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La orden de investigación a tres expresidentes de la Corte Suprema fue un golpe a las instituciones del Estado, debilitadas por los crecientes casos de corrupción. Sin embargo que la justicia sea la principal protagonista pone en jaque la credibilidad de esta rama del poder público.
Del caso del exfiscal Gustavo Moreno, capturado por ofrecerle dádivas al exgobernador Alejandro Lyos, se desprende una maraña de sobornos, favores y politiquería, en la que Moreno, como abogado, se convirtió en el canal para garantizar fallos en favor de sus representados a cambio de pagos millonarios, como lo denunció el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Para entender la magnitud del asunto, vale recordar que la Corte Suprema debe tener a los máximos exponentes de la justicia, cuyas decisiones deben generar confianza. Sin embargo, el poder que ostentan, parece haber propiciado que los hoy investigados, aprovecharan para sacarle frutos económicos.
No son pocas las coincidencias. Moreno, como abogado, defendió ante la Corte Suprema de Justicia a no menos de 20 congresistas con buenos resultados, quienes en su momento lo posicionaron como un defensor exitoso que había descubierto la matriz de “falsos testigos”, pero, lo que hasta ahora se supo, es que la resolución favorable tenía de trasfondo pagos millonarios, según la Fiscalía, a los dos exmagistrados.
También es claro que Moreno, gracias a su cercanía con los congresistas que defendía, tenía como inclinar la balanza para favorecer a un candidato en la elección de Fiscal General de la Nación. Su apuesta fue por el fiscal Néstor Humberto Martínez quien luego lo nombró para encabezar la lucha contra la contra la corrupción.
El círculo se amplió cuando Moreno asumió en el ente acusador, pues, de acuerdo con las pesquisas de la justicia de Estados Unidos y del fiscal Martínez, presuntamente, empezó a cobrar para que las investigaciones no avanzaran. Uno de los casos era el del exgobernador Lyons, quien, por cuenta de beneficios judiciales, abrió la caja de pandora, denunció a Moreno y ahora se destapa este escándalo en el que el encargado de luchar contra la corrupción, supuestamente, la propiciaba. Los encargados de impartir justicia al parecer no cumplían su labor al recibir sobornos. Por último, los congresistas, en este caso los investigados, no solo pagaban por impunidad, también garantizaban votos. Lo más complejo será que el mismo Congreso, en la Comisión de Acusaciones, el que iniciará la investigación contra los magistrados implicados, a juicio de expertos, una garantía de impunidad.
El escándalo generó la respuesta del presidente Santos quien se lamentó y dijo que “me duele a mí como Presidente, como Jefe de Estado y como colombiano. Me duele comprobar que la corrupción pueda llegar a instancias tan altas del Estado”
Así lo planteó también el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, quien pidió llegar hasta las últimas instancias: “Es el momento de tomar correctivos severos para evitar la corrupción. La justicia no puede tener mantos de duda”.
La solución no parece estar cerca. Nuevamente se avala a una profunda reforma a la justicia que ya se ha hundido en siete ocasiones en el Congreso. Otros, como la senadora Viviane Morales, ya están proponiendo una constituyente .