El Congreso que acompañará la era de Iván Duque

  • El Congreso entrante tendrá que cambiar sus dinámicas, pero seguirá teniendo el deber de sacar adelante las reformas que el país necesita. FOTO COLPRENSA
    El Congreso entrante tendrá que cambiar sus dinámicas, pero seguirá teniendo el deber de sacar adelante las reformas que el país necesita. FOTO COLPRENSA
Por Julián Amorocho Becerra | Publicado el 20 de julio de 2018
Infografía
El Congreso que acompañará la era de Iván Duque
en definitiva

El Congreso entrante tendrá que cambiar su discurso y sus dinámicas, pero seguirá teniendo el deber de sacar adelante las reformas que el país necesita y se vienen aplazando por años.

Hoy se posesionan los 279 congresistas que empiezan una carrera de cuatro años con la misión de sacar adelante reformas ya anunciadas por el presidente entrante Iván Duque. Además, está la expectativa de cómo va a cambiar la dinámica con una oposición protagónica, una coalición que no ha sido fácil de conformar y una fuerte alianza entre el Centro Democrático y los conservadores.

Habrá temas ineludibles que tendrán que llegar a la agenda: las reformas política, a la justicia, tributaria, pensional y la implementación del Acuerdo de Paz, este último con cambios que también ya fueron anunciados. EL COLOMBIANO consultó a expertos sobre lo que podemos esperar en la legislatura que inicia hoy 20 de julio. (Ver recuadros).

Lo cierto es que después de ocho años con un rumbo marcado, los últimos cuatro dedicados casi exclusivamente a legislar sobre la paz, este Congreso parte con mayorías suficientes para cambiar el Acuerdo con la Farc, aunque al día de hoy no haya una posición clara sobre cómo y qué quieren hacer.

Hasta ahora solo hay advertencias, que se materializaron, al cierre de la legislatura cuando el Centro Democrático logró imponer 25 cambios a la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz. La última palabra sobre estas modificaciones la tendrá la Corte Constitucional, encargada de definir si son o no exequibles.

El mismo alto tribunal advirtió que lo pactado en La Habana quedó protegido en la Constitución, a través de un acto legislativo y, por ello, existen líneas que no serán fáciles de cruzar o, por lo menos, requerirán de largos trámites y debates.

¿Un espejismo de mayoría?

Aunque en el ejecutivo sí habrá cambio ideológico de 180 grados frente a los últimos dos periodos en los que estuvo el presidente Juan Manuel Santos, antagonista de Duque, la mayoría del Centro Democrático se podría quedar flaca frente a las reformas que vienen si no logra una coalición con votos suficientes para imponer las mayorías. El campanazo de alerta lo dieron los partidos de La U y Cambio Radical que actuarán en conjunto. Ya están pujando por las presidencias de Senado y Cámara y, de no entrar a la coalición, podrían ser un obstáculo fuerte para el Gobierno.

Así lo plantea la analista y experta en partidos políticos, Elisabeth Ungar, quien asegura que “él (Duque) la va a tener más difícil de lo que se ve, porque no va a haber una bancada homogénea entre los que lo han apoyado, como sí lo tuvo Santos al armar su Unidad Nacional”.

Para Ungar, esta alianza, que cuenta con 30 senadores y 55 representantes a la Cámara, podría inclinar matemáticamente cualquier propuesta. “Supusieron (el Centro Democrático) que habían arrasado”, reconoció el presidente de La U, Aurelio Iragorri, que aseguró el martes pasado que “no seremos oposición, pero esperaremos un mes después de la posesión decidir nuestra posición”. Un fenómeno parecido podría ocurrir con los liberales que, aunque se autoproclamaron aliados del Gobierno Duque, el tema de la paz (su principal agenda en periodo Santos) los ha dividido.

¿Más aire?

A favor de Duque juega que las alianzas que hizo fueron diferentes a las del saliente presidente Juan Manuel Santos. Mientras este fue quien se movió para hacer acuerdos con los distintos partidos para ganar la presidencia en dos ocasiones, en el caso de Duque, la ventaja que mostraba en primera vuelta provocó que para la segunda fueran las colectividades las que tocaran la puerta de su aspiración presidencial. Sucedió con liberales, La U y Cambio Radical.

