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El 50% de las víctimas de minas se encuentran en 25 municipios
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Las víctimas de las minas se concentran en una pequeña porción del país. FOTO Cortesía -
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El legado de dolor que dejó en el país la utilización de las minas antipersonal se centró en unos cuantos sitios específicos. Acorde al informe ‘La guerra escondida. Minas antipersonal (MAP) y remanentes explosivos en Colombia (REG)’, que presentará el Centro de Memoria Histórica el próximo 26 de abril, en 25 municipios se registran el 50 % de víctimas de estos artefactos.
Según el documento, en 491 municipios de los 1.122 que tiene el país se han presentado víctimas por minas y remanentes, lo cual implica que el 54 % del territorio no está contaminado, siendo aun así, el segundo país con más minas antipersonal después de Afganistán.
Lo que lleva a asegurar que hay una concentración de víctimas y sobrevivientes, y efectivamente así lo comprobaron los investigadores, pues el 50 % de estas personas afectadas están en solo 25 municipios del país, al menos entre el periodo de abril de 2016 a marzo del 2016. Por ello, el llamado es a concentrar las acciones en dichos municipios.
Entre los municipios se encuentra: Tame, Arauca, Vista Hermosa, Meta; Tarazá, Antioquia; San Andrés de Tumaco, Nariño; Ituango, Antioquia; La Montañita, Caquetá; San Vicente del Caguán, Caquetá; Uribe, Meta; Samaniego, Nariño; Anorí, Antioquia; Puerto Libertador, Córdoba; Arauquita, Arauca; Puerto Rico, Caquetá; Planadas, Tolima; y Tierralta, Córdoba, entre otros.
La investigación también señala que hay un indicador de obsolescencia, dado a que en territorios donde se registraban víctimas para el periodo de 1990 y 2001, ya no han registrado ninguna víctima.
“Aunque estos interrogantes solo podrán ser despejados si se produce una cooperación real de los encargados de su fabricación que conduzca a un mejor conocimiento de su accionar, el comportamiento indica que la obsolescencia de las MAP es mayor de lo que se esperaba para el caso de los artefactos instalados en el primer periodo”, afirma.
Algunas recomendaciones
“Es preocupante que en todas las zonas que visitamos donde se ha hecho desminado humanitario hubo denuncias de eventos por MAP o REG posteriores al proceso de despeje”, afirma el informe.
Además, deja consignado que se requieren cambios en la asistencia a víctimas porque hay falencias de la ruta de atención prehispitalaria, atención hospitalaria y rehabilitación, inclusión socioeconómica e indemnización administrativa, y un contraste entre la asistencia a las víctimas civiles y a las de la Fuerza Pública.
“La atención integral a víctimas necesita de entidades territoriales más fortalecidas para hacer frente a todas las etapas de la ruta, de profesionales más sensibles frente a la condición de las víctimas de MAP y REG, de una política pública que reconozca la afectación de los familia”, afirma el informe resaltando también que es necesario incluir en la atención el enfoque de género en la ruta de atención a víctimas.
Además, para los investigadores debe considerarse los datos socioeconómicos que señalan que el 70 % de las personas sobrevivientes corresponden al estrato 1 y el 71 % de ellos está afiliado al Sisbén.
“Estas condiciones, sumadas al hecho de que los casos de activación de MAP y REG se dan en un 98 por ciento en zonas rurales, explican por qué lograr una atención hospitalaria o una indemnización satisfactoria constituyen verdaderos retos para la población afectada. Ella no dispone ni de los recursos económicos ni de la movilidad que exige un proceso burocrático que sin excepción fue calificado por las víctimas como lento, insensible y, en muchos casos, revictimizante y hostil”, señala.
Pero el informe, que fue realizado con la compañía de la Fundación Prolongar, trata muchos más aspectos y señala que el anonimato es la probablemente la mayor fuente de impunidad y de autoinculpación.
“Se trata en este caso de una guerra sin rostro que tiene la particularidad de que su huella queda marcada para siempre en la corporalidad del sobreviviente”, dice.
Consecuencias para los territorios
En el informe también se habla de la afectación que estos territorios hacen en los territorios, sean las minas o los remanentes activados o no.
“Se constató una relación con la deserción escolar que se refleja en que, entre 2006 y 2014, por cada víctima de MAP hay en promedio 30,5 estudiantes menos al año siguiente en el municipio afectado. También se constató una correlación entre presencia de MAP y aprovechamiento productivo de la tierra: entre el año 2006 y 2013 cada atentado con MAP se asocia con la disminución de 22,8 hectáreas cultivadas al año siguiente en el municipio afectado”, dice el informe.
Y habría relación entre los atentados con MAP y el desplazamiento forzado, pues, “en el periodo comprendido entre 2006 y 2014, por cada evento registrado, se presentan 10,7 personas desplazadas más en el país”.
Otras relaciones visibles son las que se encuentran entre la ubicación de las minas y los cultivos de coca, y la gran afectación que se registra en contra de los erradicadores manuales esos cultivos.
“Se puede afirmar que existe una relación geográfica entre víctimas de MAP y cultivos de coca en las regiones de Catatumbo, bajo Cauca antioqueño, bajo Putumayo (San Miguel, Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Valle del Guamez), en la región del Nudo de Paramillo entre Antioquia y Córdoba, y en los municipios Vista Hermosa (Meta) y Tumaco (Nariño)”.
Para el caso de las erradicadores, incluso, se han llegado a fabricar minas para afectarlos directamente y son ellos además, quienes representan la cuarta parte de las víctimas civiles registradas en Colombia. Por ello, el llamado en este punto es para que incluyan a esta población en la educación de prevención de estos artefactos.
El subregistro
“Hacemos un llamado a que la Fuerza Pública reconozca su responsabilidad frente a los REG y refuerce las medidas encaminadas a disminuir este riesgo”, afirma el informe al explicar que hay un subregistro que encubre la dimensión de la activación de los remanentes explosivos.
Según cifras oficiales, menos del 5 por ciento de los accidentes registrados de 1990 a la actualidad son por la explosión de algún remanente explosivo de guerra, pero pueden ser más porque hay una dificultad para diferenciar si los casos se dan por minas o por remanentes, y además, dice, por, “la dificultad que constatamos para obtener el reconocimiento como víctima y entrar a la ruta de atención cuando una munición de la Fuerza Pública ha sido la causante del accidente”.
Lo que preocupa, resaltan, es que los remanentes afectan de manera particular a menores de edad que son cerca del 30 % de la población civil.
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