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La mitad de las 32 gobernaciones del país se encuentran catalogadas en un nivel de riesgo de corrupción administrativa alta y muy alta, mientras que ninguna de esas entidades fue calificada con riesgo bajo, según lo reveló la Corporación Transparencia por Colombia en su más reciente diagnóstico sobre la gestión gubernamental en Colombia.
Del informe, vale la pena destacar que, con un nivel moderado la Gobernación de Antioquia ocupó el primer lugar del escalafón en lo que a transparencia se refiere, con un índice del 82,4 por ciento, seguida de Santander, Caldas, Meta y Valle del Cauca con 81,2, 75,7, 78,4 y 74,4 por ciento, respectivamente.
Mientras tanto, en un hecho que ya se ha vuelto una constante, los departamentos peor ranqueados fueron algunos de los antiguos territorios nacionales sumados a Chocó, cuyos niveles de institucionalidad fueron particularmente bajos, con un 19,2% que dista mucho de Vaupés que ocupó el penúltimo lugar con un 36,2%.
“Los resultados de la evaluación muestran una institucionalidad departamental débil, plagada de fallas en el diseño de su proceso de gestión. Esta situación eleva la posibilidad de que la misión de estas entidades no se cumpla y que se arriesgue la gestión de los recursos públicos. No es una alarma menor que apenas 4 de las 32 gobernaciones logren riesgo moderado de corrupción. En estas condiciones el fenómeno de la corrupción encuentra un escenario de oportunidad muy propicio”, afirmó sobre el informe Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de la Corporación Transparencia por Colombia.
Para la elaboración del ranquin, dicha corporación midió la gestión de las gobernaciones en tres indicadores: visibilidad, que es la capacidad de una entidad para hacer públicas sus políticas, de manera suficiente y oportuna; institucionalidad, como la manera en que una entidad logra que la administración cumpla con los estándares de gestión; y control y sanción, que es la capacidad para generar acciones de control y sanción mediante procesos internos, por acción de los órganos de control, o en espacios de participación ciudadana.
Una de las conclusiones que se pueden sacar del informe es que hay una estrecha relación entre los bajos índices de transparencia y los altos niveles de abandono estatal, lo que quiere decir que en aquellos lugares donde hay menor institucionalidad y presencia del Estado, la corrupción se reproduce con mayor facilidad.
Para el director del Instituto de Estudios Metropolitanos y Regionales de la UPB, Miguel Silva Moyano, “donde el Estado no es fuerte es donde la corrupción puede moverse con mayor facilidad, sin embargo no se puede culpar solo al aparato estatal. La solución al problema tiene que ver también con una gran dosis de voluntad política, como ocurre en Antioquia, donde hay una decisión política y administrativa de buscar una mejor gestión y mayor transparencia”.
Por su parte, Marcela Restrepo, directora del área de Sector Público de la Corporación Transparencia por Colombia, dijo que la corrupción también se origina en la gran iniquidad del Gobierno Nacional en la búsqueda de desarrollo regional.
“La principal alerta que tenemos es que seguimos concentrando el desarrollo en los mismos departamentos de siempre, es decir, el Estado se ve muy bien en Antioquia, Meta, Santander, Caldas e incluso en Bogotá, y pareciera que hay otros departamentos con menos derechos que los otros”, afirmó Restrepo.