Dos funcionarios de Cancillería, investigados por contrato en Cumbre de las Américas

  • La Procuraduría investiga irregularidades en el contrato de ejecución de la sexta Cumbre de las Américas. FOTO COLPRENSA
    La Procuraduría investiga irregularidades en el contrato de ejecución de la sexta Cumbre de las Américas. FOTO COLPRENSA
COLPRENSA | Publicado el 09 de noviembre de 2018

María Margarita Salas Mejía, representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Alexander Potdevin Gutiérrez, coordinador de Privilegios e Inmunidades de la Dirección de Protocolo, están en la mira de la Procuraduría por las presuntas irregularidades que rodearon el contrato de la ejecución de la sexta Cumbre de las Américas que tuvo como sede a Cartagena en 2012.

Salas Mejía es la actual cónsul colombiana en Madrid y Potdevin Gutiérrez hace parte de esa misma unidad consular. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento desde la Cancillería frente a la formulación de cargos hecha desde la Procuraduría.

El Ministerio Público indaga una la presunta omisión en las labores de vigilancia y control que los funcionarios de la Cancillería tenían que ejercer sobre el contrato cuyo monto fue cercano a los 52.442 millones de pesos.

Una de las presuntas anomalías está relacionada con que la “verificación de las facturas no se habría realizado con el rigor necesario y en algunos casos fueron avaladas en pocas horas, a pesar de que en las mismas se reportaban hasta 55 servicios ejecutados”.

La firma a la que le adjudicaron el contrato es la Unión Temporal Cumbre de las Américas 2012, creada por las empresas Aviatur, Gema Tours S.A., Contactos S.A.S., Creativa Producciones S.A. y Marketmedios Comunicaciones S.A., esta última es la sociedad a la que está vinculado Roberto Prieto, el exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos a la Presidencia.

El monto de las supuestas anomalías que investiga la Procuraduría asciende a 4.169 millones de pesos. De acuerdo con el expediente, los dos funcionarios “no solicitaron a la empresa contratada información adicional para verificar la correcta ejecución de sus labores y tampoco le exigieron que corrigiera las falencias que podrían presentar las facturas entregadas, entre otras irregularidades”.

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