Contraloría estableció daño patrimonial de 637 mil millones en La Guajira

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Colprensa | Publicado el 29 de julio de 2018

La Contraloría General de la República, a través de una Auditoría de Cumplimiento al Proyecto, estableció un posible daño patrimonial de $637.000 millones en la Represa del Río Ranchería, en La Guajira, declarado de importancia estratégica para el país en 2005.

“Consideramos que ha faltado una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables para concretar la Fase II del Proyecto, situación por la que determina un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria”, dijo la entidad en un comunicado.

Entre los hallazgos disciplinarios, las autoridades encontraron que no avanza la cobertura de agua potable para la comunidad Wayúu y que se están incumpliendo medidas cautelares solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos- CIDH para encontrar soluciones a los problemas de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua potable y salubre de esta población.

La suma en que se cuantificó este hallazgo fiscal equivale al valor de construcción de la Presa “El Cercado”, correspondiente a la Fase I del proyecto, que incluye también las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan, aún sin construir.

Si bien se evidenció que las obras contratadas fueron ejecutadas, con ostensibles retrasos y costos muy superiores a los previstos inicialmente, la Contraloría aseguró que aún con la terminación de las mismas, no se logró el objetivo trazado inicialmente.

Según una Auditoría de Cumplimiento al proyecto, la única función que hoy cumple es regular el caudal del Río Ranchería, pero no se han concretado los otros objetivos planteados con el documento CONPES 3362 del 14 de julio de 2005, que lo declaró de importancia estratégica para el país.

Esta obra supliría el suministro de agua potable a 9 municipios de La Guajira (San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Uribia, Manaure, Maicao y Albania), así como la construcción de los distritos de riesgo y la instalación de una microcentral hidroeléctrica.

“...se observa que, si bien se cumplió con el objeto y obligaciones establecidas en el contrato de obra 140 de 2001, se pudo evidenciar que a mayo de 2018 el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto, para lo cual se desarrolló la obra objeto del mismo, no se ha concretado; salvo el objetivo relacionado con el caudal del río”, señaló el informe de auditoría realizado para el Sector de Infraestructura Física.

Las autoridades manifestaron su preocupación ante el hecho de que no se adelantan gestiones efectivas para la terminación del proyecto, ya que esta situación “no solo afecta a la política agropecuaria, sino la calidad de vida de la población beneficiaria”.

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