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Aunque en agosto de 2012 el presidente Juan Manuel Santos descartó fundar el Ministerio de Deporte, en abril pasado, a cuatro meses de culminar sus ocho años de gobierno, presentó un proyecto de ley en el Congreso para crear esta cartera.
Ese y otros proyectos, programas y decretos que firmó y presentó en los últimos meses y días de su gobierno, varios con compromisos de recursos por varias vigencias, los deberá implementar y ejecutar el nuevo mandatario.
A la postre, hizo varios nombramientos diplomáticos, como es el caso del actual ministro del Interior, Guillermo Rivera, a quien postuló para que sea el próximo embajador de Colombia en Chile.
Solo la semana pasada, por ejemplo, Santos firmó el Conpes de calidad del aire, que establece inversiones de $16.637 millones entre 2019 y 2028 para prevenir la contaminación. De igual manera, radicó ante el Congreso un proyecto de Ley que reforma el funcionamiento del Sistema General de Participaciones (SGP), para mejorar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos.
Adicional, firmó la delimitación de los páramos El Duende (Chocó y Valle) y Cerro Plateado (Cauca y Nariño), firmó el decreto que constituye la primera Zidres del país, que estará ubicada en Puerto López (Meta) y tendrá 175 mil hectáreas, formalizó el Contrato Paz para el Valle del Cauca que garantiza inversiones por 1,4 billones de pesos para 253 proyectos y firmó otro decreto que delimita la Línea Negra en la Sierra Nevada.
Y no se ha salvado de polémicas, como la suscitada por la posible adopción, a último momento, de la cartografía del mapa de humedales del país, que pondría en riesgo, según Augura, parte la producción bananera del país.
El Comité Intergremial y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) también le pidieron al presidente no firmar el decreto sobre la regulación de la protesta social sino que dejara esa tarea al nuevo gobierno, pero el ministro Rivera defendió su expedición diciendo que era solo una compilación de la normatividad existente, para que las autoridades locales la tuvieran presente. Explicó que solo una ley estatutaria incluiría reformas.
En otros aspectos, menos controvertidos, Santos prefirió esperar a que se posesione el nuevo presidente, como es el caso del nombramiento del nuevo alcalde de Cartagena. Según el mandatario, le pidió una terna al partido Conservador, porque es su obligación, pero no firmará un nuevo decreto, porque durante “8 años he firmado 14. Me da vergüenza. Al nuevo alcalde lo tendrá que nombrar el gobierno entrante”.
También trató de dejar lo más avanzada posible la mesa de diálogo con el Eln, pero no logró el cese bilateral. En la implementación firmó el primero de 16 planes sectoriales.
Para Jaime Carrión, docente de Ciencia Política de la U. Nacional, sede Medellín, las acciones que haga el presidente buscando empalmar su gobierno con el entrante son adecuadas, en cambio, las que dejan asuntos iniciados o intentan “amarrar” acciones hacia el futuro, son inconvenientes. “En lo que tiene que ver con la paz y la seguridad el Gobierno saliente tuvo tiempo para avanzar, de manera efectiva, en algunos aspectos, y buscar que a última hora esos procesos cuajen para buscar resultados que no encontraron durante ocho años, es inconveniente. Esperaría un papel más protagónico del presidente en el empalme y ofrecer disposiciones para las acciones que ya vienen y que se acomodarán al nuevo Plan de Desarrollo”.
Al respecto Pedro Piedrahita, docente de Ciencia Política de la U. de Medellín, precisó que es normal lo que está haciendo Santos y que todos los gobiernos lo hacen, en todos los niveles, puesto que, al final, amarran presupuestos para algunos de los proyectos que estaban incluidos en los planes de desarrollo.
“Es común que en la recta final establezcan decretos y dejen leyes firmadas y algunos nombramientos. La pregunta es sobre si esto es ético, y sí lo es siempre y cuando haga parte de su programa, sino es como una traba para el gobierno entrante”.
En su último día de gobierno Santos asistirá hoy al acto de apertura de la licitación del Metro de Bogotá, instalará el Foro sobre Fortalecimiento de los Organismos de Control, convocado por el BID, y entregará las obras del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad (C4).