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La Fiscalía dictó orden de captura al director de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), tres funcionarios del ente y dos particulares por presuntas irregularidades encontradas en la celebración de 220 contratos en 2016, que implicarían un detrimento patrimonial en el Estado por 27.900 millones de pesos.
El fiscal del caso se basó en una auditoría realizada por la Contraloría, en la que se encuentra un aparente acuerdo para direccionar contratos de limpieza y mantenimiento de arroyos, caños, y reservorios en las zonas en la que tiene jurisdicción la CAR, que jamás se realizaron.
Este tipo de corrupción se conoce como “contratación fantasma”, que en este caso se evidenció en una serie de documentos falsos, como facturas, planos topográficos y registros fotográficos, que habrían sido utilizados para certificar el inexistente cumplimiento de los contratos.
Es más, la Fiscalía logró establecer que los estudios técnicos que respaldarían la necesidad del objeto de cada uno de los contratos no existen y que, por el contrario, habrían utilizado un documento de una universidad de Costa Rica de 2010, como justificación, aunque ese documento no tiene relación alguna con las funciones u objetivos que tiene la Cardique.
Frente a los acusados, a Olaf Puello Castillo, director de Cardique, se le imputarán cargos por los delitos de peculado por apropiación agravado por la cuantía, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir.
De los funcionarios con orden de captura se encuentran Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de la entidad ambiental, que deberá responder por los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir; y las supervisoras de contratos de Cardique Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, que deberán responder por los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir.