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La posibilidad de que los militares implicados en casos de falsos positivos se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inquieta a Human Rights Watch y a 33 organizaciones de derechos humanos que firmaron hoy un comunicado rechazando esa opción.
Si bien eso no está contemplado en el Acuerdo de Paz, a las organizaciones les preocupa que ya el 28 de marzo pasado, el juzgado 9° Penal de Garantías de Bogotá se negara a realizar una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de 12 miembros del Ejército, incluido el coronel Gabriel de Jesús Amado Rincón, por los homicidios y desapariciones forzadas de dos jóvenes y un menor de edad que ocurrieron en 2008.
Entonces el juez argumentó que la JEP, un sistema de justicia creado como parte de las negociaciones de paz con las Farc, tendría competencia para conocer el caso.
Así las cosas, para Human Rights Watch y las demás organizaciones nacionales e internacionales que firmaron, aquella decisión sentó un “precedente preocupante”, y sugieren que las autoridades judiciales con competencia para revocar la decisión tengan en cuenta “el grave daño” que esta decisión les hará a las posibilidades de que rindan cuentas los responsables de graves violaciones de derechos humanos, aunque celebraron la sentencia dictada el 3 de abril en contra de 21 militares por otro de los casos de Soacha.