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Por cada guardián, hay 20 reclusos
En la fuga de “el Desalmado” se habrían presentado actos de corrupción, según el director nacional de la Policía. Defensoría denunció hacinamiento del 54%.
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En la última década la población carcelaria se duplicó, al pasar de 62.000 a 118.000 reclusos. FOTO Manuel Saldarriaga
31 de marzo de 2015
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Para fugarse de prisión, Cristopher Chávez Cuéllar necesitó que se juntaran tres factores: una tormenta eléctrica, una celda sin pasador y que nadie descubriera el cortafrío que escondía. Chávez es conocido como “el Desalmado” por cometer uno de los crímenes más estremecedores en la historia reciente del país: asesinó, con un revólver calibre 32, a cuatro menores de edad en Florencia (Caquetá), el cinco de febrero de este año.
“El Desalmado” es un hombre de 42 años que supuestamente era custodiado con estrictas medidas de seguridad en la cárcel Las Heliconias de Florencia. Sin embargo, el domingo en la madrugada logró emprender la fuga hacia Putumayo. Su plan de llegar a Ecuador fue frustrado en la noche de ese mismo día, cuando miembros de la Policía lo encontraron en un caserío ubicado entre Valparaíso y Morelia (Caquetá).
Cuando fue interrogado por la fuga, el director del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Jorge Luis Ramírez, dijo que hubo “deficiencias en la prestación del servicio”, que “un pasador se debió haber colocado” y que se presentó “el ingreso de un elemento prohibido” (el cortafrío). Dijo, además, que “al individuo le ayudó a fugarse una fuerte lluvia que condujo a que la iluminación se disminuyera en ciertos sectores del establecimiento carcelario”. Para garantizar la custodia de Chávez, el director anunció que será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá).
La indignación que generó este episodio creció cuando el director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, señaló que la fuga “debe interpretarse como un cuadro de corrupción por parte de alguno o algunos de los miembros de la guardia penitenciaria de Las Heliconias (...) Esa fuga se produce porque seguramente hubo una cooperación por parte de quienes tienen la obligación de estarlo custodiando”.
¿Corrupción en el Inpec?
La hipótesis de Palomino para explicar este suceso es que existen casos de corrupción en el instituto carcelario y penitenciario. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, no lo niega: “el Desalmado no pudo haber abandonado ese centro penitenciario sin que se haya presentado, por parte del personal encargado de vigilancia, o un hecho de corrupción, o una negligencia de magnitudes asombrosas”.
La cárcel Las Heliconias, según el ministro, “tiene todas las condiciones de seguridad. Si hay descuidos de parte de la guardia o hechos de corrupción es muy difícil que esa seguridad física funcione como debe”. A su voz se sumó la del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, quien señaló que la fuga “devela un hecho de corrupción (...) Hay que empezar a repensar si la seguridad de las cárceles debe seguir estando en manos del Inpec o cederla a la Policía”.
El vicefiscal también reveló que unas semanas atrás, desde la cárcel de Florencia, se le había entregado una carta a las directivas del Inpec donde se advertía “un desinterés de la guardia en garantizar la seguridad de esa cárcel”. Se ha hablado sobre una posible contrariedad entre los guardianes y el director de la cárcel, lo que está dificultando la operación del centro de reclusión.
Horacio Bustamante, presidente nacional de la Unidad de Trabajadores Penitenciarios (UTP), le dijo a EL COLOMBIANO que “ es más que evidente que en el Inpec hay corrupción. Lo que no se puede hacer es culpar a todos los trabajadores. Si de 16.000 funcionarios 200 son corruptos, es necesario tomar medidas para judicializar a los responsables”.
Crisis carcelaria
Si existe corrupción en el Inpec serán las autoridades las que lo determinen. Lo que sí está confirmado desde hace meses es que el sistema carcelario atraviesa por un momento crítico. El vicedefensor del Pueblo, Esiquio Manuel Sánchez, le solicitó al Gobierno Nacional que “declare el estado emergencia social. Con esta medida, el Presidente estaría facultado para expedir una serie de decretos urgentes que permitirían conjurar la crisis”.
