Contraloría dice que en el Inpec se perdieron $1.800 millones

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COLPRENSA | Publicado el 22 de enero de 2018

La Contraloría General de la República evidenció un hallazgo fiscal por 1.800 millones de pesos en las entidades encargadas de la prestación de servicios de alimentación, vigilancia electrónica, infraestructura y atención en Salud a los presos a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

El ente de control señaló que los 11 hallazgos que se encontraron con la auditoría a esta entidad, “confirman la incapacidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para llevar a cabo su objeto misional”.

En materia de infraestructura física, el ente de control evidenció que la respuesta a los planes de necesidades de reparaciones de los centros penitenciarios del INPEC no ha sido oportuna.

Asimismo, encontró un rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, lo cual se agravaría con la decisión de la USPEC de ejecutar los recursos destinados para ampliación y mantenimiento de infraestructura a través de un contrato interadministrativo suscrito con Fonade, que pospuso nuevamente la puesta en marcha de los planes de mantenimiento de los establecimientos de reclusión.

El organismo también señaló que la USPEC “reconoce un rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, situación evidenciada tanto en el control a la ejecución contractual, como en las visitas efectuadas por la Contraloría a infraestructura carcelaria inaugurada pero que para la fecha de la auditoría, se encontraba pendiente de recibo, como es el caso del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué “Coiba”.

Otras de las irregularidades están en que la infraestructura carcelaria se encontraba en operación sin contar con las condiciones necesarias para su funcionamiento, como el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de El Espinal (Tolima).

Para la Contraloría, la demora de la USPEC para poner en marcha del plan de mantenimiento y la solución oportuna de las reparaciones y atención en materia de infraestructura, motivaron a que el INPEC destinara recursos para celebrar convenios con entidades territoriales, con el fin de intervenir la infraestructura de los establecimientos de reclusión, lo que además de generar posible extralimitación de funciones, lleva a que se puedan estar efectuando duplicidad de inversiones.

“En 2016 el INPEC suscribió 8 convenios por valor de $130 millones, y 38 convenios en 2017 por valor de $2.009 millones, para realizar intervención a la infraestructura carcelaria a nivel nacional, competencia que ahora corresponde a la USPEC, lo que lleva a la configuración de una presunta extralimitación de funciones”, indicó el ente de control.

En cuanto al servicio de vigilancia electrónica el ente de control evidenció que lo contratado solo cubre a un porcentaje aproximado del 10% del total de la población con medidas de aseguramiento o penas privativas de la libertad extramural

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