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Los abogados de las victimas del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso presentaron un recurso de apelación en la Corte Suprema de Justicia en el que se solicita revisar la condena de ocho años de prisión impuesta en contra del ex paramilitar, en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
Aunque no se han radicado las apelaciones, se logró conocer que las bases de la reclamación están en las indemnizaciones ordenadas en el fallo, además de que no se compulsaron copias para que la Fiscalía investigue a miembros del Estado en la conformación de los grupos paramilitares.
También denuncian que en los Juzgados se presentó un desorden a la hora de evaluar toda la documentación aportada por los abogados de las víctimas e incluso los documentos presentados por la fiscal del caso.
Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación solicitó revocar el fallo.
Razones de la apelación
Para la Organización Defensora de Derechos Humanos Colectivo de Abogados Opción Jurídica, quienes representan a víctimas de la Región Caribe, en medio del proceso de Justicia y Paz, observa con gran preocupación, el que no se repare a las víctimas conforme a las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia y Paz y la Corte Suprema de Justicia.
“Es preocupante la situación debido a que el Fondo de Reparación para las Víctimas solo está reconociendo un tope máximo de Cuarenta (40) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, para actos tan execrables o crímenes de Lesa Humanidad como lo son desapariciones forzadas, masacres, esterilización forzada, desplazamiento forzados, violencia Sexual, homicidios y en algunos casos incineración entre otros”, dice el documento de los juristas.
Y agrega “la razón que ha mencionado el Fondo de Reparación de Víctimas para no cumplir la sentencia a cabalidad es que la Ley de Víctimas les ordena reparar de manera solidaria con ese máximo de reparación y que además de ello los bienes entregados por los paramilitares postulados a esta Ley han sido insuficientes y los que han entregado hasta la fecha no han sido monetizados en su totalidad”.
De acuerdo con los demandantes el fallo, que fue proferido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, tiene más inconsistencias, por ejemplo, “ es que se está violando el derecho a la verdad pues en ningún momento se le ordena a la Fiscalía investigar la responsabilidad que tendría el Estado en la conformación de los grupos paramilitares. Mancuso dijo que el Batallón de Córdoba le colaboraba y que incluso le prestaba seguridad, esto no puede ser olvidado”, dijo uno de los abogados defensores que prefirió guardar su identidad por razones de seguridad.
Otro de los abogados reveló que la Fiscalía no ha hecho seguimiento a la entrega de los bienes de los paramilitares, “no se han movido a buscar los dineros y los bienes entregados por los paramilitares, por eso no hay dinero para reparar a las víctimas y de ser así igual el Estado está obligado a realizar los pagos”.
Por último denunciaron que varios documentos donde eran reconocidas varias víctimas fueron extraviados “no sabemos si a la Magistrada no le quedó tiempo, pero es evidente que se cometieron errores en la documentación aportada por nosotros y hasta los entregados por la Fiscalía. No es posible que desaparecieran víctimas o que otras no fueran reconocidas porque supuestamente no se adjuntaron documentos de parentesco, y este desorden es el que terminó afectando el monto de las indemnizaciones”.
Ahora los este grupo de abogados espera que se apruebe una audiencia de liquidación parcial, para que sean recibidos los documentos que dice el Tribunal hacen falta y la Fiscal a cargo del caso presente sus carpetas, esto con el fin de evitar que las víctimas no tengan que esperar años para este fallo.
Así las cosas, se espera que en la semana del 26 al 30 de enero la Corte Suprema de Justicia hago el traslado y los abogados puedan presentar sus recursos de apelación.
Amenazas en contra de los abogados
El grupo de abogados en particular los que se encuentran la Costa Caribe piden a las autoridades atender las amenazas de las que están siendo víctimas al aparecer por parte de grupos antirrestitución.
La sentencia de Mancuso
En la sentencia, de 800 folios, se considera probado que Salvatore Mancuso fue autor de delitos de lesa humanidad como torturas, desaparición forzada, homicidio en persona protegida y desplazamientos.
La sentencia incluye a Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano”; José Bernardo Lozada Artuz, alias “Mauro”; Isaías Montes Hernández, alias “Junior”; Juan Ramón de Las Aguas Ospino, alias “Rumichaca”; Jimmy Viloria Velázquez, alias “Jairo Sicario” y Lenin Giovanny Palma Bermúdez, exjefes del mencionado bloque de las AUC.
Contra ellos se analizaron 126 hechos victimizantes recopilados durante en proceso judicial, que abarcan a 300 delitos y más de 900 víctimas.