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La sentencia del Amazonas que cumplió un año y se quedó en nada
El ministro Ricardo Lozano señala que se hace necesario definir el plan financiero del plan de acción.
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Serranía de Chiribiquete en el Amazonas. FOTO AFP: GUILLERMO LEGARIA
16 de febrero de 2019
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El 5 de abril de 2018 – hace un año– la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Gobierno colombiano proteger la Amazonia. Esto se dio a través de una sentencia que tenía dos características particulares: una, que fue un hecho sin precedentes, y dos, se dio en respuesta a la tutela que 25 jóvenes y niños de todo el país instauraron con el apoyo de Dejusticia.
La Corte en dicha sentencia ordenó, entre otras cosas, formular “un plan de acción de corto, mediano y largo plazo que contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonia” y la construcción de un “pacto intergeneracional por la vida del Amazonas”, en el que se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases efecto invernadero.
Para ambas órdenes la Corte dio un plazo de cuatro y cinco meses, respectivamente, es decir, debían estar listas antes de septiembre de 2018. Pues bien, al día de hoy, no hay nada de eso: No está listo ni el plan de acción ni el pacto intergeneracional. No hay nada.
A esto se le suma, que en la actualidad no hay certeza sobre en qué lugar está el expediente. En la Corte Suprema de Justicia informaron que todos los escritos que llegaron sobre esa tutela se enviaron, en principio, a la Corte Constitucional. Como dicha Corte no revisó la tutela, todo debería estar en la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que es la primera instancia y debe vigilar el cumplimiento de la tutela. Sin embargo, hicimos la tarea y enviamos a un abogado a preguntar por el expediente al Tribunal y tampoco lo encontró. Ahora, si el trámite se revisa por internet –en la página de la Rama Judicial– tanto en la Corte como en el Tribunal no hay ningún registro de actuaciones desde diciembre de 2018.
Incumplimiento paso a paso
A manera de contexto, es importante recordar que un grupo de 25 muchachos interpuso una acción de tutela debido a que la deforestación en la Amazonia aumenta las emisiones de gases efecto invernadero, que son la principal causa del cambio climático.
De acuerdo con el informe de junio de 2018 del Ideam, en términos generales, durante 2017, Colombia perdió 219.973 hectáreas de árboles, lo cual representó un aumento de la deforestación del 23% en comparación con la cifras de 2016, cuando la tasa fue de 179.000 hectáreas.
En ese informe, que engloba todo el fenómeno durante 2017, se resaltó que el 65% del total de la deforestación del país estuvo concentrado en la Amazonia.
Gabriela Eslava, investigadora de Dejusticia, explica que la tutela, inicialmente, la presentaron ante el Tribunal de Bogotá que en primera instancia la negó. Entonces lo que hicieron fue apelar, como corresponde, ante el superior jerárquico, en este caso fue la Corte Suprema de Justicia en donde la aprobaron.
En consecuencia, inició un trabajo en equipo para ejecutar la sentencia. Pero la emoción inicial duró poco.
Eslava explicó que en abril del año pasado estuvieron en coordinación con el Ministerio de Ambiente hasta julio. Durante este tiempo hicieron varias reuniones con los funcionarios y se realizaran talleres en la Amazonia con el fin de recoger ideas y así darles cumplimiento a las órdenes del plan de acción y del pacto intergeneracional.
“Eso avanzó muy bien y, de hecho, fuimos a cinco talleres en diferentes partes de la Amazonia, durante todo julio y la primera semana de agosto. Es más, antes de que se fuera el presidente Juan Manuel Santos, el 6 de agosto, se firmó una directiva presidencial que vinculaba a otras entidades con el cumplimiento de la sentencia”, dijo Eslava
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Con el nuevo presidente, Iván Duque, y su nombrado ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, inició la espera.
“Estuvimos todo agosto y principios de septiembre buscando una cita con el ministro Lozano para decirle que, como accionantes, estamos preocupados por el tema y que no queremos que se diluya en el tiempo. El ministro nos recibió, realmente, fue muy amable, pero de ahí no quedó un plan claro, una ruta a seguir. Entonces, el semestre pasado realmente el Ministerio no nos buscó”.
La única reunión que tuvieron –relató Eslava– fue porque el ICBF, que no está en la sentencia y que no está en el cumplimiento– la convocó, ya que el Instituto en su rama de educación vio en el pacto intergeneracional por el Amazonas una oportunidad para hablarles a los jóvenes. Pero, desafortunadamente, dijo la investigadora, en esa reunión tampoco se concretó nada.
“Realmente el avance no lo hemos visto y tampoco en las ciudades a las que pertenecen los 25 accionantes. Lo que nos han dicho los funcionarios del Gobierno, de buena fe, es que están concentrados este semestre en el Plan Nacional de Desarrollo”, sostuvo.
Por último, la investigadora anotó que mantendrán la actitud de coordinación ya que “creemos que trabajando juntos es que se logrará que pase algo en la Amazonia. Sin embargo, la verdad, ha sido un poco duro porque desde el semestre pasado esto dejó de moverse. Sabemos que el Gobierno le pidió una prorroga a la Corte Suprema, la cual aún no tiene respuesta”, dijo.
¿Qué dice el Gobierno?
Ricardo Lozano, ministro de Ambiente, le explicó a EL COLOMBIANO que para el cumplimiento de las ordenes de la sentencia en referencia, a la fecha se han desarrollado varias acciones y hay otras por ejecutarse. Sin embargo, es de anotar que la declaración que le envió a este diario, coincidió en que los avances se dieron en el gobierno anterior.
Lozano mencionó la expedición de la directiva presidencia del 6 de agosto de 2018 “dirigida a dinamizar la implementación de acciones que contribuyan a la reducción de la deforestación y en la que se incluyó otras entidades, no mencionadas en la sentencia, que son de vital importancia para lograr el objetivo de reducción de la deforestación”.
Recordó también que, durante los meses de mayo y junio de 2018, se realizaron los análisis y socializaciones de la sentencia en las entidades, la preparación metodológica y logística de los talleres y la gestión de los recursos para su ejecución, “sin que a la fecha se pueda contar con todos los recursos requeridos”, dijo.
En julio y la primera semana de agosto de 2018 –manifestó el ministro– se realizaron todos los talleres y se consolidó con soporte en la Estrategia Integral de Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques, una primera versión del “Plan de Acción” que fue radicado el 17 de agosto de 2018 ante la Corte Suprema, así como insumos para la construcción del pacto intergeneracional.
“Nos encontramos en la fase de construcción del pacto, para lo cual se considera la realización de al menos 50 eventos locales a nivel veredal, simultáneos con nueve eventos departamentales y uno nacional”.
Para la posterior implementación se hace necesario definir la estrategia financiera para lo cual han identificado fuentes como Visión Amazonia, Corazón Amazonia, Amazonia Sostenible para la Paz, Fondo Biocarbono, Programa Ambientes para la Paz, entre otros.
Indicó que se hace necesario, para realizarle seguimiento al plan, la conformación de un comité, las coordinaciones con las regionales y la articulación de veedurías ciudadanas.
“Acabar con la deforestación en la Amazonia es un tema de Estado y de la sociedad civil, acompañado de un compromiso de la lucha contra la ilegalidad, no es un compromiso solo del Minambiente”, puntualizó Lozano .
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