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A poco más de tres semanas de terminar un nuevo periodo legislativo en el Congreso, son varios los proyectos de ley y actos legislativos de origen gubernamental que deben debatirse, por lo que se prevé que los partidos de la Unidad Nacional pondrán el acelerador para evacuar buena parte de la agenda.
El denominado acto legislativo para la paz; el proyecto de ley que daría vida a las zonas de interés de desarrollo rural y económico -Zidres-; la estatutaria que modificaría los requisitos para un eventual plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos con las Farc; la propuesta de reforma al Código de Policía; y el aumento en el cupo de endeudamiento del Estado solicitado por el Gobierno, son algunas de las iniciativas que tienen copada la agenda del legislativo.
En conversación con EL COLOMBIANO, el presidente del Senado Luis Fernando Velasco aseguró que el Congreso está al día con la agenda y que no habrá necesidad de aprobar leyes sin debates juiciosos. Además, afirmó que no “sacrificará” debates de control político para darle a paso a las votaciones de los proyectos de interés del Gobierno.
“La única función del Congreso no es hacer las leyes, es más, a veces somos más eficientes negándolas que haciéndolas por la mala calidad de algunas de ellas, pero aquí tendremos tiempo para las dos cosas, para hacer los debates de control político que son nuestra obligación, y para estudiar los proyectos de ley que falten por ser discutidos”, aseguró.
Es una de las iniciativas prioritarias del Gobierno, pero al tiempo una de las que más controversias ha suscitado. De ser aprobado, crearía una comisión legislativa especial para introducir al ordenamiento jurídico los eventuales acuerdos que resulten del proceso de paz con las Farc, además contempla el otorgamiento de facultades especiales para el Presidente de la República de cara al acuerdo que ponga final del conflicto.
Esta ley introduciría modificaciones al mecanismo del plebiscito con el que eventualmente se convoque a los colombianos para que refrenden los acuerdos de paz a los que se llegue con las Farc en La Habana. Tiene tres puntos claves, que son: el carácter vinculante del resultado; bajar el umbral requerido para su aprobación al 13 por ciento del censo electoral y la obligación que le impone al Gobierno de dar a conocer, previamente, los acuerdos alcanzados en Cuba.
Si bien es un proyecto que no está en las prioridades del grueso de la opinión pública, detrás de él subyace el debate en torno al manejo que el Gobierno le quiere dar a la producción del agro en las zonas apartadas del país como lo es la altillanura. El proyecto conciliaría los posibles conflictos entre los pequeños propietarios de tierra y las grandes empresas agroindustriales. Según el Gobierno se busca promover el desarrollo social y económico de la zona, así como el empleo rural y la seguridad alimentaria. Sectores del Polo y el Centro Democrático se han opuesto.