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Las campañas políticas en Colombia son costosas, mucho más de lo que plantean las normas. Es conocido que los candidatos al Congreso invierten un presupuesto mayor a los topes planteados con la finalidad de asegurarse una curul. Sin embargo, acogiéndose a los topes aprobados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con lo que el Estado destina para un partido ($8.000 millones), se podrían comprar 193 viviendas de Interés Prioritario, como las del programa ‘Mi casa ya’, de $41.450.777.
Es un asunto que no tiene control y el CNE, encargado de verificar las cuentas de las campañas, no tiene las herramientas para hacer una veeduría real de los gastos. Es un órgano pequeño, sin recursos, sin capacidad investigativa y, lo más complejo, sus magistrados son elegidos en representación de los partidos políticos, lo que convierte en una utopía la posibilidad de que las investigaciones contra quienes los eligen lleguen a buen puerto. (Ver opinión).
Así las cosas, el único ejercicio de transparencia se realiza a través de la página web Cuentas Claras, que no es muy efectivo cuando se trata de conocer quiénes aportan y qué candidatos se ajustan a los topes establecidos.
Para hacer una campaña política se necesita tener dinero para transportarse por las regiones, recordarles a las personas que el candidato existe y que está presente. Hay que contar con equipo de campaña, cámaras y, el día de las elecciones, en especial en las regiones apartadas, disponer del presupuesto para contratar el transporte y llevar a los electores a las urnas.
El candidato recibe una financiación por parte del partido que se manifiesta en los dineros de los anticipos. Sin embargo, en este momento ningún candidato los tiene. Según Sandra Martínez, líder de Transparencia en la Política de Transparencia por Colombia, los anticipos todavía no se han entregado y “si los candidatos cuentan con suerte, ese dinero llegará 15 días antes de la elección. Como ya comenzó la campaña, comienzan a jugar en un escenario de desventaja frente a quienes tienen dinero para mover a los electores”.
Según las cifras que maneja el CNE, en el reporte de gastos de los candidatos, la mayor parte de los recursos que financian las campañas provienen de las familias de quienes aspiran o de la empresa privada. No obstante, estos son los que más preocupación presentan ante las autoridades pues se puede manipular la información que reportan en los libros.
Según un informe de Congreso Visible, aunque existe la página para reportar gastos, en la mayoría de los casos lo allí consignado es muy diferente a la realidad.
Así lo deja claro el informe de Transparencia por Colombia, en 2014, sobre las elecciones legislativas, el porcentaje de participación de la empresa privada está claro, pero los aportes familiares no tienen un límite, ni control.
Un candidato puede gastar en su campaña $884 millones, a cada partido se le entregan $88.413 millones para invertir entre sus candidatos. Es discrecional para la colectividad si utilizan el presupuesto en la promoción de la lista o si prefieren destinarlo en favor de algunos de sus candidatos “de mostrar”. Pero, en la práctica, el costo es mucho mayor.
Un ejemplo lo da el exsenador del Partido Conservador, Ómar Yepes, quien fue reelegido de forma continua en el Congreso desde 1978 que llegó a la Cámara de Representantes y se retiró, 32 años después, al cumplir su periodo como Senador en 2010. No volvió a poner su nombre en el tarjetón y le dijo a EL COLOMBIANO que “es muy costoso aspirar a un cargo de elección popular. Una candidatura para el Senado en el 2018 puede estar costando entre los 10 mil y los 20 mil millones de pesos”.
De hecho el magistrado del CNE, Armando Novoa, acepta que el sistema de verificación es deficiente pues “no existe un mecanismo en tiempo real para hacer un seguimiento a los dineros de las campañas. Además, la institución necesita mucha más autonomía y el presupuesto necesario para hacer las auditorías a todos los candidatos”.
Para Novoa, el asunto requiere una reforma de fondo, de lo contrario, no será para sorprenderse que, pasadas las elecciones, surjan nuevos escándalos de millonarias financiaciones como está sucediendo con la multinacional de la construcción brasilera Odebrecht
Es evidente, como asegura el informe 2014 de Transparencia por Colombia, que el que más gasta tiene más probabilidades de ser elegido y, pese a que en la ley 1475 de 2011 (reglamentación de la reforma política) los topes de campaña están claros, algunos candidatos maquillan la información financiera para no superarlos.
De hecho, cada candidato tiene hasta mayo para presentar su reporte de cuentas. En esos dos meses los contadores de las campañas revisan los libros que van a presentar, las facturas y los gastos para no superar los topes. Pues, debido a las sanciones, nadie se va a inculpar de haber sobrepasado el límite impuesto.
Pese a que existen sanciones como multas, suspensión del partido para presentar candidatos en la misma circunscripción o la posibilidad de que se decrete la nulidad de la elección, no hay precedentes de sanciones por violar los topes de campaña. Sin ir muy lejos, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció el comprobado ingreso de dineros a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, pero no ha pasado nada.
Es un hecho, las cuentas no cuadran, así concluye, Camilo Vargas, miembro de la MOE, quien advierte que “sabemos que las campañas se hacen a pérdida, si uno mira los datos arrojados en 2014. En Senado los nueve partidos políticos que se presentaron reportaron casi 100 mil millones de pesos en gastos, la reposición fue de 4.726 pesos por voto, el total fue de un poco más de 52 mil millones. Eso significa que los partidos perdieron un poco más de 46 mil millones de pesos”.