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Denunciarían a jueza por enviar a la cárcel a jóvenes acusados de atentados

  • Los 13 detenidos por ser los presuntos responsables de los atentados terroristas de 2014 en Bogotá y los disturbios del 20 de mayo de la Universidad Nacional. FOTO COLPRENSA
    Los 13 detenidos por ser los presuntos responsables de los atentados terroristas de 2014 en Bogotá y los disturbios del 20 de mayo de la Universidad Nacional. FOTO COLPRENSA
29 de julio de 2015
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En la mañana de este miércoles Gloria Silva, la abogada de la contratista del Distrito Paola Salgado, confirmó que denunciarán a la jueza 72 de Control de Garantías que adelanta el proceso en contra de los 13 detenidos por ser los presuntos responsables de los atentados terroristas de 2014 en Bogotá y los disturbios del 20 de mayo de la Universidad Nacional.

La defensora confirmó que la denunciarán por el delito de prevaricato por acción, todo por una supuesta reunión que se hizo el pasado martes antes de iniciar la audiencia en la que se dictó la medida de aseguramiento.

“Cuando se realizó la captura solicitamos a la segunda instancia que compulsara copias para que fuera investigada por prevaricato. Creemos que no fue rigurosa tampoco al momento de proferir la medida de aseguramiento. Su decisión va en contravía al derecho a la libertad y no tuvo en cuenta lo que la jurisprudencia y la ley establecen que se debe analizar, entre eso la necesidad de la medida de aseguramiento”, afirmó Silva.

Así mismo, David Alirio Laverde, abogado de Sergio Segura, confirmó que el proceso que se adelanta en contra de los jóvenes ha sido una “incoherencia”, puesto que al momento de realizar la legalización de los allanamientos y las capturas “se dijo que era un caso complejo pero sin embargo lo que hemos visto es que se han dado soluciones simples a casos complejos como la de ayer. La juez se limitó a dictar la medida de aseguramiento sin un fundamento probatorio, sin indivualizar cuáles eran los fines y los argumentos de esta medida de aseguramiento”.

Respecto al caso de Segura, quien es contratista de la Secretaría de Educación, su defensor confirmó que la Fiscalía está utilizando la documentación y los insumos periodísticos que él tenía para “criminalizarlo e incriminarlo de delitos. Se está ejerciendo una labor de persecución de su actividad periodística”, afirmó.

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