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Habrá pesquisa en La Guajira

15 de febrero de 2017
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En medio de los rumores sobre las decisiones que el Ejecutivo tomaría para solucionar de una buena vez la crisis en La Guajira, la Corte Constitucional ordenó ayer la realización de una inspección judicial en el departamento, para verificar de primera mano la situación sobre falta de atención en salud, falta de acceso al agua potable y a alimentos por parte de los niños del Pueblo Wayúu.

Una comisión de la Corte realizará entre el 20 y el 22 de febrero audiencias e inspecciones judiciales en distintos sectores, en cabeza de los magistrados Aquiles Arrieta Gómez, Alberto Rojas Ríos, Alejandro Linares Cantillo y Jorge Iván Palacio Palacio.

La visita iniciará en Puerto Estrella, donde los magistrados inspeccionarán el estado de la planta desalinizadora de esta localidad y realizarán una primera audiencia pública con los palabreros de la zona.

Posteriormente, los magistrados realizarán inspecciones judiciales de las instalaciones del Centro Zonal del ICBF y del Hospital de Nazareth. Luego, se hará una audiencia pública en Tawaira con las autoridades tradicionales de la zona.

Para estas diligencias se contará con el acompañamiento de la Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la zona norte de la Alta Guajira Wayuu Araurayu. El 21 de febrero, el despacho del magistrado Arrieta continuará hacia la comunidad de Zucaramana, cerca a Bahía Portete, y posteriormente visitará comunidades de Manaure. En esta última diligencia se contará con el acompañamiento del Consejo Superior de Palabreros.

Por último, el 22 de febrero, la Corte visitará comunidades cercanas a Riohacha y realizará una audiencia pública en el Centro Cultural de Riohacha.

A todas estas diligencias están citadas la Presidencia de la República, los ministerios de Salud, del Interior, de Vivienda, de Ambiente y de Agricultura; así como el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el ICBF, la Superintendencia de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, las autoridades de La Guajira, la Procuraduría y la Defensoría.

Estas diligencias judiciales se ordenaron en el marco del estudio de una tutela que presentó Elson Rodríguez en contra de varias entidades, en donde reclama que se tomen medidas urgentes, de emergencia y prioritarias para proteger a los niños wayúu ante el incremento de casos de muertes .

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