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Los millonarios recursos de regalías destinados al desarrollo científico y tecnológico de las regiones del país, que entre 2012 y 2016 alcanzaron $3,8 billones, no se están invirtiendo totalmente en tal fin, mientras académicos e investigadores quedan subordinados a actores políticos que deciden esta clase de gastos o a los contratistas, muchas veces poco idóneos, quienes ejecutan los proyectos. Así lo anunció este martes el contralor general de la República, Edgardo Maya.
Con el objetivo de abrir un debate franco y abierto sobre el tema, el jefe del organismo de control fiscal presentó los resultados que arroja una evaluación hecha por la contraloría General de la República (CGR) al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que por mandato constitucional se financia con el 10% de las regalías que provienen de la explotación de los recursos naturales no renovables.
“Hemos encontrado muchos factores de riesgo. Es así como está el hecho de que una tercera parte del valor de la contratación lo realizan entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias, que ejecutan contratos por cerca de $600 mil millones, de un total contratado a la fecha de corte del informe de la Contraloría (diciembre de 2015), de $1,8 billones”, aseguró Maya Villazón al presentar los resultados de este trabajo en un evento académico que tuvo lugar en el Auditorio Principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.
Según el Contralor, la financiación a través de los recursos de regalías exige que los proyectos de ciencia y tecnología respondan a las necesidades específicas y puntuales de las regiones. Y no está sucediendo así, pues a diciembre de 2015 sólo había 12 proyectos que integran dos o más departamentos, por valor de $135 mil millones.
En este resultado pesan dos aspectos: una definición muy laxa de “proyecto regional” de la Ley que regula el sistema de regalías, y la falta de voluntad política de los gobernadores para acordar la formulación de proyectos de verdadero impacto regional.
La evaluación que realizó la CGR sobre el Fondo de Ciencia y Tecnología, que abarca el período 2012-2015, pone de presente que buena parte de los problemas que evidenciaron son consecuencia de un diseño institucional poco adecuado, que puso el manejo de los recursos a depender de las decisiones de actores políticos de los departamentos, los gobernadores.
La Contraloría consideró crítico que en la práctica existen 33 fondos de ciencia y tecnología y no uno; que el peso fundamental de las decisiones se concentra en los gobernadores; y que la inmensa mayoría de los recursos está en departamentos que no cuentan con las capacidades en ciencia y tecnología, que les permita invertirlos de manera pertinente y eficaz.
Al presentar las conclusiones del balance que hizo la CGR sobre el manejo de las regalías para la investigación en ciencia y tecnología, el Contralor consideró urgente que se impongan medidas correctivas o un nuevo arreglo institucional sobre el funcionamiento del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y la destinación de recursos de regalías para estas actividades.
Sostuvo también que “es el momento de debatir de una vez por todas cómo poner solución a los problemas de despilfarros y malos usos que afectan los objetivos del nuevo Sistema General de Regalías, que se generan a partir de la dispersión de los recursos, la financiación de muchos proyectos poco pertinentes, y la lentitud en la ejecución los problemas de corrupción que siguen detectándose”.
La Contraloría realizó, además, una auditoría de desempeño a 33 proyectos de ciencia y tecnología y encontró diversas situaciones irregulares, por ejemplo, en un proyecto en el departamento del Cauca, por $16 mil millones, para fortalecer capacidades tecnológicas y competir en el mercado global, con actividades de formación en estudios de posgrado a empresas de emprendimiento que tuvieran componentes de innovación o tecnología, encontraron que los recursos también los destinaron a establecimientos que no cuentan con dichas características, como un asadero de pollos y un spa.
Otro caso particular lo encontraron en el Vichada, donde aprobaron un proyecto para construir un centro de formación e investigación en energías renovables CINER, por valor de $32.917 millones con el objeto crear espacios para la investigación aplicada en generación eléctrica, a partir de fuentes naturales renovables y alternativas de energía, así como para la formación y el entrenamiento de capital humano en gestión integral de sistemas energéticos limpios.
Sin embargo, la auditoría de desempeño que realizó la Contraloría estableció que la Gobernación del Vichada contrató el consorcio CINER, integrado por dos empresas de construcciones, cuya experiencia en los objetivos del proyecto, no pudieron constatar. Lo más grave es que en su ejecución modificaron el alcance el proyecto.
“No se hizo la instalación del grupo electrógeno de celdas solares, de tal manera que el proyecto perdió su razón de ser, y ha terminado siendo una obra más de infraestructura: una biblioteca, un auditorio y un conjunto habitacional”, explicó Maya.
Otro caso que reveló a principios de año la Contraloría, se dio en el departamento de Córdoba: “Al auditar diez proyectos de ciencia y tecnología se encontraron hallazgos fiscales por cerca de $30 mil millones. Se estableció que a pesar que la Gobernación suscribió convenios especiales de cooperación fundamentándose en la idoneidad de los cooperantes, estos resultaron subcontratando, en algunas ocasiones, incluso más del 70% de las obligaciones y actividades principales. Además, se habrían quedado con parte de los recursos que les fueron girados”, reveló el Contralor.
Está también un hallazgo por $25 mil millones que evidenció la CGR en las obras del Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar, contratación realizada por la Gobernación de ese departamento en 2014, que tuvo como objeto la construcción de edificaciones para la consolidación de las capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación del sector agropecuario y pesquero de este departamento, previsto para ejecutarse en 9 meses y que se tomó 21 meses.
De otro lado, el Contralor General se refirió a la propuesta del Gobierno Nacional de trasladar los saldos disponibles del Fondo de Ciencia y Tecnología, por valor de $1,5 billones, a la financiación de vías terciarias para la implementación del Acuerdo de Paz.
“Esta propuesta encuentra justificación en la lentitud tanto en el proceso de aprobación de proyectos, como en la ejecución de los mismos, que si bien aqueja en mayor medida al Fondo de Ciencia de Tecnología, también es una característica de todo el SGR”, aseguró Maya.
Y agregó el Contralor: “aunque es evidente que la etapa de post-conflicto y construcción de paz requiere de ingentes inversiones en infraestructura y mejoramiento de las capacidades regionales para garantizar el desarrollo en equidad, es cierto también que nada de aquello podrá ser sostenible en el mediano y largo plazo sin el concurso del conocimiento, la investigación y la innovación”.
“Pero, en el marco de los problemas no sólo de eficiencia, sino de diseño institucional que están poniendo en riesgo la calidad del gasto del Fondo de Ciencia y Tecnología, cabe hacerse la pregunta de si por una única vez esos saldos disponibles tendrán un mejor uso apoyando la construcción de la paz, que a disposición de actores e intereses equivocados o, en las arcas del Tesoro, sin uso alguno”, concluyó.