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El desplazamiento forzado que se ha presentado en Cáceres en los últimos 30 días, con registro de 1.500 personas expulsadas de su territorio según el Ministerio del Interior por los combates entre estructuras ilegales, es un fenómeno que no se presentaba en tal magnitud desde el 2004, uno de los años con mayor desplazamiento según la Unidad para las Víctimas.
Entre las razones esgrimidas por la comunidad afectada por la expulsión del territorio, es la posible salida de la zona de la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo, y según uno de los líderes comunales quien pide reserva del nombre por temor a represalias, “desde que ellos (los soldados) salieron vimos un incremento de la inseguridad y quedamos a merced de estos grupos”.
Considerando el riesgo de estas comunidades y su deseo de no retorno mientras no tengan garantías de seguridad, el general Alberto Sepúlveda Riaño, comandante de la Séptima División del Ejército, explicó que 300 hombres “fueron insertados en diferentes puntos del área rural del municipio de Cáceres, particularmente en las zonas donde se ha presentado el desplazamiento y en las veredas en las cuales se estaban presentando amenazas y presencia de delincuentes como el Clan del Golfo, los Caparrapos y el Eln”.
La ofensiva militar contra las estructuras armadas e ilegales que están causando el desplazamiento forzado, será reforzada con el acompañamiento de aeronaves de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional para llegar de manera rápida a zonas donde se presenten acciones violentas, Inteligencia Militar para afectar la estructura,
Además, informó el alto mando militar, se realizarán intervenciones con la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Gobernación de Antioquia, para brindar “todas las herramientas y garantías necesarias para el pronto retorno de las familias afectadas”.
En su último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, registró que las veredas con mayor afectación son Anará, San Francisco, Bejuquillo, El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario.
“Instamos al Estado a que evalúe la efectividad en la implementación de la política de prevención y protección de las personas, pues hasta ahora las medidas adoptadas han sido insuficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia”, expresó Rocío Castañeda, vocera de Acnur.
Por esta razón, en la tarde de ayer se realizó un consejo de seguridad con presencia del ministro del Interior, Guillermo Rivera, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y autoridades civiles y militares.
“Se hará un dispositivo de la Fuerza Pública para garantizar protección a los ciudadanos del Bajo Cauca, será puesta en marcha en los próximos días. La Unidad de Víctimas desde el nivel Nacional manejará la ayuda humanitaria y se buscará garantizar la prestación de servicios básicos a esas personas desplazadas”, expresó Rivera.