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Natalia Ponce de León y Gina Potes, ambas víctimas de ataques con ácido, las dos voceras de mujeres vulneradas y abusadas, escucharon ayer una noticia que han esperado durante los últimos años: la promulgación de la ley que protege a las víctimas de ataques con agentes químicos y que endurece las penas contra los agresores.
La ley fue promulgada por el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño. A su lado estuvo Natalia Ponce, herida con ácido en marzo de 2014, y Gina Potes, una de las primeras mujeres en Colombia que fue capaz de sacar su historia de agresión a la luz pública. “Atentar contra la vida y la integridad de un ser humano es inaceptable (...) no queremos ver más vidas destruidas, más personas afectadas”, les dijo Santos.
El Gobierno Nacional espera que con la ley se disminuyan los ataques con agentes químicos en el país. Según Santos, en los últimos seis años 628 personas han sido víctimas de ataques con agentes químicos. Estas cifras ubican a Colombia como uno de los países en donde más se presentan este tipo de agresiones. En los primeros lugares también están Pakistán, Bangladesh, India y Uganda.
El Gobierno contaba con la Ley 1639 de 2013, que establecía un techo de 10 años de prisión para los agresores y que imponía multas hasta 54 salarios mínimos. Con las modificaciones que le hicieron a esta ley, un agresor podrá pagar hasta 50 años de cárcel.
Para quienes cometan el delito de atacar a una persona con agentes químicos, la pena podrá ser de 240 meses si la conducta es simple; de 360 meses si el ataque causa deformidad en la víctima y la pena se eleva a una tercera parte si la agresión conlleva a la deformación del rostro.
La ley establece, además, que en caso de que la conducta sea cometida con sevicia, los agresores no gozarán de suspensión de la ejecución de la pena o prisión domiciliaria. La ley también incluye sanciones para los productores y traficantes de agentes químicos. Actualmente existen penas de prisión que van desde los 48 hasta los 144 meses.
Sobre este punto, Santos dijo que el Invima es la entidad encargada de monitorear la comercialización de agentes químicos en el país: “A la fecha, hay más de 1.400 establecimientos inscritos que han reportado cerca de 255.000 ventas. Ese registro es el que permite tener una trazabilidad de la venta, es decir, información del comprador”, dijo.
La tarea todavía no está terminada. El Gobierno tiene seis meses para poner en marcha una política pública integral a las víctimas de ataques con ácido. En este proceso también participarán Natalia Ponce y Gina Potes: “La idea es que las víctimas tengan acceso a la salud, que sean incluidas laboralmente con proyectos productivos y que tengan acceso a la educación, la vivienda y a la justicia... Hoy, las oportunidades siguen siendo negadas”, dijo Potes.
Uno de los retos, según el representante Carlos Guevara (del Movimiento Mira) es “aumentar las unidades atención a quemados en todo el país. La atención hospitalaria no es suficiente. El siguiente reto será enfrentar la impunidad, pues hay 2.000 casos en la Fiscalía que están sin resolver”.
La representante Angélica Lozano, también propulsora de la ley, señaló que “la atención debe ser médica física y psicológica. También debe articularse todo el esfuerzo de unir datos, estadísticas y las denuncias que pasan por los CAI, las comisarías de familia, y Medicina Legal” .