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El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) adjudicó 177.817 hectáreas a las comunidades afro del río Naya, decisión que acaba con una batalla legal de 15 años por la titulación de estas tierras ubicadas en la cuenca del Pacífico, entre Buenaventura y López de Micay.
El litigio inició en 2000, cuando el Incora admitió la solicitud de adjudicación de estas tierras a 64 comunidades, a lo que se opuso la Universidad del Cauca quien afirmó que tenía títulos de propiedad desde 1827.
En 2008 el Estado obtuvo las tierras a lo que la institución universitaria respondió con varios recursos que le fueron negados. Ya en 2014 el Consejo de Estado cerró la discusión jurídica y negó la acción de revisión de la Universidad, porque según el ente administrativo la institución no ejercía ninguna actividad productiva en el terreno de manera continua.
Las tierras adjudicadas serán catalogadas de carácter comunal para grupos étnicos, por lo que no pueden ser vendidas, embargables ni enajenables.