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La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra María Margarita Useche Molina, expareja sentimental del exfiscal Rodrigo Aldana Larrazabal, quien es investigada por recibir un inmueble por parte del exsenador Otto Nicolás Bula Bula.
La Fiscalía reveló ante el Juzgado Séptimo de Conocimiento de Bogotá que Useche Mólina recibió un apartamento como parte de pago de “un favor” que le hizo el exfiscal Aldana Larrazabal al exsenador Bula Bulla, el cual consistía en obstruir un proceso de extinción de dominio que pesaba sobre los hermanos Meyendorff.
El fiscal quien expuso el escrito de acusación indicó que el exfiscal “tenía la obligación legal de entregar todas las carpetas con los procesos de extinción de dominio en regla, entre ellas la de los hermanos Meyendorff, para iniciar su proceso, pero decidió hacer caso omiso al mismo”.
Según la Fiscalía, Aldana al hacer caso omiso al proceso expuesto anteriormente dio pie para que Useche Mólina recibiera un lujoso apartamento ubicado en el edificio Pentagrama, en el norte de la capital del país.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía el inmueble que le fue otorgado a la mujer estaba avaluado en más de 235 millones de pesos que habrían sido cancelados en efectivo por el exsenador, hoy capturado, por el escándalo internacional que involucra la empresa brasilera Odebrecht.
El ente acusador indicó que luego de la captura del exsenador Bula Bula se evidenció una serie de documentos que relacionaban a Useche Mólina como propietaria del inmueble, por lo que la Fiscalía General le imputó los delitos de cohecho propio, enriquecimiento ilícito y asociación para la comisión de un delito.
Estos cargos no fueron aceptados por Useche Mólina por lo que la Fiscalía resolvió iniciar el proceso prepatario de juicio contra la imputada. Dicha diligencia se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de noviembre cuando se conocerán más pruebas en contra de la misma.
Por estos mismos hechos el exfiscal Aldana Larrazabal fue condenado el 26 septiembre a nueve años, un mes y seis de prisión. La decisión estuvo en manos del magristrado, José Luis Barceló, miembro de la Corte Suprema de Justicia.