viernes
7 y 9
7 y 9
Aunque el Ministerio de Educación Nacional, MEN, anunció como un gran logro la construcción de 30.693 nuevas aulas para superar el déficit en la infraestructura educativa, es necesario recordar que esta noticia llega dos años y medio después de la promesa hecha por el propio presidente Juan Manuel Santos cuando, en marzo de 2016, dijo que esta tarea se ejecutaría para implementar la Jornada Única, que comenzó en febrero de 2015.
La ministra Yaneth Giha asegura que se han entregado cerca de 5.300 aulas y califica el anuncio presidencial como un hecho “sin precedentes” en la historia. “La educación de calidad requiere de buena infraestructura, de espacios dignos para los profesores y sus alumnos”.
EL COLOMBIANO habló con Cecilia Dimaté, coordinadora de la Maestría en Educación de la Universidad Externado y con Paola Portilla, coordinadora del movimiento Todos por la Educación, quienes destacan que, aunque el esfuerzo era necesario, llega tarde.
“El país urge del cumplimiento de esta promesa hecha por el presidente, pues la renovación de la infraestructura escolar es una deuda. Ciudades grandes como Bogotá y Medellín han venido invirtiendo desde hace un poco más de una década, en los municipios más pequeños todavía se atiende a los escolares en ambientes físicos de aprendizaje de muy baja calidad”, sostiene Dimaté, al resaltar que lo único que espera ella como académica y la comunidad estudiantil, es que no sea una promesa incumplida, pues quedará pendiente para el próximo gobierno.
“Aquí se está hablando de la calidad, que no solo se debe exigir a maestros y estudiantes con buenos desempeños, sino en las condiciones óptimas para el aprendizaje”.
Portilla coincide con Dimaté. Aunque reconoce el esfuerzo del gobierno, cuestiona que la mayor apuesta que debió emprender fue “implementar una ambiciosa política de educación rural, que supla las deudas de infraestructura y calidad de nuestros niños en el campo”, critica.
Esta deuda con el sector rural se basa en que existen 41.050 sedes rurales, según el MEN, pero cuentan con un promedio de uso de 37 años, lo que permite conocer la poca renovación de infraestructura en el sector. Adicional a esto, según Todos por la Educación, un 80 % de las sedes no tiene red de gas, el 70 % no cuenta con alcantarillado, el 50 % están afectadas por altas pendientes y el 36% no cumplen con la relación de baterías sanitarias por estudiante.
“En 2014 la tasa de graduación de los jóvenes urbanos –entre 16 y 24 años– llegó a 63 %, mientras que lo rural la tasa fue de solo el 31 %, cifras suficientes para identificar las necesidades que se tienen y que aún no son resueltas”.