Cortes ¿el principal riesgo de la reforma a la justicia?

  • Ministerios de Justicia y de Interior presentaron la reforma a la justicia. FOTO: COLPRENSA
    Ministerios de Justicia y de Interior presentaron la reforma a la justicia. FOTO: COLPRENSA
Publicado el 14 de septiembre de 2018
Infografía
Cortes ¿el principal riesgo de la reforma a la justicia?
20

años y no 15 tendrían que tener de experiencia los nuevos altos magistrados.

4

años tendrán de inhabilidad para litigar en su jurisdicción luego de salir del cargo.

en definitiva

El Gobierno radicó un nuevo proyecto de reforma. En esencia, busca darle transparencia a la administración de justicia, pero se queda corta en cuanto al acceso y su eficacia.

Como en los frustrados intentos de 2012 y 2015, el proyecto de acto legislativo que presentó ayer el Gobierno para reformar la justicia, se centra en la organización, funciones y gobierno de las altas cortes.

Esto, de entrada, lo pone contra las cuerdas, porque al tratarse de un acto legislativo, será la Corte Constitucional la que dicte la última palabra y podría declarar inexequible parte de su articulado, a la luz de experiencias pasadas.

Los cambios internos

El proyecto pretende que los magistrados no puedan recomendar personas para un órgano de control o la Rama Ejecutiva, que las Salas Plenas puedan suspender a magistrados, aumentar a 20 años el tiempo de experiencia para ser magistrado (hoy se les pide 15) y que no puedan, en los cuatro años posteriores a su retiro, litigar ante su jurisdicción. La finalidad es que este cargo sea una instancia de cierre de la carrera y que los togados no salgan a hacer política o a litigar con base en las decisiones que tomaron en los altos tribunales.

Otro punto sensible es que pretende modificar la estructura de gobierno y administración de la Rama. Según Fabio Pulido, coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional de la U. de la Sabana, ya la Corte Constitucional, en una Sentencia, dijo es función de la rama y la reforma podría llevar a una sustitución a la Constitución por violación a la autonomía de la rama.

En ese sentido Andrés Úsuga, docente de Derecho Constitucional de la U. Pontificia Bolivariana, afirmó que es preocupante que este proyecto de reforma a la justicia vaya al control constitucional “y que los magistrados no se dejen arrebatar funciones”.

No obstante, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, precisó que esta reforma se construyó basada en el respeto por la independencia de los poderes y pensando en el bienestar de los colombianos.

“Es una propuesta de reforma que define incentivos que promueven que sean los mejores abogados los que lleguen a la Rama Judicial, que los magistrados de las altas cortes hayan sido jueces y que esos jueces sean el referente ético de la sociedad”.

Sin poder electoral... afuera

En adelante al procurador, al auditor y al registrador los elegirá el Congreso, por convocatoria pública, y no los presidentes de las cortes, pero la Suprema preservará la función de elegir al fiscal, quien hace parte de la Rama Judicial.

Al respecto Juan Carlos Álvarez, doctor en Derecho de la U. de León (España) ​ydocente de Eafit, destacó que es conveniente suprimir esas facultades electorales. “Se asegura un pilar del sistema democrático: la separación de poderes y se evita la politización de la rama. Además, garantiza que los magistrados se dediquen a administrar justicia”.

Pero no pierden del todo el poder electoral. Pulido manifestó que sigue faltando uno, eliminar esa función al interior de la propia rama, como lo es el poder de nominación de jueces de descongestión.

“Esas funciones han convertido a las cortes en un partido con toga, que no solo se ve reflejado arriba sino en los tribunales de distrito judicial, e incluso en todos los juzgados”, sostuvo Úsuga.

¿Y para el ciudadano?

Si bien la ministra Borrero afirmó que este proyecto a tiene como objetivo acercar la justicia a los ciudadanos, modernizarla y hacerla más efectiva, según Úsuga, poco de eso hay en la propuesta : “Que un magistrado pierda poder electoral no impacta al ciudadano. Lo que se requiere es que un proceso no dure cinco años en primera instancia y otros diez en segunda”.

Para el profesor Suárez, se trata de un proyecto que no toca el acceso y cobertura de la justicia, ni la congestión o impunidad. Cuestionó que no se le dio participación a las regiones, tribunales, litigantes y la academia fuera de Bogotá.

En respuesta la ministra Borrero explicó que durante más de mes y medio se desarrolló un diálogo con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y con las fuerzas políticas, lo que permitió recoger distintas visiones y propuestas.

¿En qué cambia la tutela?

Esta reforma no unifica las cortes, ni elimina la tutela, como temían en campaña los opositores al actual Gobierno, pero sí pide exigir legitimidad de quien la ejerce y que el juez que la conozca pertenezca a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo.

Según el profesor Álvarez es inconveniente que se restrinja la tutela en cuanto al tiempo en el cual se puede interponer, pues es el juez, al resolverla, el que tiene que verificar si es procedente conceder el amparo del derecho fundamental, y para ello existen criterios claros.

Para Pulido, ponerle requisitos a la tutela también puede ser una sustitución constitucional, algo que la Corte también podría frenar.

Esta reforma es uno de los retos del gobierno Duque. Ya en el pasado, en los mandatos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos naufragó, en el trámite en el Congreso o en la revisión de la Corte Consitucional. Un asunto que pone a prueba la unidad del Estado frente a las necesidad es de la justicia.

Contexto de la Noticia

OPINIóN lo que le falta a nuevo proyecto

gustavo gómez aranguren
Exmagistrado Consejo de Estado
El proyecto no refleja un diagnóstico empírico y real del por qué de la impunidad en todas nuestras violencias; su incapacidad para significar un adecuado control a los poderes sociales y políticos que deterioran la convivencia; su deslegitimación secular por la incapacidad de garantizar derechos (inoportuna, retórica y tardía). Parece reducir todo a temas burocráticos, es inconsulta con los actores ciertos.
Óscar Andrés Sánchez Á.

Politólogo de la Universidad Nacional, Periodista de la Universidad de Antioquia y maestrando en Gobierno de la Universidad de Medellín. Tratar de entender e interpretar el poder, un reto.

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