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En El Aro, el fantasma de la masacre aún espanta
Dos décadas después de la incursión paramilitar, las víctimas aún esperan verdad y justicia, y la presencia de un Estado que, dicen, los abandonó.
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22 de octubre de 2017
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Han pasado 20 años desde esa semana del 23 de octubre en la que cerca de 200 paramilitares violaron, torturaron, asesinaron, incendiaron y robaron en el corregimiento El Aro, en Ituango, Antioquia, pero allí el tiempo parece estar estático.
Muchas casas permanecen en ruinas. Las ramas de los árboles cubren parte de la estructura más importante del corregimiento: la iglesia; todavía no hay vía de acceso y solo quedan 42 de las más de 300 familias que solían darle vida a la población.
“Acá es como si apenas hubieran pasado unos meses de esa masacre. Aún el ambiente se siente como si esos paramilitares, que se quedaron acá una semana haciendo todo tipo de barbaridades, se hubieran ido hace apenas unos días. ¿Ve como está de solo el pueblo? Así se mantiene, sea semana o fin de semana”, dice Nicolás Zapata, al intentar describir lo que pasa en el casco urbano de El Aro.
Las casas habitadas, incluso algunas otras en cuyo interior solo crece maleza, fueron pintadas y mejoradas en un “intento” del Gobierno y la Fuerza Pública de recuperar el corregimiento. Sin embargo, sus habitantes consideran que no ha sido suficiente para “tapar el abandono” en el que están.
Eso es lo que piensa María del Socorro Posada Cuadros, quien confiesa que le gustaría irse a otra parte, pero no es capaz de dejar su rancho, en el que nació y se crió. “Acá por lo menos sabe que a los tropezones se consigue el arroz para comer, pero no le miento cuando le digo que acá ahora hay más pobreza que antes de la masacre. Había más gente, más comercio, mucha más vida, ambiente. Ahora solo se ven pobreza y abandono”.
La mayor parte de la población cuenta con energía, el servicio de acueducto es precario, tan precario como las instalaciones de la institución educativa y el puesto de salud.
Son 40 minutos lo que se tarda un helicóptero desde Medellín hasta El Aro; en ese mismo tiempo, quienes viven allí, no alcanzan a recorrer a pie o a caballo ni la mitad del camino de herradura que los separa de la vía transitable más cercana o del río Cauca. Están aislados.
“Puerto Valdivia (corregimiento del municipio Valdivia, ubicado en la troncal a la costa Atlántica), es la población más cercana que tenemos, porque Ituango está a mucho más tiempo. Para allá salimos es cuando hay algún enfermo grave, no más”, agrega Rosalba Chavarría Hernández, quien se identifica como una mujer “nacida, criada y sufrida en El Aro”.
Agrega que salir al puerto (Puerto Valdivia) les puede tomar hasta cuatro horas (tres caminando y una en lancha), mientras que ir a Ituango requiere una hora y media de camino hasta la vía que EPM utiliza para las obras de Hidroituango. “De ahí se puede tomar transporte hasta el municipio, pero solo martes y jueves que es cuando se autoriza por parte de EPM, aunque si uno va con un enfermo se puede cualquier día”.
Los habitantes coinciden en que una vía de acceso podría ser la solución para que El Aro supere décadas de atraso y, por fin, se dé un paso que ayude a dejar atrás las secuelas de la masacre.
Luz Marina Pinilla es la dueña de una de las dos tiendas que tiene el corregimiento. A ella, como a otras familias que viven allí, no les tocó la masacre de hace 20 años. “Yo llegue desde Santa Rita. De allá nos fuimos por miedo y escuchamos que acá estaba muy solo y no había tiendas, entonces me dio por venirme para acá y abrir la tiendecita”.
Sin embargo, sobrevivir no ha sido fácil, confiesa Luz Marina: “surtir sin una vía de acceso es muy complicado y no hay casi gente para vender. Acá quienes compran son los soldados, por eso sigo abriendo todos los días”.
La construcción de la carretera desvela a los campesinos, pero ya algunos, como María del Socorro, poco creen en las promesas de los políticos que, según ella, hacen cada vez que los visitan.
“Muchos vienen y prometen. Han llegado de Bogotá, del exterior, de Ituango y nada pasa, solo reuniones y reuniones. Pero déjeme decirle que uno de eso no vive”, recalca.
Autoridades conscientes
El pasado 12 de octubre estuvieron en El Aro el alcalde de Ituango, Hernán Álvarez; el secretario de Gobierno departamental (e), Hugo Alberto Parra, y el comandante de la IV Brigada del Ejército, general Jorge Romero.
Fueron testigos de la realidad que viven sus habitantes, con quienes hablaron y conocieron sus peticiones.
