Elección de 4 magistrados será crucial para Acuerdo

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Por óscar andrés sánchez á. | Publicado el 24 de febrero de 2017
en definitiva

La próxima semana dos magistrados de la Corte C. concluyen sus periodos, y entre marzo y abril habrá otras dos vacancias. Los elegidos le harán control a la implementación del Acuerdo.

En menos de tres meses, y en pleno inicio de la fase de implementación del Acuerdo entre el Gobierno y las Farc, la Corte Constitucional (CC), el órgano que tendrá la última palabra sobre lo que el Congreso de la República apruebe vía fast track, se renovará en un 40 %.

El próximo martes concluyen su periodo de ocho años los magistrados Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio. Si bien la elección de sus reemplazos la hará el Senado, en esta ocasión le corresponde a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentar la terna.

La CC está integrada por nueve magistrados, postulados en igual proporción por la Corte Suprema, el Consejo de Estado (CE) y el presidente de la República. A este último, le compete ternar en la vacante que dejarán Jorge Pretelt el 31 de marzo (ocupada por Aquiles Arrieta) y María Victoria Calle el 30 de abril.

¿Quiénes llegarán?

Desde el pasado 4 de octubre la CSJ publicó la lista de elegibles para reemplazar a Vargas y a Palacio. De un total de 98 postulados, la Sala de Gobierno determinó que solo 57 cumplían los requisitos constitucionales para el cargo.

Entre estos, y previo sondeo con varios docentes de Derecho, los más reconocidos son Manuel Quinche, constitucionalista del Rosario; Carlos Ardila, excongresista y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral; Alejandro Ramelli, docente y exmagistrado auxiliar de la CC y el CE; Wilson Ruiz, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura; Marco Antonio Rueda, exmagistrado del Tribunal Superior de Bogotá; Hernán Alejandro Olano, director de Humanidades de La Sabana; y Laura Emilse Marulanda, actual Auditora General de la República.

No obstante para Francisco Barbosa, doctor en Derecho Público de la Université de Nantes (Francia) y docente del Externado, en general, los elegibles son de bajo perfil.

Claves en proceso de paz

El papel fundamental que le corresponderá a la renovada Corte será definir las decisiones centrales de la implementación de los acuerdos de paz, especialmente sobre la ley de amnistía. Así lo expresó Jaime Córdoba Triviño, exmagistrado de la Corte Constitucional (2001-09). Agregó que tendrá que resolver, nada más y nada menos que los grandes interrogantes alrededor del proceso de paz, como cuáles delitos deben considerarse conexos al político, y cuáles no.

“De esto, en buena parte, depende el éxito del proceso de paz. Le corresponderá tomar decisión respecto a las disposiciones legislativas que se han tomado mediante el fast track y al acto legislativo que desarrolla la Justicia Especial para la Paz (JEP)”.

Para Diego González, del Instituto de Estudios Constitucionales del Externado, la elección de los futuros magistrados es muy importante por dos razones: en primer lugar, porque tendrán la última palabra sobre si la legislación para el posconflicto es o no conforme al ordenamiento constitucional. En segundo lugar, dado que es necesario mantener y fortalecer la legitimidad y respetabilidad de la Corte, deben ser elegidas las personas con mayores calidades personales y profesionales.

¿Habrá independencia?

La CSJ es un órgano autónomo, pero según Triviño, aunque no debería ocurrir, las fuerzas políticas van a tratar de tener alguna incidencia en la composición de la terna. “Debe primar su récord profesional, su probidad moral, su condición de hombres de Estado, y no su filiación política”.

Según Bernardita Pérez, constitucionalista de la Universidad de Antioquia, lo ideal es que los magistrados no representen tendencias o partidos, pues se supone que son conocedores del Derecho Constitucional y son buenos ciudadanos, independiente de su ideología.

“Lo preocupante sería que el Congreso no haga una elección adecuada sino de acuerdo a las componendas políticas. Terminan eligiendo a sus amigos, o la propuesta gubernamental de turno. Aunque esa regla no siempre se cumple. Por ejemplo: María Victoria Calle fue propuesta por el expresidente Álvaro Uribe , y no se comportó ni un día como uribista”.

Para María Cristina Gómez, doctora den Derecho de la U. de Pamplona (España) y exmagistrada auxiliar del Consejo Superior, el Ejecutivo podrá poner la mayoría en la Corte, en un momento fundamental para sus políticas de implementación de los acuerdos de paz.

Revisarán Código de Policía

Otro de los retos claves que tendrá la Corte Constitucional este año será revisar las cerca de 56 demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

Según Andrés Úsuga, docente de Derecho Constitucional de la Bolivariana, los puntos más demandados del Código son los relacionados con las huelgas y protestas ciudadanas, el acceso de la policía al domicilio privado y la tenencia de mascotas clasificadas como peligrosas y sus respectivas pólizas.

“La Corte deberá fallar las demandas de inconstitucionalidad lo mas rápido posible, para modular los alcances del Código. No creo que sea devuelto en su totalidad”, dijo.

Al respecto Pérez expresó que el Congreso expidió un Código en el que definieron el control a la ciudadanía para la convivencia pacífica, pero que será la Corte Constitucional la que defina si el legislador se equivocó o acertó. “Tiene competencias inmensas y superiores al mismo órgano democrático legislativo que nos representa”.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia inició ayer las votaciones internas para definir las dos ternas que deberá entregar al Senado antes del 17 de marzo, cuando inician las sesiones ordinarias de esta Corporación. Las ternas del presidente están en proceso de conformación.

Contexto de la Noticia

OPINIóN Los retos de la nueva corte

gustavo gómez aranguren
Exmagistrado Consejo de Estado
Parece que la integración de la nueva Corte Constitucional tiene una tendencia marcada hacia la protección de los intereses del capital en desmedro del amparo a los derechos de las clases populares y de las minorías. Esto está por verse. De otro lado, la institución jugará un papel muy importante en la implementación del Acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc, porque harán el control de los actos que vayan saliendo del Congreso a través del procedimiento fast track, que reduce a la mitad los trámites legislativos.
Óscar Andrés Sánchez Á.

Politólogo de la Universidad Nacional, Periodista de la Universidad de Antioquia y maestrando en Gobierno de la Universidad de Medellín. Tratar de entender e interpretar el poder, un reto.

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