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Detenido permanece el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, a la espera de que mañana la jueza Alicia Otazo Reyes, del Distrito Sur de Florida determine si lo mantiene en una cárcel o permite la libertad bajo fianza.
Y esto, mientras se resuelve o niega la extradición a Colombia, proceso que el gobierno estadounidense activó en la mañana de ayer en Weston (Florida) del exalto funcionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre 2005 y 2009.
Hans Burgos, abogado defensor de Arias, explicó ayer a periodistas a la salida de una audiencia preliminar que la extradición fue firmada por el juez John O’Sullivan. Él definirá si procede, o no, el envío de Arias a Colombia.
La Corte Suprema de Justicia lo requiere tras condenarlo en julio de 2014 a 17 años y 4 meses de prisión. La petición de revisión del fallo fue negada en julio pasado.
Cabe recordar que el alto tribunal encontró responsable al exministro Arias de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación de contratos en el sonado caso del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), en que algunos beneficiarios abusaron del esquema de subsidios.
La misma persecución política del gobierno de Juan Manuel Santos, que entonces alegó Arias, será la principal defensa para evitar una extradición y que, por el contrario, se admita el asilo político solicitado a Estados Unidos desde hace dos años, país al que viajó el exministro antes de hacer efectiva su captura.
Alegan presiones
“La extradición no es permitida cuando la motivación por la condena es política”, alegó ayer Burgos. También fuentes cercanas al proceso señalaron a este diario que la defensa jurídica de Arias ya escaló a tribunales internacionales de Derechos Humanos que limitarían la extradición y aseveran que es fruto del cambio de estrategia del gobierno colombiano al no lograr conseguir que la Interpol (Policía Internacional) expidiera la circular roja y hacer efectiva su captura. En ese sentido, ayer la Cancillería no se pronunció.
Sin embargo, Juan David Posada Segura, coordinador de la especialización en Derecho Penal de la Universidad de Antioquia, precisó que si bien la Cancillería realiza la solicitud, no la hace por voluntad propia, sino por solicitud de la Corte Suprema de Justicia ante el organismo legalmente autorizado en Colombia para comunicarse con otros estados.
“Como suele funcionar el sistema estadounidense, si se decidió aplicar una privación de libertad es porque hay alta probabilidad de que ya fue evaluado la solicitud de asilo y ahora decide inclinarse por la solicitud de extradición”, añadió el académico.
Pero desde el Centro Democrático se considera la captura como una “infamia más del gobierno Santos, una prueba más de la persecución política a la oposición democrática, justo el día en que se anuncia un acuerdo de impunidad con las Farc”, aseveró la senadora uribista Paola Andrea Holguín Moreno.
Su compañero de bancada, Alfredo Ramos Maya, espera que Estados Unidos no se preste a las presiones del gobierno colombiano: “siempre hemos creído en la honestidad de Andrés Felipe”.