viernes
7 y 9
7 y 9
Con su rúbrica en la resolución ejecutiva 086, el presidente Juan Manuel Santos autorizó que el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno pueda ser extraditado rumbo a Estados Unidos, en cualquier momento desde ahora.
“La entrega corresponde a la DEA y la Fiscalía en un trámite de ejecución material... es cuestión de días”, avisó Enrique Gil, ministro de Justicia.
Según el documento, este acusado, quien es pieza clave del escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, habría cumplido con todos sus deberes con las autoridades colombianas en el esclarecimiento de este caso, conocido como el Cartel de la Toga.
Sin embargo, deja en claro que en el evento de que sea requerido por Colombia, las autoridades gozarán de mecanismos de cooperación judicial internacional para ello.
Desde el principio, Moreno ha basado su estrategia legal en una colaboración irrestricta en procura de un acuerdo con la justicia que le salve de pasar décadas tras las rejas.
Para ello, en el inicio de su negociación anunció que prendería el ventilador sobre la red de cobros por favores judicial entre políticos y magistrados de la Corte Suprema, y que en esto salpicaría a 26 personajes públicos.
Quienes han resultado más impactados por las declaraciones del exfiscal han sido los exmagistrados Francisco Ricaurte, (ante la Fiscalía), Leonidas Bustos y el magistrado Gustavo Malo (ante la Comisión de Acusaciones).
Justamente este último se encuentra en la fase final de su juicio en el Congreso y hoy, el Senado evaluará los cuatro cargos que le elevó por corrupción la Comisión.
Al preguntarle si en efecto, le han cuestionado suficiente al exfiscal, el presidente de la Comisión, Fabio Arroyave, aseguró que “en su momento enviamos una carta en la que solicitamos que no fuera extraditado sin terminar de colaborar. Ese pedido fue respetado”.
Parte de la declaración de Moreno sirvió para robustecer la acusación contra Malo y Bustos, los dos procesos en los que ha colaborado. Sin embargo, sobre este último aún no hay certeza de cuándo se conocerán decisiones, pues este extogado ha desplegado “todo un arsenal probatorio” que ha hecho lento el avance de su investigación, relataron desde el interior de la Comisión.
Por parte de Ricaurte, el ventilador de Moreno ayudó a que este exmagistrado fuera enviado a prisión por la Fiscalía, quien está tratando su actuación como abogado mas no como parte de la Corte.
En el ente acusador se registran dos procesos contra Moreno, del primero ya hay una condena de la Corte Suprema de Justicia por cuatro años y diez meses de prisión, en la que no se contempla ningún beneficio por su colaboración con el caso, según lo aseguró su abogado, Pedro Aguilar.
En la sentencia, Moreno relató cómo junto a su socio Leonardo Pinilla, negoció con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons para evitar que prosperara una investigación en su contra por el desfalco en las regalías de su departamento.
Del segundo proceso fue imputado el pasado 1 de mayo por tres delitos, en los que la Fiscalía revela que complotó con Ricaurte, Bustos, Malo y el magistrado auxiliar Camilo Ruiz para negociar absoluciones o aplazamientos.
No aceptó los cargos, porque este es un paso obligatorio para avanzar en su proceso de negociación, como lo reconoció él mismo ante el juez.
Por el lado de los políticos, sus declaraciones ante la Corte Suprema han servido para avanzar sustancialmente sobre las investigaciones de cuatro de ellos, dejando por entendido que aunque habló de 26, no significa que en todos los casos halla mérito para abrir una investigación.
Estos cuatro son los exsenadores Musa Besaile, quien está hoy preso tras admitir que pagó 2.000 millones de pesos a Moreno para engavetar una investigación en su contra por parapolítica -que estaba en manos de Malo-; Álvaro Ashton, con quien negoció un pago de 1.200 millones y Julio Manzur, estos dos últimos también por parapolítica.
El cuarto es Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, al que según Moreno, le logró engavetar dos casos que tenía con el fiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettín en 2010 por corrupción. Uno de ellos, un polémico contrato de 1.000 millones de pesos para distribuir textos escolares.
Salvo la primera condena de la Corte, que habla de Lyons, la colaboración de Moreno se reduce a lo que hizo como abogado, no como fiscal.
Aún se mantienen varias dudas sobre su paso por la Fiscalía, investigación de la que aún no se conocen mayores detalles.
La primera y más lógica duda fue cómo llegó a ese alto cargo. Si bien el actual fiscal Néstor Humberto Martínez sostuvo no saber de las actividades de Moreno antes de nombrarlo, su antecesor, Eduardo Montealegre, para el que Moreno también trabajó, aseguró que lo despidió tras conocer que estaba llevando casos por fuera del ente acusador que le podrían generar conflicto de intereses.
Además de esta advertencia ignorada, al revisar las actuaciones de Moreno como fiscal anticorrupción se encuentran distintas denuncias de lentitud en las investigaciones contra distintos políticos.
En los casos de desvío de recursos del gobernador y exgobernador del Cauca, Óscar Campo y Temístocles Ortega, se ha señalado a Moreno de enredar los procesos.
También sobre el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, la senadora Claudia López sostuvo que 21 procesos en su contra se vararon en el escritorio de Moreno.
Sin embargo, aunque él mismo ha dicho que su dossier pasaba más por la omisión que por la acción, como fiscal anticorrupción quedan las actuaciones sobre el desfalco de Llanopetrol, que tiene contra las cuerdas al exgobernador del Meta, Alan Jara, y el desfalco del PAE en La Guajira, que vincula a la exgobernadora Oneida Pinto.