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A escasos seis meses de que termine el marco legal de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), todavía no se sabe qué pasará con los excombatientes que llevan dos años viviendo en los sitios construidos por el Gobierno.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación en el informe que entregó hace pocos días al Consejo de Seguridad: “Será importante que toda decisión que se adopte se base en una comprensión plena de las condiciones de los distintos ETCR, así como de las de otros puntos de reagrupamiento rurales y urbanos, habida cuenta, en particular, de los notables retrasos en la reincorporación productiva que se han registrado”.
De los 24 ETCR, seis presentan niveles satisfactorios de servicios, seguridad y actividad económica, en 12 las condiciones son menos satisfactorias y, en los otros, el nivel es inadecuado, según la ONU. A lo que hay que agregarle otros 21 nuevos puntos de reincorporación a los que los excombatientes se han ido en busca de oportunidades.
“La reincorporación apenas está comenzando, aún está en la fase de preparación de los excombatientes para la vida legal. Todo esto está en marcha”, expresó Luis René Medina, delegado de Farc ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), máxima instancia de discusión entre el Gobierno y el partido acerca de la resocialización.
Raúl Rosende, jefe de verificación de la Misión de la ONU, manifestó que “es muy importante que se tome una decisión sobre lo que va a pasar lo antes posible, para que la gente sepa a qué atenerse”, ya que en agosto dejarán de recibir cada mes el 90 % del salario mínimo, como estaba en el Acuerdo.
Para el alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, es importante superar la temporalidad de esos sitios que “fueron pensados originalmente para seis meses y después se aplazaron por dos años. Pensamos que no sería conveniente para el proceso extender ese tiempo después de agosto”. Y agregó que algunos deberían ser utilizados para la ejecución de los proyectos productivos y otros como viviendas, pero hay unos donde legalmente no se puede hacer nada.
Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, explicó que hay varias dificultades para mantener los espacios territoriales: la primera es que el Gobierno Nacional debe el arrendamiento en varios de ellos, y los dueños de los predios piden que los compren o más bien los devuelvan.
Además, según Ramírez, la mayoría de las personas que viven en los ETCR, especialmente de Antioquia, no son excombatientes sino familiares o amigos, algunos incluso alquilan las viviendas y viven en otros lugares, lo cual no era el objetivo.
Y agregó que la tercera dificultad es la seguridad, porque si los ETCR se prolongan en el tiempo, se hace necesario que se construyan batallones del Ejército o estaciones de Policía en esas veredas, y actualmente no se cuenta ni con los recursos económicos ni con los hombres para tener presencia de la Fuerza Pública permanente.
Según el informe de Guterres, el cierre del ETCR de Vigía del Fuerte (Antioquia), en abril de 2018, “tuvo un efecto muy negativo en la reincorporación y la seguridad de los excombatientes”.
Mientras el Gobierno Nacional toma la decisión frente al futuro de esos lugares, los excombatientes formulan proyectos productivos para garantizar ingresos sostenibles, si es que llegan a quedar a la deriva.