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Un grupo de religiosas se acercó a una mesa del movimiento ciudadano No+, afín al Partido Centro Democrático, en Envigado, y estamparon sus rúbricas en una planilla, que quedó con varios Sor... y el número telefónico repetido de un convento.
El hecho ocurrió el sábado, cuando inició la recolección de firmas en 21 ciudades capitales del país, 15 ciudades de Estados Unidos y 29 municipios antioqueños, con las que pretenden presentar una demanda de constitucionalidad contra el futuro plebiscito refrendatorio del acuerdo final entre el Gobierno y las Farc.
De esta manera se empezaron a materializar las estrategias de movilización esbozadas por el expresidente y senador Álvaro Uribe, cuando invitó a quienes no comulgan con los diálogos de Cuba a declararse en resistencia civil “pacífica, pública, argumentada”, dentro “de la institucionalidad democrática”, como lo explicó en entrevista con este diario el pasado 13 de mayo.
Aunque hace una semana la representante Regina Zuluaga (Centro Democrático), habló de que la meta era convocar por el No al plebiscito a los 7 millones de ciudadanos que votaron por Óscar Iván Zuluaga en las presidenciales de 2014, los inconformes aspiran a recoger, al menos, un millón de apoyos en los dos meses que durará la firmatón.
Por el momento los organizadores no se atreven a aventurarse con cifras parciales, puesto que no han hecho un consolidado nacional y muchos voluntarios no ha entregado las planillas en los puntos de recepción. Hasta el momento han sido descargadas de la página web del movimiento entre 8.000 y 9.000 planillas, cada una con 16 líneas para las rúbricas. Esto sin contar las posibles copias que hayan hecho a esas hojas los activistas.
Para Claudia Bustamante, vocera del No+, pese a que es una época fría, por la cercanía a las vacaciones, la iniciativa tiene una aceptación inesperada. Aclaró que, pese a que circulan muchas motivaciones para lograr las firmas, hace varias semanas publicaron la proclama oficial en medios físicos y virtuales del por qué y para qué.
“En la ‘proclama por la paz que queremos’ no hay nada diferente a lo que hemos venido diciendo durante cuatro años de oposición. Una vez recojamos las firmas iremos a la Corte Constitucional a demandar el Acto Legislativo, que pretende que un acuerdo que no conocemos haga parte de la Constitución. Y como dice en la parte superior de la planilla, también las enviaremos ante organismos internacionales y los países garantes”, agregó Bustamante.
Al respecto Francisco Barbosa, docente de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, expresó que si bien la Corte deberá responder la futura de demanda de constitucionalidad, no existen mecanismos internacionales que la acojan, entre otras cosas porque la Comisión Interamericana no admite ninguna discusión que implique convertirla en una instancia más de decisión en el país; además, porque se trata de un acto soberano.
“La Corte Penal Internacional tampoco podría actuar porque no hay responsabilidad por ningún delito. Lo único que se puede hacer es un escándalo y tratar de buscar algún organismo que los acompañe”, precisó.
Según el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional tendría 180 días para decidir sobre esta demanda y en momentos en los que el Gobierno quiere sincronizar los tiempos del proceso, esto podría dilatar, al menos un par de meses, la puesta en marcha del acuerdo final.
De otro lado, algunos ciudadanos se han acercado a firmar para solicitar la renuncia del presidente Juan Manuel Santos. Sobre si esto no sería crear una falsa expectativa, puesto que no existe la revocatoria presidencial, el No+ precisó que esa no es la finalidad de las firmas. Al inicio planearon presentar un derecho de petición pidiendo la salida del mandatario, respaldado por los firmantes, pero ya esa idea fue descartada.
Sobre el particular el exmagistrado José Gregorio Hernández, dijo que si bien en la Constitución no está prevista ni la revocatoria ni el referendo para tumbar al presidente, los ciudadanos sí se pueden expresar pidiendo la renuncia, en virtud de la democracia participativa.
“Es una decisión autónoma y libre del presidente. Eso no tiene sino un efecto político, no jurídico. El presidente solo tendría que responder, si se trata de un derecho de petición, que a él no le interesa renunciar”, enfatizó Hernández.
Bustamante precisó que lo que están haciendo no va a frenar la firma en La Habana, como tampoco lo hizo la marcha del pasado 2 de abril, pero que ante la no existencia de herramientas jurídicas, pero sí políticas, acuden a la voluntad popular.
Los académicos consultados por este diario coinciden en que pese a que las firmas no son vinculantes, son una estrategia bien pensada para calentar motores ante una posible campaña por el plebiscito por la paz, además mandar un campanazo de alerta a la mesa de La Habana.
Según José Olimpo Suárez, coordinador de la Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana, se trata de una jugada política muy inteligente del Centro Democrático, porque tiene dos efectos: el primero es que a La Habana llega la noticia, y eso no le gusta a los delegatarios porque va contra la refrendación.
“Si hay plebiscito el CD parte ya con miles de firmas para rechazar los acuerdos de paz; no todos se podrían traducir en votos, pero ante la ciudadanía ya cuentan. Esa recolección no tiene ningún efecto legal, pero es una constancia política importante”.
El segundo efecto, según Suárez, es el político, que obligaría a Santos a hacer más concesiones de las que se han dado, porque le dirán en La Habana que la oposición va a ser muy fuerte. Esto también podría agilizar el acuerdo.
