Estado reconoce su responsabilidad en asesinato de tres jóvenes en Arauca

  • La pesquisa sobre los hechos había sido cerrada por el Tribunal Superior Militar en 2003, pero fue asumida por la Fiscalía en 2007. FOTO COLPRENSA
    La pesquisa sobre los hechos había sido cerrada por el Tribunal Superior Militar en 2003, pero fue asumida por la Fiscalía en 2007. FOTO COLPRENSA
COLPRENSA | Publicado el 22 de julio de 2018

Con un acto solemne en el municipio de Saravena (Arauca) el Estado colombiano aceptó este domingo su responsabilidad y pidió perdón por el asesinato de tres jóvenes por uniformados del Ejército Nacional, hechos que se presentaron el 10 de enero de 1997 en esta población.

El acto se llevó a cabo en memoria de Óscar Orlando Bueno Bonnet, Jefferson González Oquendo y Jean Carlo Cavarique, quienes para la época de los hechos eran menores de edad. Según la investigación, los jóvenes transitaban en dos motocicletas en horas de la noche por el casco urbano del municipio de Saravena, cuando fueron interceptados por miembros del Grupo de Caballería Mecanizada Reveis Pizarro, quienes procedieron a dispararles.

En ese momento, los jóvenes se bajaron de las motocicletas y empezaron a correr. Óscar Bueno, luego de ser herido por uno de los soldados, avanzó 200 metros aproximadamente, donde fue alcanzado por uno de los agentes, quien le disparó con un fusil en repetidas ocasiones causándole la muerte.

Por otro lado, Jefferson González fue perseguido por otro de los soldados a lo largo de tres calles hasta el jardín de una casa en donde recibió varios disparos, ocasionándole la muerte. Finalmente Jean Carlo Cavarique fue puesto contra un muro y acribillado por otros uniformados.

Por estos hechos, el 13 de mayo de 1998, el juzgado penal militar abrió investigación formalmente contra un cabo, un teniente y un soldado de la institución, quienes pertenecían a la patrulla del Ejército adscrita al Batallón Reveis Pizarro por el presunto delito de homicidio en combate; sin embargo, la investigación fue cerrada el 5 de marzo de 2003 por orden del Tribunal Superior Militar.

Posteriormente, el 26 de febrero de 2007, la Fiscalía 20 Penal Militar dispuso el envío del expediente a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, y en la actualidad el caso se encuentra en etapa de juicio.

El proceso judicial fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1998 debido “a la falta de idoneidad” de la Justicia Penal Militar para conocer de las violaciones a los derechos humanos, pero solo hasta el 2015 se logró llegar a un acuerdo entre las familias de las víctimas y el Estado Colombiano.

En ese sentido, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación al derecho a la vida y a la integridad personal, por esa razón se acordaron unas medidas de reparación entre las que se encuentran, el acto de responsabilidad y perdón público, en la que se debe garantizar la participación de los familiares de las víctimas atendiendo a que es una medida de reparación simbólica.

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