Esto, en teoría, le daría a Duque un mayor margen de maniobra amparado por unas “deudas” menores con los partidos. Sin embargo, Ungar recalcó que “en el primer año, todo es luna de miel, pero en Colombia no es fácil gobernar sin burocracia. De la forma como se mueva Duque dependerá como le terminará de ir”.

Giros

El cambio ideológico no solo se marcará a la derecha por la conformación del bloque de Gobierno. También ocurrirá con algunas reformas que ya se han anunciado.

Desde la cadena perpetua para violadores, con la que el mismo Duque se comprometió, hasta la polémica regulación de la protesta social, anunciada por el entrante ministro de Defensa, Guillermo Botero. Se espera una agenda distinta.

En la política existe una regla no escrita que dice que las grandes reformas se hacen en el primer año de mandato. Sin embargo, el país ha visto que el Congreso no ha logrado llevar a buen puerto reformas necesarias como la pensional, la de la justicia y la política.

El estatuto de la oposición les dará un mayor protagonismo a las ideas, por lo que el temor que existe es que este nuevo Congreso termine enfocándose más en el decir que en el hacer.

El reto, según Jaime Carrión, experto en temas políticos es “superar la crisis de legitimidad. Recuperar esa credibilidad que es la principal tarea”

Contexto de la Noticia

La reforma política

El último intento de reforma política fue anunciado el 16 de febrero de 2017 y terminó hundida y criticada el 29 de noviembre siguiente. La principal razón, expuesta por la Misión Electoral Especial, MEE, que fue creada por el Acuerdo de Paz para ocuparse de esta reforma, es que el objetivo inicial de sanear las malas prácticas de la política terminó desviándose con el paso del tiempo.

Sin embargo, la necesidad de implementar estos cambios hace necesario que el nuevo legislativo se ocupe de emprender de nuevo la discusión de una reforma política. Dentro de la propuesta inicial de la MEE, se cuentan tres ejes principales:

El primero, la conformación de tres instituciones electorales dentro de las que se mantiene la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero se crea el Consejo Electoral Colombiano, encargado de reglamentar estos procesos; y una Corte Electoral, de tipo judicial que resolvería las disputas que se presenten.

El segundo, eliminar el voto preferente y pasar de 166 a 173 representantes en la Cámara.

El tercero tiene que ver con la financiación electoral. La MEE propuso mantener que fuera mixta con una mayor proporción estatal, tanto directa como indirecta, a los partidos políticos y a las campañas, para así disminuir el interés privado.

Elisabeth Ungar, una de las siete académicas que compuso la MEE, recalcó que “es potestativo de cada Gobierno hacer la reforma política, así como hizo Santos en su mandato”.

Esta académica indicó que las modificaciones son claves para mejorar el sistema de partidos, aunque subrayó que hay varios desafíos. “Sí o sí, se debe modificar el tema de la organización electoral, el CNE debe reformarse, que no tenga un origen político y que no todos sean abogados. Que sean personas que inspiren confianza. Que sea un tribunal, con poder e independiente, como lo tiene México”, dijo.

La reforma a la justicia

El estallido del llamado cartel de la toga y los hechos de corrupción que se habrían dado en las altas cortes en 2017, hicieron que varios sectores del país empezaran a exigir una reforma a la justicia que la blindara de estos escándalos.

Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos anunció que dejaría las bases para que esta reforma fuera retomada por el próximo gobierno, dado que no contaba con el suficiente poder en el Congreso para llevarla a cabo, pues en época electoral los intereses de los parlamentarios estaban dirigidos a otras direcciones.

Para ello, la administración saliente dejó planteados cuatro ejes. El primero, revivir el Tribunal de Aforados, con el que se cambia el modelo de investigación a los funcionarios con fuero, elimina la Comisión de Acusaciones de la Cámara, sobre la que hay muchas quejas por su ineficiencia, en 27 años solo ha emitido una sentencia contra el exmagistrado Jorge Pretelt.

El segundo es rediseñar las facultades electorales de las altas cortes, recordando que allí se ternan los candidatos a contralor y a procurador.

El tercero, plantea implementar un seguimiento a la gestión de los despachos judiciales, mejorar la infraestructura, profundizar la transparencia y avanzar en la descongestión.

