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Las investigaciones judiciales no paran en Colombia. Ayer fue un día movido para el panorama que se tiene en el país, frente a los presuntos hechos de corrupción que han sido protagonistas en las últimas semanas y que implican a altos funcionarios del gobierno, exmagistrados y al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.
En el caso de Lyons, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, aparentemene cometidos durante su administración.
Durante la audiencia realizada por videoconferencia desde el consulado de Miami, Estados Unidos, el exgobernador de Bolívar dijo que reconocería su responsabilidad por el concierto para delinquir simple sin agravantes, después de firmar un acuerdo con la Fiscalía. Frente a los demás delitos, manifestó que se acogerá a un principio de oportunidad.
Al menos 80.000 millones de pesos le habría costado al erario la asociación entre el exgobernador y el senador de ese departamento Musa Besaile, quines se habrían unido para sacar esta cifra producto de la corrupción desde el segundo semestre de 2011.
Esta fue la acusación que realizó la Fiscalía, en la que se acusó a Lyons como presunto responsable de las anomalías en el manejo del Sistema General de Regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en Córdoba. El exmandatario regional, testigo clave de la presunta red de pagos y sobornos en las altas cortes, compareció desde Miami por medio de videoconferencia.
Según la teoría del ente acusador, de la tajada que le tocó a Besaile, tasada en unos 11.000 millones de pesos, habrían salido los 2.000 que le pagó al exfiscal Luis Gustavo Moreno para que intercediera en la Corte Suprema y le suspendieran una orden de captura por un proceso por parapolítica.
Como parte de la investigación, la Fiscalía difundió los nombres de otros funcionarios de la administración de Lyons que sabían o se beneficiaron de estas irregularidades. Resalta el nombre de Jairo Zapa, exdirector de regalías de Córdoba para la época y asesinado en hechos confusos.
Acorde al escrito, Zapa habría recibido un 8 % del dinero pactado de forma ilegal. Por esta muerte está relacionado en una investigación paralela el exgobernador Lyons.
Los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte y Leonidas Bustos fueron llamados a declarar por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que adelanta la investigación en contra del senador Besaile, por el escándalo de corrupción en esa corporación.
El magistrado sustanciador Luis Antonio Hernández decretó que ambos testimonios que fueron solicitadas por la defensa de Besaile, quien está prófugo de la justicia.
A estos dos testimonios se suman los de Javier Hurtado, magistrado auxiliar del magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo; Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio, Milena Flórez y John Besaile Fayad.
Igualmente, se pidió la declaración jurada del magistrado Malo, a quien le fue aprobada una licencia no remunerada por dos meses y a quien la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes le imputó cargos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva, en una audiencia que tardó siete horas y en la que se declaró inocente.
La Sala Penal también ordenó de oficio la declaración del exgobernador de Córdoba, y de Sami Spath.
Besaile tiene una orden de captura vigente por los delitos de cohecho por dar y ofrecer y peculado por apropiación, por monto de 600 millones de pesos, que habrían sido producto del robo a las regalías de Córdoba .