asegura, “para eso existen los aviones”.
Al indagarle por la diferencia entre lo que él hace en comparación con los nombrados en escándalos de corrupción, enfatiza en que primero se debe estudiar con seriedad qué se pretende modificar, porque, aunque admite que su labor busca beneficiar a grupos económicos, “las leyes no se pueden ajustar para afectar al resto de la comunidad. Deben ser razonables”.
Muestra del documento de Julio, que lo registra como cabildero ante la Cámara. FOTO CORTESÍA
¿Dónde existe?
Le sorprende que funcionarios y congresistas hablen de regular el cabildeo como un descubrimiento. De hecho, el pasado 14 de septiembre, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, presentó ante la Mesa Técnica Anticorrupción un proyecto de ley que consiste justamente en crear un Registro Público de Cabilderos.
El 20 de ese mismo mes, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, recalcó que el proyecto para regularlo “se ha presentado antes, pero siempre ha fracasado” y resaltó la voluntad interpartidista de sacarlo adelante.
El cabildeo que ejerce Julio y otro puñado de personas más existe desde agosto de 2011, cuando la Cámara de Representantes dejó en firme la resolución 2348 con la que se creó el Registro Público. Este documento indica las disposiciones para crear un registro de personas habilitadas para interlocutar ante los representantes por los intereses de algún sector.
Con la firma del entonces presidente de la corporación, Simón Gaviria, se puso en marcha el mecanismo con el que se generó la lista -disponible en la página web de la Cámara- y a quienes se les dio un documento con la designación.
Según la resolución, la lista se deberá renovar en cada legislatura. Para el cuatrenio 2010-2014, terminaron registrándose 152 cabilderos (la mayoría representantes de gremios y firmas de abogados), entre 2014-2018 la lista se redujo a 24 nombres.
Aunque Julio César está seguro que es por culpa de quienes arreglan por debajo de cuerda que se ha reducido esta labor, pero, para Jaime Alberto Carrión, politólogo y experto en temas políticos de la U. de Medellín, el tema pasa por el escaso alcance de la norma.
“Esa identificación funcionaría para facilitar el acceso a la corporación y para regular quién entra o sale, pero no contribuye a que el cabildeo tenga una regulación que permita como sociedad medir sus alcances, establecer qué función tendría y qué provecho puede sacar de esta actividad”.
En lo mismo coincide el constitucionalista Juan Manuel Charry: “Mientras tenga vigencia, esa resolución es vinculante, pero solo para la Cámara y no tiene peso de ley, porque son órganos autónomos con el Senado”.
En ese sentido, el proyecto de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tiene más dientes. Pone el Registro de Cabilderos a ser administrado por la Procuraduría General y les da derechos y deberes. También les otorga un rango más amplio. Además del Congreso, aplicará para la Presidencia, gobernaciones y alcaldías.
Al respecto, Charry explicó que de crearse una ley superior, la resolución de la que hablamos quedaría sin piso.
Al consultar a la Secretaría General de la Cámara de Representantes, hoy en encabeza de Jorge Humberto Mantilla, le comunicaron a EL COLOMBIANO que esta norma continúa vigente. No obstante, solo aplica en Cámara y no en Senado, en donde no existe regulación.
El cabildeo es usual pero no tiene una regulación absoluta en Colombia. FOTO COLPRENSA
Donde inicia la corrupción
Según la acusación de la Fiscalía contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014, él habría intercedido entre la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la concesionaria Yuma, para que se aprobara la adición del contrato para construir el Puente Plato en Magdalena, como parte de la Ruta del Sol III.
En el contrato quedó especificado que de necesitar un puente adicional, el contratista original, Yuma, no podría hacerlo y debía subcontratar.
Es en ese punto en el que la acusación se dirige a Prieto. El ente acusador cree que había presuntamente intercedido ante la ANI para generar un otrosí para que la obra no fuera subcontratada. A cambio pidió que los diseños fueran entregados a la empresa de Eduardo Zambrano que, usando un intermediario, le habría pagado 650 millones de pesos a Prieto.
Tal red de corrupción es la que hace creer a Julio César que “se ha vuelto imposible trabajar en ese campo”. ¿Qué habría hecho él? Aclara que sus honorarios se fijan desde antes de iniciar el proceso y que las gestiones son públicas. “El cabildero legal lo que debe hacer es radicar ante el congresista que pueda hacer modificación, los intereses de la compañía y las reuniones se deben hacer dentro del propio Capitolio. Con transparencia”.
El problema, recalca, es de ambición, pues para un exfuncionario resulta muy lucrativo seguir devengando como intermediario.
Esta es la otra cara de la moneda. Por ejemplo, mientras EL COLOMBIANO dialogaba con este economista de 45 años, la Fiscalía anunció que denunció ante la Corte Suprema a tres excongresistas, Jorge Gechem Turbay, Argenis Velásquez y Humphrey Roa, por presuntamente “cazar contratos” de los millonarios recursos para el posconflicto. Se habrían aprovechado de su condición política y buenas relaciones para enriquecerse con el presupuesto público.
El caso de Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, ha sido uno de los más representativos del lobby amparando presuntos actos de corrupción. FOTO COLPRENSA
Las buenas relaciones
A falta de una reglamentación íntegra, más allá de la resolución que expidió la Cámara de Representantes, en Colombia los grandes sectores económicos y gremios suelen utilizar intermediarios en sus relaciones con el Estado, sin que sea delito o necesariamente terminen convertidos en escándalos de corrupción.
No son pocos quienes han integrado agremiaciones y colectivos, que luego han ocupado puestos en el Gobierno y viceversa.
El ejemplo más visible es el del ministro de Defensa, Guillermo Botero, que fue el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) desde 2003.
También hay otros visibles. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ostentaba desde 2014 la posición de presidenta de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil) y el ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, desde 2013 y hasta su designación en el actual Gobierno fue presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores, Fenavi.
El mismo tránsito se presenta a la inversa. Los ejemplos más sonoros son los de Jorge Enrique Vélez, que pasó de la dirección de Cambio Radical y antes tuvo cargos altos en el ejecutivo a ser desde julio el nuevo presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, y Camilo Sánchez, senador entre 1994 y 2010 , y luego, ministro de Vivienda del gobierno Santos, que pasó en septiembre a ser el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).
Aún así, Julio César cree que la cuestión es de aplicar y ponerle sentido común, después de todo, para bien o para mal, “en 20 años la corrupción no ha cambiado. Sigue siendo la misma”.
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