viernes
7 y 9
7 y 9
Si hay algo a lo que le teman los guerrilleros de las Farc es a ser exterminados como lo fueron en su época la Unión Patriótica y los miembros del Epl, cuando conformaron el movimiento Esperanza, Paz y Libertad.
Desde el principio de los diálogos advirtieron que, al momento de volver a la vida civil, el Gobierno debería garantizarles la seguridad, la vida. Por eso en La Habana se negoció todo un apartado sobre las garantías de seguridad. Esto incluye la seguridad personal de los guerrilleros y sus familias y la lucha contra el crimen organizado y el paramilitarismo. Incluso fue contemplada la posibilidad de facilitarles el sometimiento a la justicia a todas esas estructuras ilegales.
Lea aquí: Gobierno y Farc firman nuevo acuerdo, queda en manos del Congreso para refrendación
Sin embargo, justo días antes de la firma del acuerdo, una nueva oleada de asesinatos contra líderes sociales vinculados a la izquierda, especialmente miembros de la Marcha Patriótica, cuestiona acerca de qué tan seguros están los guerrilleros de no ser exterminados cuando entreguen las armas.
Lea aquí: Ajuste final en acuerdo da tranquilidad a la Fuerza Pública
La experiencia del Epl
“Éramos enemigos de los paramilitares por nuestro pasado y de los guerrilleros por nuestro presente”, recuerda Mario Agudelo, director de Corpolibertad y quien fungió como secretario político Marxista Leninista (ML), en Urabá, cuyo brazo armado era el Epl. Así hace referencia a la persecución que vivieron de cuenta de los paramilitares, por haber sido guerrilleros, pero también de las Farc y de su propia disidencia, por traidores.
Solo ahora Agudelo y sus compañeros se atreven a hablar públicamente del genocidio al que fueron sometidos. Luego de 25 años de su desmovilización, ahora demandarán ante la justicia colombiana y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que el Estado responda por el exterminio de sus copartidarios.
Lea aquí: Congreso definirá futuro del nuevo Acuerdo Final
El Epl contó, según Agudelo, con garantías jurídicas como el indulto al que se acogieron la gran mayoría de los guerrilleros. Pero en las garantías de seguridad cometieron el error de pensar que los más vulnerables serían los altos mandos, por lo que hubo un despliegue importante de cuidados para los jefes. En realidad, las bases fueron las que sufrieron la persecución, los guerrilleros rasos desmovilizados y las organizaciones sociales que apoyaban su movimiento político.
“Contra nosotros hicieron 17 masacres, hubo muchos atentados contra los representantes de Esperanza, Paz y Libertad, nos quemaron siete vehículos y nos pusieron hasta un carro bomba en un hotel”, recuerda el exguerrillero.
El exterminio de la UP
De otro lado, el caso más recordado de persecución contra la izquierda fue el de la UP: a mediados de los ochenta, cuando las guerrillas en el país atravesaban por uno de sus momentos de mayor expansión, el gobierno de Belisario Betancur inició uno de los procesos más importantes de negociación política.
En 1984 logró firmar con las Farc el Acuerdo de La Uribe, de allí salió un movimiento político denominado la Unión Patriótica (UP), que en 1986 alcanzó una cifra récord de 256 concejales y 16 congresistas electos.
Pero en poco tiempo fueron exterminados por paramilitares, que tenían nexos con los carteles del narcotráfico. Fueron asesinados cerca de 4.000 integrantes de la UP, incluidos dos de sus candidatos presidenciales, Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo.
“Ellos no van a parar”
Mario Agudelo aclara que si el Estado no copa todos los espacios que dejarán las Farc, otros grupos armados llegarán a atacar a desmovilizados, sus familias y a su entorno, como pasó con el Epl y con la UP: “por lo que veo, el Estado no tiene un plan para copar. Aquí la culpa no la tiene el que se desmoviliza, sino el Estado que no llega”.
Y agregó que hay una gran diferencia entre el proceso de desmovilización del Epl y el de las Farc: en el primero hubo un consenso nacional; en el segundo, en cambio, el país está muy polarizado.
De acuerdo estuvo Carlos Lozano, vocero de Marcha Patriótica, quien afirma que “hay un grupo en el país que está interesado en sabotear el proceso de paz, todo esto en la antesala de la firma del acuerdo (el asesinato de seis líderes sociales de izquierda) va encaminado, seguramente, a socavar la posibilidad de que se diera la firma del acuerdo”.
Sin duda, continúa Lozano, ellos no pararán de ejecutar líderes sociales, es un peligro que está latente.
“Asombran al país el desalojo violento del Campamento por la Paz de la Plaza de Bolívar (en Bogotá), la indolencia del Gobierno frente al asesinato de dirigentes campesinos y activistas de la Marcha Patriótica. Mientras se felicita al Ejército por golpes al Eln, es nula la solidaridad hacia las familias de los activistas populares y guerrilleros de las Farc dados de baja”, dijo alias Timochenko ayer en su discurso.
De hecho, Lozano cuestiona por qué el presidente Santos no hizo ninguna mención al asesinato de líderes sociales durante el acto del Teatro Colón.
Mientras tanto, como medida de urgencia para proteger a los líderes en las zonas de mayor riesgo, el Ministerio del Interior aumentará la cobertura con fuerzas legítimas de seguridad del Estado: “este Gobierno está presto a evitar que las acciones de los grupos que quieren surgir al margen de la ley impidan el desarrollo de los acuerdos de paz con las Farc”, advierte Ivonne González, directora de DD.HH. del Ministerio.