Corte falla a favor de comunidades que buscan ser resguardo en La Guajira

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Colprensa | Publicado el 13 de noviembre de 2017

A pesar de que desde 1996 las comunidades indígenas que habitan el sector de El Arroyo en La Guajira buscan conformarse como resguardo indígena, ni el Incora y ahora la Agencia Nacional de Tierras han resuelto la petición, lo que ha provocado problemas de clarificación de 15 predios, disputas judiciales y hasta amenazas.

El caso llegó a la Corte Constitucional por una tutela que interpusieron Gonzalo Sánchez Bonivento como autoridad tradicional de la Comunidad de Arroyo Guerrero y Rosa Matilde Epiayu, autoridad tradicional de la Comunidad de Santa Rosa contra múltiples entidades estatales pidiendo el reconocimiento de la comunidad Wayúu ubicada en el margen izquierdo de la vía que de Riohacha conduce a Camarones.

De acuerdo con su petición, la familia Epieyu ejerce posesión y Domicio del territorio de Arroyo Guerrero desde 1935, lo que se probaría por la existencia de cementerios en el territorio, ya que en la costumbre Wayúu la propiedad se determinaría por su presencia.

No obstante, alegan que por la falta de reconocimiento como resguardo, su territorio ancestral habría sido objeto de sustracción por cuenta de procesos de adjudicación de baldíos.

En esta disputa se cuestiona la Resolución 3476 de 1953 del Ministerio del Interior que tituló parte de su territorio ancestral a un particular en el predio ‘Laguna de los Remedios’ y los predios conocidos como ‘La Esperanza’ de Fulgencio Quintero Ramírez, ‘Santa Lucía’ de Olga Mercedes Palacio e Isabel Palacio de Linero (adjudicados por sentencia y que se superponen), y otros 13 más.

A esto se suma que por la Resolución No. 0051 de 2006, el Incoder adjudicó a la Alcaldía Municipal de Riohacha el predio denominado “Laguna de Oxidación” y que por resolución No. 00049 de enero 13 de 2004, Corpoguajira otorgó licencia ambiental para el proyecto construcción y operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Riohacha.

La Corte asumió el estudio de la tutela y falló a favor de las comunidades por encontrar que es necesario que la Agencia Nacional de Tierras proceda a responder a la petición de las comunidades Santa Rosa y Arroyo Guerrero que piden conformarse como resguardo para lo cual se dio un plazo máximo de 18 meses.

Entre tanto, se ordenó a la alcaldía de Riohacha y a los inspectores de policía de esa ciudad que suspendan la realización de actuaciones y procesos de desalojo que actualmente se encuentren en curso en contra de las comunidades.

Como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia precisó que sería fácil corroborar la cronología de la ocupación del predio con la presencia de un cementerio propio realizando pruebas de Carbono 14 en las tumbas que la comunidad indique son las más antiguas”, la Corte ordenó a ese Instituto, a Medicina Legal y a la Fiscalía que en cinco días inicien los procesos administrativos necesarios para hacer esa prueba.

Igualmente, como este proceso ha motivado amenazas y denuncias de agresiones, la Corte ordenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección que en 10 días se haga un proceso de diagnóstico de las condiciones de seguridad de quiénes interpusieron la tutela, como de los líderes de la comunidad.

Pero además le solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría General que investiguen una serie de denuncias que se presentaron a lo largo del proceso por parte de quienes presentaron la tutela y de la familia Epiayu que alegan la existencia de un interés por desalojarlos del lugar.

“Lo que se está cocinando es que el Estado le compre a los supuestos propietarios las tierras para dárselas a las comunidades indígenas donde todos ganan, nosotros los indígenas nuestras propias tierras compradas a terceros luego de robarlas en procesos de pertenencia viciados de nulidad, los supuestos dueños de nuestras tierras recibirían dinero en complicidad de algunos funcionarios públicos en un claro acto de corrupción para sustraer dinero público en detrimento del erario estatal a favor de terceros”, dice la denuncia.

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