Jorge Pretelt radicó solicitud de medidas cautelares ante la Cidh

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COLPRENSA | Publicado el 08 de abril de 2015

El suspendido presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Pretelt, radicó este miércoles una solicitud de medidas cautelares en su favor, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Radiqué ante la CIDH solicitud de adopción de medidas cautelares para la protección de mis derechos, tal como lo anuncié”, indicó Pretelt en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, Pretelt hizo una serie de exigencias al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, pidiéndole rectificar la información sobre supuesto desplazamiento en la compra de predios en Urabá.

“Fiscal Montealegre. Rectifique. Ni mi familia ni yo adquirimos tierras desplazando personas. Quienes adquirieron los predios han reconocido que se vendieron voluntariamente y a un precio justo”, afirmó Pretelt.

La Fiscalía llamó a interrogatorio para el martes 14 de abril a Martha Ligia Patrón, esposa del magistrado y pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investigue al funcionario por la compra de estos predios en Urabá.

Se trata de las fincas La Corona y Alto Bonito sobre las cuales la Dirección Nacional de Justicia Transicional solicitó ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín la imposición de medidas cautelares porque, al parecer, estarían relacionadas con delitos de desplazamiento forzado perpetrados por paramilitares.

El ente investigador aseguró que Pretelt Chaljud y su esposa adquirieron esos predios en los años 2000 y 2003.

“La Fiscalía investigará si en esta compraventa en la que aparecen Pretelt Chaljud y Patrón López se cometieron también los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos”, explicó ese organismo en un comunicado.

De acuerdo con la Fiscalía, “por hechos similares que pueden estar relacionados” fue acusada hace un mes la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba. “La Fiscalía en este caso, considera que se cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad”, agregó la institución.

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