Corte protege a víctimas de violencia sexual

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Por santiago valenzuela | Publicado el 08 de enero de 2016
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Corte protege a víctimas de violencia sexual
en definitiva

Pese a que la Corte Constitucional le ordenó a las EPS cumplir con el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, ni los hospitales ni las EPS cuentan con los recursos para hacerlo.

Si una persona es víctima de violencia sexual en Colombia, todas las EPS tienen la obligación de atenderla. No importa si no está afiliada; los médicos deberán otorgarle una ayuda integral y de manera gratuita. Así lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-754 de 2015 , expedida a finales de diciembre pasado y hasta ahora pasó desapercibida.

El alto tribunal aceptó la demanda que interpusieron seis organizaciones de derechos humanos en 2015, dentro de las que están DeJusticia, Women’s Link Worldwide y la Casa de la Mujer.

Pese a que el país cuenta con la Ley 1719 de 2014, que crea un modelo de atención para víctimas de violencia sexual, la obligación de las EPS no estaba tan clara. El artículo 23 de la ley estipula que las EPS están en facultad de prestar el servicio, no en la obligación de hacerlo.

“Logramos que el protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual fuera obligatorio. Esto garantiza que la víctima pueda exigir ante las EPS una atención médica integral que debe ser otorgada con urgencia, sin importar cuándo sucedió el abuso. También debe ser confidencial y la EPS debe entregar todos los insumos que sean necesarios ”, explica Liliana Oliveros, vocera de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, otra de las organizaciones demandantes. En caso de no ser atendida, la víctima puede comunicarse a la línea 01 8000 51370, de la Supersalud.

Hasta ahora la atención a víctimas de violencia sexual no ha sido la suficiente. Entre 2012 y 2014 el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 48 mil mujeres como posibles víctimas de violencia sexual. Sin embargo, cerca del 40 por ciento de ellas no fueron atendidas por el sistema de salud.

En el boletín estadístico de Medicina Legal también aparece que en 2014 se presentaron 3.659 casos de violencia sexual en Bogotá, 944 en Medellín y 843 en Cali. Y arroja otro dato preocupante: niñas entre los 10 y los 14 años de edad han sido las más afectadas. Entre los años 2012 y 2014, un promedio anual de 6.813 niñas fueron víctimas de violencia sexual.

De acuerdo con el protocolo, las víctimas de violencia sexual pueden reclamar el acceso al aborto y medicamentos para tratar infecciones de transmisión sexual, así como anticonceptivos de emergencia para prevenir un embarazo y, si es necesario, fármacos para salud mental.

El único magistrado que salvó su voto fue Jorge Pretelt. Señaló que el protocolo es “abiertamente inconstitucional”, porque “ha flexibilizado requisitos para practicar el aborto, lo que atenta gravemente contra la protección de la vida”.

No será tan fácil

De otro lado, los gerentes de las EPS están acostumbrados a que se presenten sentencias que en la práctica son difíciles de cumplir. Así lo explica Jaime Arias, presidente Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia EPS del régimen contributivo.

“Las EPS están preparadas para cumplirlas, siempre y cuando los servicios que prestan sean pagados. Las EPS no pueden pagar esas atenciones con sus propios recursos. La Corte ha señalado que es el Estado colombiano el que debe pagar estos servicios mediante el Fosyga. Hoy la deuda del Fosyga con las EPS está alrededor de los 2 billones de pesos”, señaló.

En Antioquia, la Nueva EPS ha venido cumpliendo con el protocolo: “A todos los casos les hacemos seguimiento hasta de 12 meses. En 2015 atendimos 242 víctimas de violencia, de las cuales nueve eran de violencia sexual”, dijo Fernando Echevarría, gerente seccional de la entidad.

Para que estas sentencias se puedan cumplir, Luis Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), recomienda una reforma estructural del sistema de salud colombiano.

“Tenemos una Corte Constitucional muy progresista que desde hace años reiteró que la salud es un derecho fundamental. Esto va en contravía con la prestación del servicio de salud, donde lo que se prioriza es la facturación de los servicios”.

Además es probable que los hospitales públicos no cuenten con los recursos para atender a todas las víctimas. Actualmente, según la Contraloría General, el 57 por ciento de los hospitales públicos está en riesgo financiero y las EPS les deben cerca de 4,5 billones de pesos.

Las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), concluye Martínez, “deben acatar las órdenes de la Corte, pero el sistema impide que se preste un servicio de manera integral y el gran problema es que las obligaciones financieras sigue creciendo”.

Según Aesa, a inicios de 2015, los hospitales de Antioquia les debían las EPS 508 mil millones de pesos, y terminaron con una deuda de 750 mil millones. De ahí que ya se ha ido recortando insumos y recurso humano. “Así es difícil cumplir las sentencias”, concluye Martínez.

Contexto de la Noticia

CLAVES Detalles del protocolo

1
Desde la primera cita se planearán los seguimientos ambulatorios y las sesiones para la salud mental.
2
Debe haber suministro de medicamentos y procedimientos para evitar infecciones de transmisión sexual.
3
Si la víctima desea la interrupción del embarazo, la EPS debe garantizar todos los procedimientos para realizarlo.
Santiago Valenzuela

Reportero. Creo, como Rainer Werner Fassbinder , que “ lo que no podemos cambiar, debemos al menos describirlo”.

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