El Congreso, en la mira por recibir burocracia del Gobierno

  • La denuncia que aceptó la Corte Suprema, narra que entre 2010 y 2014, hubo congresistas que presionaron para recibir cargos para familiares y amigos en el Gobierno o recursos para sus regiones, a cambio de apalancar el proceso de paz. FOTO Colprensa
    La denuncia que aceptó la Corte Suprema, narra que entre 2010 y 2014, hubo congresistas que presionaron para recibir cargos para familiares y amigos en el Gobierno o recursos para sus regiones, a cambio de apalancar el proceso de paz. FOTO Colprensa
Por Julián Amorocho Becerra | Publicado el 14 de febrero de 2018
en definitiva

Aunque la indagación preliminar de la Corte alerta al Congreso por cargos de corrupción, aún resta un largo recorrido para llegar a conclusiones sobre la burocracia usada por el Gobierno.

Desde los tiempos del escándalo de la parapolítica no había tantos miembros del Congreso en el radar de la Corte Suprema de Justicia por un escándalo. Ayer, el alto tribunal anunció que se encuentra en indagación preliminar la actuación de 230 congresistas y excongresistas por presuntamente haber recibido beneficios burocráticos del Gobierno para apoyar la implementación del acuerdo de paz. De esta lista, más de 50 ocupan hoy curules.

Se identificaron tres de estos: asignación de cupos indicativos, que son una reedición de los polémicos auxilios parlamentarios (ver Glosario); priorización en la contratación dentro del Consejo de Política Económica y Social, Conpes, y el nombramiento de familiares y amigos en el Gobierno.

Para acceder a estos beneficios, los políticos debían apoyar los proyectos del Gobierno para la implementación del acuerdo de paz con las Farc. Se trata de la llamada “mermelada”.

Si bien la consideración del magistrado Eyder Patiño, quien ordenó la indagación, fue corroborar y verificar la veracidad de las denuncias presentadas en 2013, para que esta pesquisa llegue a conclusiones, aún deberá pasar algunos obstáculos.

El primero será la nueva norma de la doble instancia para aforados, que permite a los congresistas apelar las condenas que, hasta el momento del nacimiento de la regla, eran definitivas en primera instancia.

Enredo de salas

Esta regla de doble instancia, que entró en vigencia el pasado 18 de enero y aplica para todos los funcionarios con fuero (presidente, congresistas y magistrados), cobija la indagación anunciada ayer. Sin embargo, al no existir todavía la sala ni los magistrados encargados del nuevo procedimiento, el camino que debe tomar el proceso judicial debe tomar todos los cuidados para evitar demandas.

Así lo advirtió el exmagistrado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, quien recalcó que “aunque el alto tribunal trató de tranquilizar a la gente diciendo que hasta no integrarse ambas salas, ellos conservaban las competencias, con todo respeto me aparto de esa conclusión, porque ya existe el derecho a una segunda instancia y una investigación separada”.

Eso implica, acorde al jurista, que ya hay “un principio de favorabilidad para el que se vea afrontado a una investigación con doble instancia. Entonces, lo que se debe hacer es correr para que integren rápido ambas salas a la Corte y evitar nulidades en un futuro”.

Según el cronograma del Consejo Superior de la Judicatura, solo hasta el 9 de mayo se conocerá la conformación de las listas de candidatos para ser uno de los nueve magistrados que se integrarán a la nueva sala. A partir de allí, está en manos de la propia Corte Suprema deliberar y elegir.

La estabilidad no está garantizada por la sombra de corrupción del llamado cartel de la Toga. Ese temor lo han expresado personajes como el procurador, Fernando Carrillo, quien le pidió a la Judicatura que sea especialmente transparente en la conformación de estas listas.

Lo que se sabe

La denuncia que tomó la Corte fue interpuesta por una ONG llamada “Corporación Foro Ciudadano”, compuesta por dos abogados: Ricardo Cifuentes y Eduardo Carmelo. Ambos presentaron los datos del llamado “computador de Palacio”, en donde se evidencian las cuentas de la burocracia y fue presentado inicialmente en 2013 por el hoy senador del Centro Democrático, Ernesto Macías.

Estos datos que habrían sido filtrados por personal de la Casa de Nariño dan cuenta de unos 1.968 cargos directivos y 597 contratos de OPS.

Entre la lista de implicados, que aún no ha sido dada a conocer por la Corte, se dan cuenta de varios políticos de partidos afines al Gobierno como los senadores de La U Bernardo Elías y Musa Besaile, que habría sido beneficiados con recursos estatales para sus departamentos por 115 mil y 55 mil millones de pesos, respectivamente, según la denuncia inicial.

Al preguntarle por la indagación, el senador de la bancada uribista recalcó que “desde 2013 eso estaba muerto y me satisface que por lo menos se dio un paso... Es claro que muchos de los nombrados puede que no tengan nada que ver, pero no quería dejar por fuera a nadie”.

Informes posteriores a la divulgación de Macías fueron analizados por medios especializados como La Silla Vacía, que encontraron que más de la mitad de los casi 2.000 cargos denunciados venían ordenados desde el gobierno anterior.

Otra vez, el Congreso

Este “cartel de la mermelada” se trataría de la tercera gran indagación de congresistas en los últimos años.

La primera fue el proceso 8.000, por la entrada de dineros calientes a la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994. Fueron más de 120 parlamentarios quienes estuvieron en las toldas liberales y 15 fueron investigados.

Más de una década después, a partir de 2006, empezó las pesquisas por la parapolítica, por la que se condenaron más de 60 congresistas por forjar pactos ilegales con grupos paramilitares para llegar al poder.

Además de este “cartel de la mermelada”, al país aún le resta conocer la magnitud real de los escándalos de Odebrecht y del Cartel de la Toga en el Congreso y cuántos están salpicados.

Contexto de la Noticia

Paréntesis Contralor, con el ojo en cupos

La Contraloría anunció la entrega de un estudio de la forma como en el país se mueven subterráneamente dineros en compra y venta de cupos indicativos, anuncio del Contralor Edgardo Maya. Resaltó que el ente de control ha ubicado municipios de 10 mil habitantes que aparecen con obras inusuales como estadios, y al revisar, se trata de un cupo indicativo para el alcalde.

“El negocio de los cupos sirve para financiar las campañas”, aseguró.

Glosario

Cupos indicativos

Se trata de una partida de gastos para los congresistas, creada por el presupuesto de la Nación, pero «queda a su disposición, como si fuese suya, decide quien la va ejecutar». El congresista, cuando el Gobierno le ha asignado un cupo indicativo lo puede ceder según sus intereses políticos.

Puede constituirse en cultivo de corrupción, ya que congresista es el que postula al ejecutante.

Así lo explicó Kenneth Burbano, experto en derecho constitucional.

Julián Amorocho Becerra

Periodista bumangués del área digital de El Colombiano. Busco historias que demuestren que la realidad siempre supera a la ficción.

Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*)

 
¿CUÁL ES EL ERROR?*
 
¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED?
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
Correo electrónico
 
Acepto términos y condiciones
LOS CAMPOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS

Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema.

 
RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES *
 
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
Correo electrónico
 
Teléfono
 
Acepto términos y condiciones
LOS CAMPOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS
Notas de la sección