Las diferencias jurídicas y políticas sobre el Día D

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Una diferencia política y jurídica se ha presentado a raíz del denominado Día D, o cuando empieza el camino de las Farc a la vida civil mediante la movilización a zonas de concentración en diferentes puntos del país.

Ante las dudas, el jefe negociador del Gobierno Nacional, Humberto De la Calle, aseguró que el día D fue el pasado 26 de septiembre cuando se firmó el acuerdo de fin del conflicto, mientras las Farc dice que depende del resultado del plebiscito del próximo dos de octubre.

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Fuentes de la Corte Constitucional aseguraron que este día debería ser el 3 de octubre, aunque no hay una posición oficial de esa Corporación sobre cuando es. Incluso, otros negociadores se abstuvieron a dar su opinión dado que ya De la Calle hizo manifiesta la posición del Gobierno.

Y, ¿entonces? El director de Dejusticia, César Rodríguez, aseguró que en su criterio el día en efecto fue el pasado 26 de septiembre.

“En el punto tres del acuerdo no se habla de la refrendación. Ahora desde el punto de vista político y práctico creo que es muy difícil desencadenar cualquier acción que sea irreversible antes del 3 de octubre, porque las Farc necesitan una garantía de cumplimiento que no se puede dar si los colombianos votan mayoritariamente el No”, señaló.

En este caso entonces, jurídicamente los tiempos correrían desde el 26, así sea desde el 3 cuando se puedan implementar los protocolos necesarios, por lo que se necesitaría apresurar los mecanismos.

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Entre tanto, el Fiscal y la Corte Suprema de Justicia consideran que si las Farc delinquen desde el 26 serán procesados por la justicia ordinaria.

“A nuestra manera de ver, y leyendo el acuerdo pareciera, que una vez firmado el acuerdo y cumplido el tema del plebiscito, todo lo que ocurra a partir de allí entra a la justicia ordinaria (...). En principio diríamos que definido el plebiscito, todo lo que se actúe, cualquier ciudadano, y dentro de esos, los ciudadanos que entran a la legalidad como son los de las Farc, si llegan a transgredir la Ley, deben entrar a la justicia ordinaria”, indicó la presidenta de la Corte, Margarita Cabello.

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