El hacinamiento carcelario, según Sánchez, está entre el 53 y 54 por ciento: “el Gobierno no puede seguir poniéndole ‘pañitos de agua tibia’ a esta crisis. En la última década, la población carcelaria se duplicó: pasó de 62.000 a 118.000 reclusos. Este aumento no se ha visto reflejado en un incremento proporcional de personal de guardia”.
De acuerdo con cifras suministradas por la Defensoría del Pueblo, en los últimos 24 meses se han registrado 10 fugas en el país. Un factor que le preocupa a la entidad es que la vigilancia de los 118.000 reclusos es ejercida por 6.172 funcionarios, lo que quiere que un guardia vigila a 20 reclusos, cuando el promedio internacional es de cinco reclusos custodiados por cada guardia.
En las visitas que ha realizado a los centros penitenciarios del país, la Defensoría ha encontrado “que en varios centros de reclusión la custodia de un patio de hasta 100 internos es ejercida por un único funcionario”.
En enero de este año, el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con los sindicatos del Inpec para mejorar las condiciones laborales en las cárceles. Según Bustamante, hay puntos en el acuerdo que no se han cumplido: “ necesitamos 16.000 trabajadores para funcionar adecuadamente. Con el ‘populismo punitivo’ se han incrementado las penas para ciertos delitos. Esto implica mayor capacidad en los centros penitenciarios”.
Otra de las solicitudes que presentó el sindicato es que el Gobierno mejore la infraestructura en 15 establecimientos penitenciarios que, según han denunciado, “presentan serias deficiencias”. De acuerdo con Bustamante, en estos lugares “hay problemas de agua potable, iluminación, fallas en los sensores. Algunos, que comenzaron a funcionar con 400 guardianes, hoy tienen 150. El horario de ellos a veces es de 24 horas”.
En el acuerdo firmado el nueve de enero por los ministros de Trabajo y Justicia, aparece que el Gobierno Nacional “impulsará una reforma legal que les permitirá unificar los requisitos para acceder a pensión para los empleados del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec”. Adicionalmente, el Gobierno se compromete a incrementar “los miembros de custodia y vigilancia” y a implementar “un plan de contingencia y redistribución de la población reclusa, con el fin de recibir los detenidos que se encuentran en las URIS y estaciones de la Policía”.
Para Bustamante, el Gobierno debe comenzar por cumplir este acuerdo para que se supere la crisis carcelaria.
Para el exministro de Juan Carlos Esguerra, la crisis que atraviesa el Inpec estaba anunciada: “ Al principio del Gobierno Santos había un proyecto para construir una serie de mega cárceles en distintos puntos del país. Este proyecto fue empantanándose y no se tradujo en nada. Cada año aumenta el número de reclusos, y por ende, el hacinamiento. Esas obras debieron de estar terminadas en el primer cuatrienio del presidente Santos, pero no sucedió así”.
De acuerdo con el exministro, las reformas que se le han hecho al Inpec “no han sido suficientes”. A este problema se suma el aumento de penas para algunos delitos: “ se debe definir una política carcelaria y reconsiderar algunas decisiones que se toman en caliente; como el aumento de penas. Aumentan las penas pero no se han financiado las nuevas grandes cárceles del país”.
Medidas
En febrero pasado, el director del Inpec dijo que en los próximos cuatro años se crearán 18.000 cupos. Según los planes, serán ampliados 11 establecimientos carcelarios y se construirán nuevas cárceles en Pereira, Santa Marta y Riohacha.
La discusión, ha insistido el director del Instituto, debe centrarse en la política carcelaria. Revisar la detención preventiva es una de las prioridades, pues en las cárceles permanecen personas que no han sido condenadas y que, por la lentitud del sistema judicial, terminan aumentando el número de presos .
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