El cuarto punto plantea adoptar medidas en la educación para garantizar que los abogados tengan formación desde la ética y moral. Para Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, la reforma que requiere el país es “estructural y de fondo, que implica tocar aspectos constitucionales. Hay que alejar a la justicia de toda injerencia política y eso implica reformar la estructura de poder en las cortes y en la elección de ciertos magistrados”.

En ese sentido, recalcó que el Gobierno entrante deberá definir qué tipo de reforma quiere y decidir si es el Congreso la mejor vía para llevarla a cabo o si evalúa una constituyente.

el estatuto de la oposición

Esta herramienta empieza a funcionar con el nuevo Congreso y se espera que les otorgue las garantías suficientes a las colectividades para declararse en oposición.

Inicialmente, esta norma permitió que en el Senado esté Gustavo Petro, quien está llamado a ser la punta de lanza de la oposición al gobierno, y su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo. Este estatuto también garantiza que no haya cambio de oposición al mejor postor, por eso exige que los partidos declaren al Consejo Nacional Electoral, CNE, si serán favorables al Gobierno, se opondrán o se quedarán independientes. De ser oposición, los políticos no podrán ser designados en cargos del gobierno hasta en 12 meses después de su renuncia a su organización política. Para Jaime Alberto Carrión, docente del departamento Ciencia Política Universidad Nacional, este nuevo Congreso tendrá una dinámica que nunca antes se ha visto.

“Se va a convertir principalmente en el altavoz de la oposición. Los debates, más allá del escenario temático, llámese una propuesta de ley o una reforma, se convertirá en un altavoz para estás fuerzas (partidos) que se declaren en contra y estén dispuestos a usar los privilegios del Estatuto”.

Para Carrión, el riesgo que traerá esto es que haya un Congreso menos interesado en la labor legislativa, de trámite de leyes y reformas, y se use como plataforma para dar cabida a las ideologías y políticas.

“Se va a ver una plataforma a las ideas de la oposición, que estarán orientadas a una ideología progresista, cercana a la izquierda democrática que tiene el país”, concluyó.

Vale recordar que las organizaciones de oposición tendrán derechos para su financiación, acceso a medios públicos y privados, a información y documentación oficial y a réplica frente a tergiversaciones o ataques públicos, entre otras gabelas.

La paz

Este Congreso tendrá como tarea balancear el desarrollo del Acuerdo de Paz con la Farc con los “ajustes” anunciados por los uribistas y sus aliados.

Aunque la bancada del presidente electo ha mantenido un discurso contrario al proceso de La Habana, lo cierto es que en el Capitolio estarán los 10 miembros de la Farc, quienes tendrán las curules garantizadas por el acuerdo con el Gobierno y hay un sector representado por el Polo Democrático, la Alianza Verde una parte del Partido Liberal que no están de acuerdo con profundas modificaciones.

Para Rubén Sánchez, profesor titular de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, el próximo Congreso no sería tan hostil al Acuerdo como se dijo en campaña. “Todo depende de qué quiere hacer realmente, porque hoy no sabemos. Por demás, políticamente no sería muy inteligente hacerlo trizas como han planteado”, explicó.

Sánchez indicó que en temas como la implementación hay un atraso evidente en la agenda y mucha debilidad, pues “es necesario tomar en cuenta que para ponerlo en práctica se necesitan recursos y hasta que el Gobierno no defina su política fiscal no sabemos si haya plata para la paz”. Frente a la favorabilidad de la bancada parlamentaria, ve probable que las cosas cambien y que muchos congresistas se vuelvan independientes en lo que tiene que ver con la paz. “Aquí no hay bloques homogéneos y lo cierto es que en el tema de paz estamos en tinieblas”.

Por lo pronto, se sabe que hay tres temas que deberán ser tocados con urgencia: la oferta institucional para los territorios que desocuparon las Farc, que está incluido dentro del Acuerdo y no presenta avances; un debate de control político sobre el tema de reincorporación, del que aún no hay una hoja de ruta; y el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, que genera posiciones divididas.

Julián Amorocho Becerra

Periodista bumangués del área digital de El Colombiano. Busco historias que demuestren que la realidad siempre supera a la ficción.

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