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Eln y bacrim, grupos que más desplazan en los territorios
Enfrentamientos y disputa por drogas son los nuevos factores que expulsan a los campesinos.
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Enfrentamientos y disputa por drogas son los nuevos factores que expulsan a los campesinos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
24 de enero de 2018
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El recrudecimiento de las hostilidades y los enfrentamientos armados entre el Eln y las bandas criminales son las principales causas de desplazamiento en el país que, entre el 17 y 20 enero pasados causó el éxodo de más de mil personas, y entre el primer mes del 2017 y lo que va del 2018, según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, generó 64 salidas masivas y obligadas que han afectado principalmente a comunidades étnicas.
Datos recogidos en el territorio por funcionarios de este ministerio público, apuntan a que los continuos enfrentamientos en los que la mayoría de veces queda la comunidad en medio, son las acciones más puntuales que generan temor en la población y empujan a los habitantes a abandonar sus zonas.
La defensora delegada para la población desplazada, Ingrid Rusinque, indica que la presencia de estos grupos armados en las regiones que antes estuvieron bajo la influencia de las Farc, la estancia de actores violentos dedicados al narcotráfico, además el enfrentamiento del Ejército en defensa legítima del territorio producen miedo, “son choques fuertes, y todo acto violento produce temor en la comunidad, la pone en riesgo y la lleva a desplazarse”.
Las zonas más vulnerables
Si bien los índices de desplazamiento en Colombia no llegan a los niveles alcanzados en la época más dura de la confrontación (1997-2005), que dejó 4.140.583 personas desplazadas según el Registro Único de Víctimas del Gobierno nacional, en el 2017 las acciones bélicas de los grupos armados produjeron la salida involuntaria de 58.562 personas.
Ante este panorama, Yolanda Pinto, directora de la Unidad para las Víctimas, enfatiza en que el desplazamiento forzado en Colombia ha disminuido drásticamente, pese a que se ha visto un leve aumento del fenómeno en algunas regiones del país.
“El gobierno lo ha expresado en varias oportunidades: los señores del Clan del Golfo y los señores que se quieren adueñar de los cultivos tienen una disputa por quien se queda con el negocio y ahí la comunidad sale perjudicada en esos ataques”, dice Pinto.
Las disputas de las que habla la directora de la Unidad de Víctimas, que ha desembocado en estas salidas, se han centrado en el Bajo Cauca antioqueño, en el Baudó chocoano (alto, medio y bajo), Putumayo, Nariño, Tumaco, Bajo Calima, Sur de Córdoba y Arauca.
Ante el riesgo inminente de nuevos desplazamientos en distintas áreas del país, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los entes locales para que “se dispongan las medidas necesarias para la atención integral a la población desplazada y para la protección de las personas que están en riesgo de desplazamiento”.
A la petición, Yolanda Pinto precisó que en la Unidad de Víctimas “somos los primeros en cumplir con nuestra ruta humanitaria”.
“No nos dejen solos”
Uno de los líderes consultados por EL COLOMBIANO en una de las regiones más complicadas por el orden público como lo es Nariño, explicó que la amenaza directa es la forma como más desplazan familias o personas en su región.
“Ha pasado que llegan hasta las casas varios de los hombres armados, y como hacían antes, sacan a la gente a la fuerza, les dan unos días para irse o los amenazan de muerte, y si no se van, empiezan por robarles el ganadito, o los cultivos. Conocí un caso de un señor que lo desplazaron porque se oponía a que hicieran minería. También conocí otro caso en el que hace poco un grupo hizo ir a una señora porque necesitaban el área para hacer un gran sembrado”, dice el líder comunitario que pidió reserva de su identidad.
“Lo más urgente para estas (comunidades) es la seguridad, pues estos pobladores no pueden regresar a sus lugares o espacios que habitan mientras sigan las alteraciones del orden público”, indicó la defensora Ingrid Ruisinque.
La presencia de estos grupos y su neutralización, es el reto prioritario que debe asumir el Gobierno para el retorno de las comunidades, más aún, como lo explica el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, porque la salida de las Farc cerró un conflicto político y una parte de la confrontación armada, pero las luchas por las economías ilegales siguen afectando a la población civil.
7.165
personas fueron desplazadas en Antioquia en 2017 según la Unidad de Víctimas.
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