Sobre la polarización que ha generado este ejercicio el analista, afirmó que hace cuatro años el Gobierno inició una adjetivación contra quienes no apoyaban el proceso, que hoy se hace más notoria: “fachistas, mano negra, enemigos agazapados de la paz y guerreristas”. Esto es “desafortunado porque no convoca. La gente no está complacida con la paz porque hubo un error inicial: hacerla con un grupo, y no con la mayoría”.
Por su parte el investigador Gustavo Duncan, del Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit, dijo que es una clara estrategia de oposición del uribismo sobre lo que se va a firmar con las Farc. Agregó que aunque el proceso está “demasiado cocinado” y no se va a dar afectación en la recta final de los diálogos, sí es un peligro para el plebiscito si la firmatón se vuelve masiva.
“El uribismo va a quedar como si no quisiera el proceso de paz, cuando en realidad lo que quieren es que no se hagan tantas concesiones a las Farc y que estas reconozcan más víctimas y paguen cárcel antes de participar en política. Esta es la muestra de que existe un sector que quiere que se hagan mayores exigencias a la guerrilla”.
Al respecto Andrés Felipe Bernal, investigador de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda, precisó que si bien puede ser un mecanismo simbólico que no tendrá verificación de ninguna institución, “sí buscará respaldar la demanda de inconstitucionalidad del Acto Legislativo. En ese sentido, la Corte podría asumir que la petición está respaldada por el constituyente primario y generar tensiones sobre la intensidad del control judicial que debe realizar sobre el mismo”.
La vicepresidenta primera del Senado, Nidia Marcela Osorio (Partido Conservador), argumentó que la firmatón que propone el Centro Democrático es una decisión autónoma y que de eso se trata la democracia, de garantizar el principio de contradicción, pero que no logrará afectar el proceso de paz, toda vez que el verdadero resultado se verá en la urnas.
“Todo proceso de paz, despierta expectativas. El expresidente Uribe hizo un acuerdo con los grupos paramilitares, y el país no se acabó. Hacer un proceso con los grupos guerrilleros no significa buscar venganzas, para alimentar más odios, significa garantizar el derecho fundamental a la igualdad y a la paz. Este país no resiste más polarizaciones. Esa firmatón puede interpretarse como una forma de creer que en Colombia hay grupos políticos dueños de verdades reveladas”, añadió Osorio.
Por su parte la senadora Sofía Gaviria, codirectora del Partido Liberal, aseguró que la iniciativa del CD es un medio válido de ese partido para sondear el apoyo con el que cuenta en la sociedad: “estoy de acuerdo con la libertad de los ciudadanos para expresar sus ideas y con la de los partidos para adelantar iniciativas pacíficas que busquen causar un impacto hacia el fortalecimiento de sus ideas”.
Para el senador Antonio Navarro Wolff (Alianza Verde), “la firmatón es una actividad en el marco de la resistencia civil que declaró el CD. Busca mantener movilizado ese partido político. No creo que tenga otro efecto que sentar una posición política”.
Sobre el particular el congresista Nicolás Albeiro Echeverri (Partido Conservador), dijo que todas las manifestaciones democráticas y pacíficas frente a la opción de convocar para defender unas ideas es respetable, pues el país necesita participación, pero que sí dificulta un proceso que ha sido “complejo” y “traumático” y que lo menos difícil ahora será la firma
“La falta de conocimiento y de cultura política es aprovechada por este tipo de llamamientos sin una pedagogía clara de qué es lo que debe seguir hacia la construcción de un país en paz, con mejores estándares de productividad, competitividad y desarrollo de los territorios (...) pero manda un mensaje al Gobierno y a las Farc de que hay sectores de la sociedad que no están de acuerdo con lo que se negocia en La Habana”.
Echeverri agregó que la firmatón es una manera de ir calentando motores para que un sector de la población rechace el plebiscito o el mecanismo de refrendación que se escoja, sobre los que todavía no hay mucha claridad en el país pero que se espera que se vaya avanzando en esto.
En contraposición el representante Edward Rodríguez (Centro Democrático) manifestó que lo que buscan con este mecanismo es empoderar a los colombianos para que, de manera cívica y respetuosa, hagan un profunda reflexión sobre lo que se está negociando en La Habana.
“Cada vez más cosas se suman al inconformismo. Lo último fue el Acto Legislativo, que le concedió poderes absolutos al Gobierno y elevará los acuerdos con la guerrilla al bloque de constitucionalidad. Si bien no se generan implicación jurídica sí es un mecanismo de presión de parte de la ciudadanía, para que la Corte Constitucional tome vocería sobre las demandas de quienes no estamos de acuerdo”, apuntó Rodríguez.
Mientras en los puntos de recolección de firmas en todo el país no se han presentando hechos de orden público, en las redes sociales los ánimos se encuentran subidos de tono. Ataques van y vienen.
El detonante lo generó un fotomontaje donde se ve en la parte superior a activistas del No+ descansando en un establecimiento público, con prendas de la campaña y las planillas en la mesa, y en la parte de abajo a un grupo de mujeres que observan a sus hijos asesinados en medio del conflicto.
La imagen lleva la siguiente leyenda: “las que piden la guerra” (arriba) y “las que ponen los muertos” (abajo). Si no hubiera sido porque fue retwiteada por Martín Santos, el hijo del presidente, no habría generado debate.
En dos meses serán contabilizadas las firmas estampadas en todo el país y en Estados Unidos, y aunque ninguna autoridad verificará si hay refrendas repetidas o si alguna está por fuera del censo electoral, el total será un instrumento con el que la oposición buscará legitimar su discurso, de cara a las elecciones del plebiscito. La Corte también podría sopesar el respaldo popular a la iniciativa .