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Una vez terminadas las zonas veredales de transitorias de normalización el pasado 15 de agosto, la seguridad de los excombatientes, y de la misma población, es un reto para el Estado colombiano y una preocupación para las Farc.
El asesinato de 12 exguerrilleros (uno de estos ayer) y 11 familiares de estos, más las amenazas de grupos armados organizados o bandas criminales latentes en eso 26 espacios que se convirtieron en zonas de capacitación para las comunidades, llevó a que desde el Ministerio de Defensa se clasificarán en prioridades de seguridad alta, media y baja, para determinar la estrategia de protección.
Luis Carlos Villegas, jefe de esta cartera, precisó que se tendrán policías especializados en investigar, otros se encargarán del tema de infancia y adolescencia y manejaran temáticas como prevención del consumo. “Tendremos una unidad permanente de carabineros para solucionar problemas entre vecinos o que no terminen en riñas, delitos mayores asaltos, robos, etcétera”, aseveró Villegas.
De las 26 zonas de capacitación, 10 fueron catalogadas como “alto riesgo”. Hasta estos territorios se trasladarán 500 soldados del Ejército nacional para cada área; cuatro entraron en la lista de seguridad media, y otras 12 se les rotuló de baja peligrosidad. Para las dos últimas se destinarán 200 militares en cada zona. (Ver mapa). En total, serán cerca de 10.000 soldados encargados de la seguridad.
A este esquema, añadió Villegas, se sumarán 40 agentes de Policía en cada una de los espacios de capacitación y contará además con un Inspector de Policía, quienes serán los encargados de la solución de conflictos y los asuntos de convivencia.
Además, para todo el país se pone a disposición un Cuerpo Élite de Policía conformado por 1.088 de los mejores agentes, de los cuales 120 se concentrarán en las investigaciones que se realizarán de manera conjunta con la Fiscalía.
“Se estimaron factores como la presencia de crimen organizado, Eln, crimen residual organizado de las Farc o de otra amenaza medioambiental, si es que hay que proteger un parque natural”, expresó el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo.
Como lo publicó EL COLOMBIANO, en el artículo Autoridades Autoridades deben enfocarse en los nuevos grupos armados, publicado el 25 de junio, en las áreas de Remedios (Antioquia), Tibú (Norte de Santander), Tierralta (Córdoba) y Arauca, las bandas criminales como el Clan del Golfo, y otras estructuras ilegales buscan copar los territorios dejados por las Farc y han comenzado a reclutar disidentes para sembrar minas antipersonal.
La última muerte de uno de los excombatientes de las Farc se presentó ayer en el caserío de Puerto Jordán, en Tame, Arauca. Brutney Alfonso Ávila, conocido en la guerrilla como “Chonchon”, fue asesinado por hombres armados que se desplazaban en una moto.
Después de conocer la muerte de “Chonchón”, el delegado de las Farc, Iván Márquez, envió una solicitud al Gobierno nacional: “Le pedimos que actúe a través de las instituciones correspondientes para poner fin a la matanza de ex guerrilleros y milicianos. No más exterminio como ocurrió con la UP”.
Para el analista del conflicto armado y asesor del Programa de Desarrollo para la Paz, Prodepaz, Luis Eduardo Celis, las medidas presentadas por el Gobierno para la protección son válidas, pero también deberá realizarse un análisis profundo y establecer quién los están matando y por qué.
“Hay tres tipologías: una, los opositores en territorio, lo que no están de acuerdo con la implementación y dicen que los van a matar; dos, los enemigos que les cobrarán deudas; y tres, los que los asesinarán por no incorporarse a la ilegalidad”, dijo Celis.
El reto es complejo, concluye el analista. Sin embargo, con estas medidas, el Gobierno buscará proteger a los excombatientes en función de cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz.