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El ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló ayer en varios medios que la protesta social en Colombia la estaría pagando la mafia.
“Con los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social y por eso cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas, supranacionales que lavan el dinero de diferente manera”, indicó Botero.
Esa declaración exacerbó los ánimos de quienes defienden la protesta social como un derecho fundamental, amparado en la Constitución.
Al respecto, el presidente Iván Duque explicó que “la protesta social es un derecho que se tiene que ejercer siempre en estricto apego a la ley, que se debe hacer pacíficamente”.
Y agregó que el gobierno promueve el diálogo con las comunidades para que la protesta no sea la primera opción. Sin embargo, el disgusto de los líderes sigue ahí.
El senador indígena Feliciano Valencia, quien ha sido uno de los dirigentes que ha estado al frente de las protestas de estas minorías, sostuvo que “se equivoca una vez más el ministro. Antes decían que eran las guerrillas quienes infiltraban la protesta, ahora que las mafias. Le temen a la movilización y buscan justificar el trato militar que le dan”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo fue clara en señalar que “el ejercicio de la protesta social es legítimo y necesario en una democracia. Vincularla con el accionar de los grupos armados ilegales arriesga a los protestantes y viola el principio de distinción del derecho internacional humanitario”.
Estos señalamientos, a juicio de la Defensoría son graves, sobre todo en un contexto en el que han sido asesinados 343 líderes sociales desde el 1° de enero de 2016 (cifra hasta el 22 de agosto de 2018).
Incluso la inconformidad con el gobierno tocó varios niveles de la política, tanto así que el senador Iván Cepeda anunció que llamará al ministro Botero a debate de control político en el capitolio..