“Da tristeza venir al corregimiento y ver el estado de abandono en el que está. Hay que hacer una gestión bastante grande con la institucionalidad. Hablaremos con el señor gobernador, con los secretarios de despacho que tengan que ver con cada una de las actividades que se requieren acá y la idea es que en menos de un mes regresemos para aportar soluciones”, aseguró el encargado de la Secretaría de Gobierno de Antioquia.
La alcaldía municipal está comprometida con hacer mejoras en temas como vivienda y acueducto. Sobre la vía, asegura el mandatario local, solo falta una firma para que sea una realidad. “Hoy por hoy el tema de la vía debe pasar por la firma de la Gobernación de Antioquia para darle paso, porque ya el municipio y EPM asumieron el compromiso”.
La herida que no cicatriza
En El Aro quedan muy pocos que recuerden las horas de terror vividas cuando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que estaban al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, arribaron al corregimiento, dejando una estela de muerte en el camino desde Puerto Valdivia (ver gráfico). Cuando llegaron al corregimiento ya habían dejado tres muertos en las veredas cercanas y habían provocado el desplazamiento de por lo menos 500 personas. El camino a El Aro quedó completamente deshabitado.
Iban, según dijo Mancuso ante Justicia y Paz, a acabar con una facción de las Farc que operaba allí, a rescatar secuestrados y, si era posible, a someter a “Iván Márquez” que se sospechaba estaba en esta zona montañosa y alejada.
Lo primero que hicieron los hombres armados fue reunir a los habitantes frente a la Iglesia. Allí perpetraron los primeros homicidios, pero el terror siguió, a cuenta gotas, hasta el último día de ese mes, cuando ya no había interés en matar a más gente.
Algunos pobladores huyeron como pudieron, pero otros esperaron hasta el final para poder lavar y enterrar a los 17 muertos.
La Fuerza Pública llegó solo 15 días después de la masacre. “Ninguna ayuda les prestó a los pobladores mientras se perpetraba ésta, a pesar de que duró 10 días y desde el domingo 26 de octubre se tuvieron las primeras informaciones de lo que estaba sucediendo, las cuales se transmitieron a la Gobernación de Antioquia, entonces a cargo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a la base militar de Santa Rita y al Batallón Girardot, que estaba bajo el mando del coronel Germán Morantes”, aseguró el Tribunal Superior de Medellín en una de sus sentencias.
Para quienes aguantaron el tormento que ocasionaron los paramilitares esa semana era claro que la Fuerza Pública sabía lo que estaban haciendo las autodefensas, e incluso hubo complicidad, ya que cuando los hombres se estaban quedando sin provisiones un helicóptero artillado de los que utilizan las Fuerzas Militares aterrizó en El Aro, les suministró municiones y recogió a uno de ellos herido, según describe la sentencia.
Así va la justicia
Hasta el momento, aparte de los exparamilitares postulados a Justicia y Paz, han sido condenados por estos hechos el teniente coronel Jesús María Clavijo, y un cabo del Ejército.
Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la complicidad y omisión en esa masacre, ya que el Ejército y la Policía no hicieron nada por proteger la integridad de los campesinos.
La Corte ordenó a Colombia “remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Ituango”. Sin embargo, desde entonces poco ha pasado.
El Tribunal Superior de Medellín y la Fiscalía General de la Nación compulsaron copias para que la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investiguen la posible relación del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia, en los hechos ocurridos durante esa semana. Pero no ha sido llamado a declarar por ninguna de esas instancia. EL COLOMBIANO lo llamó en varias ocasiones pero no obtuvo respuesta.
¿Y la reparación?
Las víctimas siguen reclamando verdad y reparación, ya que en Justicia y Paz, por parte de Mancuso, solo recibieron señalamientos y estigmatización como guerrilleros.
En el marco de la reparación, desde la Unidad para las Víctimas, explicaron a EL COLOMBIANO que los afectados del corregimiento El Aro “han accedido a las medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución, indemnización y garantias de no repetición”. Sin embargo, en la actualidad no se ha formulado un Plan Integral de Reparación Colectiva, agregan.
En medidas de reparación individual, se ha realizado el acompañamiento a 75 personas en el retorno o su reubicación, 11 personas han recibido la reparación administrativa, aún así, apenas se están adelantado con la comunidad las actividades de diagnóstico del daño, encaminadas a identificar lo causado por los hechos victimizantes.
Así como los procesos judiciales no avanzan, la reparación ha sido lenta. Es como si el tiempo se hubiera detenido aquel 22 de octubre de 1997 y El Aro estuviera condenado a vivir para siempre en el siglo pasado, con los fantasmas de una masacre que aún espanta en sus calles tan vacías.
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