Indígenas piden al Gobierno garantías para los líderes sociales

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Colprensa | Publicado el 08 de julio de 2018

Las Autoridades Indígenas del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) que hacen parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, anunciaron que “no pueden callar ni ser indiferentes ante la ola de violencia” que se ha registrado en lo corrido de estos días contra los líderes sociales.

En ese sentido, consideraron los líderes de la organización que quienes tienen la responsabilidad de los múltiples crímenes es el actual gobierno.

“Una vez más culpamos al presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, por la Omisión frente a los asesinatos que están ocurriendo en los siguientes lugares del país colombiano”, dijo la entidad.

También señalaron que en lo que va de la implementación de los acuerdos de paz, se han registrado 59 asesinatos, 153 amenazas, 5.112 desplazamientos forzados, 8238 confinamientos, 9 torturas, 25 reclutamientos y 19 atentados, para un total de 13.615 violaciones de los derechos humanos.

Reveladas estas cifras, los miembros del organismo indicaron que, “queremos manifestar la preocupación de un exterminio progresivo a la clase social, minorías étnicas y campesinas, y Defensores de los Derechos Humanos, por parte de grupos armados que tienen la guerra como un negocio lucrativo para sus intereses personales y gremiales”.

Los miembros de la organización también rechazaron categóricamente, que el Gobierno Nacional no tome las medidas necesarias para evitar que crímenes como el de Luis Barrios en Barranquilla, Ana María Cortés en Cáceres (Antioquia) y Margarita Estupiñán en Nariño no sigan ocurriendo.

“Rechazamos que el gobierno haga caso omiso a la orden dada por la Honorable Corte Constitucional de atender a las comunidades que están en vía de desaparición física y cultural, con unos planes de salvaguarda y un programa de garantías para estas comunidades indígenas mediante el Auto 004 del 2009”, aseguraron.

En su comunicado también exigieron al Estado colombiano la atención inmediata a las familias de las víctimas, a la Fiscalía Nacional, investigar y castigar los responsables intelectuales y materiales de las víctimas mencionadas y a la Defensoría del Pueblo que emita un pronunciamiento internacional sobre la sistematicidad de las violaciones de Derechos.

Finalmente pidieron a la ciudadanía no ser indiferentes con todo lo que está pasando en el territorio nacional.

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