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Daño colateral en Servientrega por caso Papeles de Panamá
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Luz Mary Guerrero, presidenta de la compañía. FOTO COLPRENSA
Los líos en Servientrega no cesan. En medio de todo el proceso legal por la repartición de la empresa entre los hermanos Guerrero, se sumó la captura de Luz Mary Guerrero, presidenta de la compañía, por parte de la Fiscalía General de la Nación, debido a su relación con la firma Mossack Fonseca y los Papeles de Panamá.
La empresa, que actualmente cuenta con más de 28.000 empleados y genera ingresos por más de $560.000 millones al año, podría tener un gran impacto en sus operaciones, debido a que, en general, la gente va a pensar que es la compañía la que está relacionada con los hechos y no una persona individual, expresó Francisco Cubillos, director de Administración de Empresas de la Universidad Central.
De igual manera, el experto reseñó que “la disputa familiar ha generado una percepción negativa en el público y, naturalmente, cuando se suma un evento que tiene aspectos judiciales y capturas, la marca termina afectándose fuertemente y es difícil recuperarse”.
Por otro lado, a la empresa le va a quedar complicado explicar que el tema no es con ellos directamente sino con un individuo, ya que, por el nivel de reconocimiento de Servientrega y de Luz Mary Guerrero las personas relacionan directamente a uno con otro, agregó Cubillos, quien añadió que, posiblemente, se va a ver más afectada la imagen de la empresa que de la persona directamente implicada, la cual ya fue capturada.
En este sentido, la Fiscalía decidió imputarle siete delitos, entre los que se encuentran falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir.
De acuerdo con Mauricio Marín, abogado penalista, los hechos ya deben estar acreditados por el ente investigador, lo que falta hacer ahora es acreditar esto ante un juez. Luego, si se dan los hechos, empezará el juicio en el que cada parte intentará demostrar la inocencia o culpabilidad del otro.
En caso de que todo siga su curso y la implicada sea hallada culpable, uno de los delitos más graves que enfrentaría es el de lavado de activos, ya que tiene una pena entre seis a 14 años de prisión y multa desde los 500 hasta los 50.000 salarios mínimos legales mensuales, sanciones que podrían ampliarse en algún grado, si el juez lo considera pertinente.
Aunque, cabe resaltar, todo es especulativo, según Ricardo Calvete, jurista penal, pues aún no se conoce qué ha encontrado la entidad a cargo de Néstor Humberto Martínez. “A ella solo le pueden imputar cosas que haya hecho ella o que haya hecho con otros”, dijo el litigante.
Así mismo, subrayó que la Fiscalía debe tener algunos elementos para haberla capturado. Ahora se tendrá que legalizar la captura, para verificar que se haya hecho dentro de lo que dicta la norma.
En uno de los hipotéticos casos en el que la investigación arroje que hubo lavado de activos, se ordenará extinción de dominio contra los bienes de Guerrero que se encuentre que fueron adquiridos con recursos de procedencia ilegal.
Sin embargo, dijo Calvete, también se puede ordenar extinción de dominio contra bienes de la empresa, en caso de que se encuentre que fueron comprados con dineros ilegales.
Cabe mencionar que, además de Guerrero, se dio la captura de Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de Mossack Fonseca & Co., a quien se le imputaran cuatro delitos. Vía Twitter, la Fiscalía también confirmó que a, causa de este caso, también se imputarán cargos contra Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega, y Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A. Igualmente, en relación con estos hechos, se ha citado a interrogatorio al abogado tributarista Giovanni Mauricio Vargas Uribe, además de 15 personas naturales representantes de otras empresas.
El trabajo de la Fiscalía se ha venido desarrollando con apoyo de la Dian y las autoridades de Panamá, con las cuales se pudo encontrar que, el entramado financiero que hizo Mossack Fonseca, tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior.
“La Fiscalía comprobó que las sociedades extranjeras eran meras fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron”, explicó el ente acusador.
Se evidenció que, al menos, 14 sociedades colombianas habrían acudido a este método para transferir de manera irregular recursos.
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